Infortunadamente las malas prácticas de la política no pasan de moda. Por el contrario, se fortalecen con cada contienda electoral. Justo cuando falta un poco más de ocho meses para que se realicen las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, se conocen las triquiñuelas que con anticipación preparan los ‘caciques’ políticos para tener bajo control al electorado.

Son las mismas noticias de hace cuatro años. La primera es la trashumancia electoral, que en el Cesar sigue ocurriendo. La Procuraduría General de la Nación ya alertó sobre los riesgos que tienen 33 municipios colombianos, tres de ellos cesarenses.

La Jagua de Ibirico, Becerril y Manaure ya registran una inflada inscripción de cédulas, en comparación con elecciones anteriores, y aunque su censo (Dane) sigue siendo el mismo, los votantes aumentan de manera descomunal.

El conocido trasteo de votos es un mal de nunca acabar, la venta del voto igual. Aquí la culpa no sólo es del político que compra a manos llenas el derecho ciudadano de elegir, sino el ciudadano que se deja comprar.

La ley debería ser más contundente con ambas partes. Hasta ahora no se conoce de castigos ejemplarizantes por estas prácticas, y desde ya se escuchan a las personas que votarán por el que ofrezca más. Así es muy difícil cambiar el rumbo de los territorios.

Se requieren unas instituciones más fuertes, más blindadas y sintonizadas, que tengan la capacidad de disminuir las ‘mañas’ políticas. El papel de la Misión de Observación Electoral –MOE- es muy importante y desde ya se debe iniciar la red de cooperación ciudadana que dé cuenta sobre irregularidades pre-electorales.

Deberían ser los mismos alcaldes quienes tomen la iniciativa para que en sus municipios se establezcan mecanismos más efectivos de denuncias, y no que las ong o las instituciones de control lleguen a hacer el monitoreo.

Hay que resaltar ejemplos de ciudadanos que ya han dado a conocer algunas irregularidades, como sucedió en el municipio de Pueblo Bello, donde alertaron sobre el trasteo de votos. Los denunciantes saben que otras personas que no viven en su población, terminan decidiendo por ellos, y por eso tuvieron el valor civil de denunciar. Así debe ocurrir donde haya triquiñuelas políticas. El poder ciudadano debe primar por encima de cualquier interés.