Durante este 2024, la puja jurídica alrededor del desalojo de las personas que viven en las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte 2, ubicadas en el predio conocido como Sabana 1 de Valledupar, ha estado en la palestra pública local y nacional por contemplar el desalojo de más de 20.000 personas. 

En el terreno de propiedad de la familia Pimienta, viven de manera ilegal miles de familias que edificaron sus viviendas y hasta locales comerciales, como tiendas y peluquerías artesanales con la esperanza de algún día ser propietarios del terreno donde viven.

Sin embargo, en julio del presente año, un oficio de la Inspección Séptima de La Nevada notificó a los habitantes de las cuatro invasiones que se estarían adelantando las diligencias para desalojarlos de sus viviendas el 30 de octubre. 

Lo anterior en cumplimiento de la Sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, desencadenando así una disputa jurídica y mediática entre los propietarios del predio, los habitantes de los asentamientos y los entes gubernamentales locales que les corresponde hacer el desalojo. 

El diario EL PILÓN siguió día a día este proceso, visitó los cuatro asentamientos humanos, asistió a las diferentes reuniones convocadas por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar que se realizaron para buscar una solución que no afectara a las más de 20.000 personas y no vulnerara los derechos de la familia Pimienta como propietarios del predio. 

Mandatarios arrestados 

Por el incumplimiento del fallo de más de 10 años, el pasado 9 de mayo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, previa a la apertura del trámite incidental de desacato, le solicitó al alcalde municipal, Ernesto Orozco, cumplir lo ordenado en la sentencia en un término de cinco días. 

Tras considerar insatisfactorias las respuestas, el 24 de mayo el Juzgado abrió el incidente de desacato. Exactamente un mes después, el 24 de junio, el Juzgado declaró en desacato a la “Alcaldía municipal de Valledupar”, y sancionó a Orozco en su condición de alcalde a 3 días de arresto y con una multa equivalente a 5 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, SMLMV, porque persistía el incumplimiento del fallo de tutela.

En respuesta, la Alcaldía solicitó la inaplicación de la sanción impuesta, argumentando que “las órdenes contenidas en el fallo de tutela eran complejas”. Pese a lo anterior, desde el 25 de julio en la tarde, Orozco empezó a pagar la sanción de tres días de arresto impuesta por el Juzgado.

“Yo soy respetuoso de las decisiones judiciales, y vamos a ponernos a disposición de las autoridades cuando nos notifiquen. La verdad es que esta sentencia es de hace 11 años y las condiciones han cambiado totalmente. Se puede hablar de un desplazamiento legal, pero podríamos hacer una masacre, donde hay más de 30.000 personas. No estamos en posición para poder llevar a cabo ese desalojo”, aseveró el alcalde municipal.

La “masacre” 

Sobre el desalojo de estos asentamientos, el alcalde municipal ha manifestado que realizarlo sería una “masacre” y que la administración municipal no cuenta con los recursos para desalojar a las más de 20.000 personas.

En ese sentido, en el mes de agosto del presente año, las autoridades locales se reunieron con la defensora del Pueblo, Iris Marín, para exponerle la problemática social y jurídica que atraviesa la ciudad de Valledupar con las invasiones.

Producto de esta reunión, Orozco informó que la defensora del pueblo estudiaría el caso y solicitaría a la Corte Constitucional una revisión de la sentencia para que sea posible la modulación de la misma. Lo anterior con la finalidad de que se actualice el fallo teniendo en cuenta el número de habitantes asentados, pero hasta la fecha no se tiene respuesta de dicha diligencia.

La campaña ‘antidesalojo’ 

Valledupar tiene un déficit habitacional del 42% , con más de 5.000 familias desplazadas víctimas del conflicto armado y ocho asentamientos subnormales priorizados para la legalización urbanística, que beneficiaría a 6.718 familias de bajos recursos que viven de forma ilegal.

Sin embargo, esta priorización aún no se ha llevado a cabo y las familias siguen a la espera de que el Acuerdo 017 del 30 de agosto de 2024, “por medio del cual se delega al alcalde del municipio de Valledupar la facultad para la legalización y regulación urbanística de los asentamientos humanos con condiciones precarias y de origen informal”, tenga trámite en el Concejo de Valledupar. 

Debido a que no hay un proyecto de acuerdo aprobado, un apoyo por parte del Gobierno Nacional para la legalización del predio Sabana 1 o una modulación del fallo de la Corte Constitucional, la administración municipal ha expresado por todos los canales de comunicación que el desalojo es “imposible” porque se necesitan 2.000 policías y hasta 800 soldados para realizarlo. 

Además de que no disponen de albergues o complejos habitacionales para las más de 20.000 personas que quedarán desalojadas. Por lo anterior, el mandatario local también se reunió en el mes de agosto con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, para evaluar estrategias legales que permitan la legalización del predio.

El juez 

La última diligencia fue la visita que realizó el pasado 13 de diciembre el juez Quinto Civil del Circuito de Valledupar, Roger Carrillo, en compañía de la Secretaría de Gobierno Municipal y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a las invasiones Brisas de La Popa, Los Guasimales, Bello Horizonte 2 y Altos de Pimienta. 

La inspección judicial se dio porque la administración municipal solicitó la modulación de la sentencia que ordena que sean desalojadas las más de 20.000 personas que viven en dicho predio. 

En ese sentido, el juez Roger Carrillo, quien está a cargo de la diligencia, recorrió los cuatro asentamientos con un mapa del predio en el que se verificaron los límites del terreno y las condiciones de cada una de las invasiones. Lo anterior con el fin de avanzar en los estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos necesarios para una eventual adquisición del predio Sabana 1.

La compra del predio 

De acuerdo con el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez, la administración municipal está en toda la disposición de hacer las diligencias pertinentes que permitan subsanar la problemática de las cuatro invasiones, y con ello proceder a las respectivas inversiones infraestructurales, en servicios básicos y domiciliarios y demás proyectos que necesite la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.

“Se solicitó ante el juez de tutela una modulación del fallo para que se involucren más entidades y se pueda lograr la compra del predio porque el 75 % de las personas que habitan en el terreno son de especial protección constitucional, y vulnerables a las que se les deben garantizar sus derechos”, manifestó Pérez. 

La sentencia heredada 

De acuerdo con registros, el predio Sabana 1 fue invadido ilegalmente en el año 2008 por un grupo de aproximadamente 800 familias, 1.600 niños y 1.400 adultos, quienes dividieron el terreno en cuatro sectores que son conocidos actualmente como Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta, y Bello Horizonte 2.

Por tal motivo, Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio, actualmente fallecido, instauró en noviembre de 2008 una querella con la cual buscaba el desalojo de los invasores que ocuparon su terreno, sin embargo, no fue posible. Posteriormente, familiares de Alberto Pimienta instauraron una acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar, el Departamento del Cesar y Acción Social. 

En respuesta, la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011 , mediante la Sentencia T-946, ordenó que dentro de los siguientes 20 días a la notificación se garantizara un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio denominado La Sabana 1.

Sin embargo, en los 13 años posteriores a la sentencia, ninguno de los exalcaldes que tuvo la ciudad cumplió la orden de la Corte Constitucional. 

Por Namieh Baute Barrios