Al finalizar esta semana la Universidad Popular del Cesar tendrá nuevo rector, a pesar de las denuncias por corrupción y la polémica nacional que envuelven al claustro universitario.

Tres hechos importante han pasado en lo corrido de esta semana. El primero fue la posesión de Farid Alberto Campo Baena, como nuevo representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, que se dio la tarde de este lunes.
“Gracias a Dios logramos posicionarnos y somos oficialmente el representante ante el Consejo Superior, lo hicimos como dice la norma, ante el Ministerio de Educación o en su defecto el encargado del Consejo Superior”, explicó Campo Baena, quien tomó el cargo que ganó en elecciones ante la delegada del Ministerio de Educación, Kelly Sterling.

El representante de los estudiantes de la UPC dijo además que solamente él tomo el cargo, puesto que “falta el representante de los gremios productivos, que también tiene su representación en el Consejo y estaremos esperando el proceso de los exrectores que tendrán una consulta entre ellos y eso arrojará el nombre del representante”.
Según el cronograma fijado por el Tribunal de Garantías Electorales del alma máter, para el viernes 26 de junio el rector de la universidad Jesualdo Hernández Mieles debe citar al Consejo Superior para escoger a quien lo remplazará en el cargo los próximos cuatro años.

Segundo punto

El segundo punto es la polémica suscitada entre la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, y a la senadora de Alianza Verde, Claudia López.

Luego de la visita a Valledupar para atender denuncias de posibles actos de corrupción en el desarrollo de la consulta estamentaria y en general de la designación del rector en la UPC, y tras sus declaraciones, la funcionaria recibió críticas por parte de la senadora del partido Alianza Verde, quien a través de su cuenta de Twitter cuestionó su presencia en el recinto universitario.
“En vez de garantías e imparcialidad, delegada de Mineducacion fue a hacer politiquería y campaña por corruptos en rectoría de la Upc”, escribió López en su cuenta oficial.

En respuesta, Natalia Ariza en su condición de delegada del Ministerio de Educación para tales efectos, escribió alrededor de 15 trinos defendiéndose de los señalamientos y explicando su visita a la UPC.
“@Clopezanalista el Mineducacion se respeta. Nuestra participación en Consejos Superiores de universidades públicas es un deber de la entidad, decirle ‘politiqueros’ a delegados del MEN es un irrespeto por su misión de velar por la educación superior con calidad”.

Ariza Ramírez sostiene que su llegada a la capital del Cesar fue para “exigirle al Consejo Superior Universitario pronunciamiento sobre hechos bochornosos registrados durante las consultas para designar nuevo rector”.
Luego del debate tuitero, el Ministerio de Educación optó por definir cuál será el protocolo que se deberá seguir para garantizar la transparencia en las elecciones de rectores de las universidades públicas del país. De las 32 instituciones de educación superior de orden territorial, pero con participación del Estado, faltan 19 por elección de rector.

Tercer punto: Llegada del Ministerio

El tercer punto de quiebre tiene que ver con la llegada de dos funcionarios del Ministerio de Educación a la Universidad Popular del Cesar.
EL PILÓN conoció que se realizó una indagación en las oficinas de la UPC, con el fin de esclarecer las denuncias por presuntos hechos de corrupción en el interior de la institución.
“Vinieron hacer unos seguimientos, pero en estos momentos no manejo esa información”, dijo Farid Alberto Campo, miembro del Consejo Superior.
El Gobierno Nacional indicó sobre el motivo de esta inspección que está basada en la Ley 1740 de 2014 y es de carácter preventivo, para evitar posibles actos que pongan en riesgo el derecho a la educación.
Las pesquisas son llevadas a cabo por una comisión técnica de la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, integrada por cuatro abogados, dos contadores, una especialista en gerencia pública y control fiscal y una experta en acreditación y registro calificado.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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