El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien es abogado y fungió como magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su paso por Valledupar dialogó con EL PILÓN sobre los escenarios de riesgo por violencia en el departamento del Cesar relacionados con las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo en 17 días, por lo cual, se refirió a las alertas tempranas que han hecho en siete municipios del Cesar para mitigar la situación y contó  con cuáles entidades se ha articulado la Defensoría para lograr el objetivo.

¿En qué zonas del Cesar la Defensoría del Pueblo ha notado riesgos por violencia?

Como institución de derechos humanos hemos advertido en el departamento del Cesar, a través del Sistema de Alerta Temprana, el escenario de riesgo derivado del conflicto armado interno y otras violencias que están vigentes en los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Chimichagua, Curumaní, Tamalameque y Astrea.

¿Y en el caso de Valledupar?

A través de la Alerta Temprana 026 de 2021 el municipio de Valledupar aparece con riesgo alto por vulneración de derechos tanto en centros urbanos como rurales. 

¿Si tienen efectos esas alertas tempranas? 

La función de este mecanismo es generar recomendaciones de prevención a las distintas instituciones en sus ámbitos de competencias para poder mitigar riesgos que pueden presentarse en el territorio como homicidios, extorsiones, reclutamiento forzado o secuestro, restricción en la movilidad y otros fenómenos victimizantes que afecten el derecho a elegir y ser elegido. 

Vamos a continuar en el proceso de afianzar estas recomendaciones con la participación importante de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades para lograr mitigar los riesgos que puedan afectar a la población civil.

¿Existe el mismo riesgo en el resto del país? 

Por medio de la Alerta Temprana 04 de 2022  pudimos detectar, después de un trabajo de más de seis meses, que 264 municipios en Colombia se encuentran en riesgo alto y extremos por la incidencia de grupos armados ilegales en el contexto de las elecciones ordinarias y la nueva Cámara de Paz. 

Usted hizo parte del Comité de Garantías Electorales que convocó el Consejo Nacional Electoral en Valledupar, ¿qué rescata de esa sesión?

Esos son los escenarios propicios para que todas las instituciones como la Registraduría, Policía Nacional, el Ejército y demás, hagan sus balances; también para escuchar el desarrollo de los procesos electorales desde las voces de los candidatos y las organizaciones de víctimas del conflicto armado. 

Estamos unidas todas las instituciones colombianas porque somos fuertes y tenemos un enemigo en común: los grupos armados ilegales y todas las organizaciones criminales y no podemos permitir que empañen el sistema democrático, que es una de las mejores creaciones en comunidad.

¿Qué mecanismos debe seguir un candidato que está en riesgo de ser violentado?

Desde la Defensoría del Pueblo hemos estado implementando el Plan Operativo Electoral para buscar la protección del derecho a la participación ciudadana tanto de las organizaciones políticas como el resto de la ciudadanía por medio de las gestiones de más de 2.000 funcionarios que tiene la Defensoría a lo largo y ancho de la geografía colombiana, quienes asisten a todas las personas que presentan quejas.

POR ANDREA GUERRA / EL PILÓN.

@andreaguerraperiodista