La violencia sexual es un acto voluntario del ser humano, el cual se presenta en múltiples facetas dependiente de los contextos sociales en el cual lo analicemos. En estos días ha causado repudio y con toda lógica el atroz vejamen al que fue sometida la pequeña joven de la comunidad indígena Embera; siendo este hecho un aparente acto de violencia sexual en el marco del conflicto, pues ha sido perpetrado por varios actores armados pertenecientes al Batallón San Mateo, adscrito a la Brigada 8 del Ejército. 

Son muchos términos jurídicos que guardan un trasfondo y una historia evolutiva en el reconocimiento de esta conducta antijurídica tipificada en los códigos a nivel mundial, por ejemplo antes de los tratados de 1990 como La Haya, los de Ginebra, este tipo de conductas no eran catalogadas como crímenes en sí mismos; más bien se reconocía como una falta al honor de la familia, dignidad y buen nombre pero del hombre así la violencia fuese ejercida contra el cuerpo de una mujer, bajo esa premisa las mujeres eran objeto de un ataque vergonzante, puesto que se asumía eran propiedad de otros de quienes se deriva un deber de protección.

Guarda esto mucho que ver con la descripción del cuerpo como un conjunto de experiencias y vivencias, lleno de subjetividad pero también realidades materiales en los que se dibujan nuestras historias de vida, tristemente en Colombia todos los cuerpos no son valorados de igual forma que otros, puesto que llevan las marcas sociales de la raza, género, estratificación, edad, capacidad y estos factores son los que determinan los tratamientos diferenciales y a veces tan desproporcionados en la sociedad. Ahora bien, es posible que la respuesta la encontremos en la génesis de percepción colectiva de nuestros propios, reconocidos y aceptados principios sociales.

Válido y además plausible que posterior a 1990 con la firma del Estatuto de Roma que, además, no es nada extraño a nosotros, ni mucho menos inaplicable puesto que el capítulo de nuestro código penal se complementa a este tratado internacional, reconoce este tipo de violencia como un delito de lesa humanidad, siempre y cuando se cometan de manera sistemática y generalizada situación esta que permite visibilizar, reivindicar los derechos de la mujer y contribuir a la justicia pues no prescriben en el tiempo.

Ahora bien, ¿esta conducta encaja con estos elementos? Generalidad del caso podríamos decir que existe, ya que según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, existen registros de más de 22.000 casos y un registro de víctimas superior, o sea que el patrón de generalidad es proporcional al control territorial de actores armados principalmente en las zonas rurales del país; la sistematicidad se vincula con patrones organizados y políticas concertadas para ejercer este tipo de actos.  

Sin defender posturas solo mencionaremos lo que manifiesta el expresidente de la República Ernesto Samper al referir: “hay soldados entrenados institucionalmente para cometer actos de violación”. Esto no es prueba de que el el hecho sea sistemático , pues es tan solo un Twitter, aunque no de cualquier persona, sino de un ex jefe de las Fuerzas Militares, además de ello podríamos mencionar que actualmente existe un número alarmante por más de 110 procesos abiertos por violencia sexual al interior del Ejército de Colombia, causa esta que permite inferir sistematicidad por cualquier justificación a la hora de la comisión de estos actos de violencia, los cuales han marcado por años los cuerpos de mujeres principalmente como mecanismo de dominación y control para ejercer la guerra más no para causar placer sexual en victimarios.