En el capítulo ‘Insurgencias’ del Informe Final, la Comisión de la Verdad expone sus investigaciones sobre las disputas por el poder político regional entre grupos guerrilleros como las FARC-EP y el ELN durante el conflicto armado y social colombiano.
La historia de Colombia ha dado cuenta de que la política ha sido uno de los escenarios que ha generado múltiples enfrentamientos, no solo de tipo ideológico, sino también armado.
Sobre esto, la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha traído a colación las intenciones de los grupos armados de incidir en los procesos electorales.
“Bien fuera afectando su desarrollo o estableciendo un control sobre los actores políticos locales”, señala la entidad en su Informe Final ‘Hay futuro si hay verdad’.
En este documento se hace referencia a las estrategias que utilizaban los insurgentes para lograr intimidar a la población, candidatos y dirigentes por medio de las armas.
Algunas de las tácticas “era declarar objetivo militar a funcionarios o políticos de las campañas electorales, perpetrar asesinatos selectivos, secuestros y masacres”, según la Comisión.
Otras acciones violentas “eran los desplazamientos para impedir votaciones, violaciones a la libertad de prensa y las afectaciones colaterales producidas por las confrontaciones armadas entre grupos ilegales o contra la fuerza pública”, se lee en la investigación.
En el caso de las extintas FARC, se desarrolló un patrón que tenía que ver con atacar a familias y líderes políticos.
Pero también hubo casos de constreñimiento a los electores para beneficiar a aspirantes a concejos, alcaldías e incluso a la presidencia, anota el órgano de paz.
“Las dinámicas de relación con el poder y las autoridades locales cambiaron por parte de las FARC-EP desde finales de los ochenta cuando pasaron de pretender proyectarse políticamente a través del Partido Comunista y la propuesta política de la Unión Patriótica, a ejercer control y vigilancia sobre las autoridades”, relata el Informe.
“Las FARC éramos una guerrilla muy institucionalista, donde llegábamos lo primero que hacíamos era constituir una junta de acción comunal, porque ¿cómo se hacía el camino?, ¿cómo se hacía la escuela?, ¿cómo se construía el centro de salud?, ¿cómo se construían después las carreteras?” le dijo uno de los farianos a la Comisión.
De hecho, en entrevista con EL PILÓN, Abelardo Caicedo, conocido en la guerra como ‘Solís Almeida’, aseguró que desde “la resistencia se abrieron caminos”.
Y agregó: “En el sur del país, donde más tuvimos incidencia, se abrieron más de 3.500 kilómetros de carreteras para comunicar unos municipios con otros”.
El órgano transicional de paz asegura que la pretensión del ELN “era mantener una posición abstencionista y antisistema de no participar de ninguna manera en las elecciones”.
La razón de esa posición habría sido la consideración de que el sistema político era “ilegítimo”. Sin embargo, entre 1978 y 1990 la Comisión recopiló otras tendencias.
“Los intentos de fiscalización de la vida política por parte del ELN, la extracción de recursos y su actuación armada llevaron a un quiebre de las relaciones entre las redes políticas locales y los comandantes guerrilleros”, afirma.
De acuerdo con los datos recopilados, esto sucedió en áreas del país como Sucre, Cauca y también en el departamento del Cesar, uno de los más afectados por la violencia.
En el capítulo ‘Insurgencias’ del Informe Final, la Comisión de la Verdad expone sus investigaciones sobre las disputas por el poder político regional entre grupos guerrilleros como las FARC-EP y el ELN durante el conflicto armado y social colombiano.
La historia de Colombia ha dado cuenta de que la política ha sido uno de los escenarios que ha generado múltiples enfrentamientos, no solo de tipo ideológico, sino también armado.
Sobre esto, la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha traído a colación las intenciones de los grupos armados de incidir en los procesos electorales.
“Bien fuera afectando su desarrollo o estableciendo un control sobre los actores políticos locales”, señala la entidad en su Informe Final ‘Hay futuro si hay verdad’.
En este documento se hace referencia a las estrategias que utilizaban los insurgentes para lograr intimidar a la población, candidatos y dirigentes por medio de las armas.
Algunas de las tácticas “era declarar objetivo militar a funcionarios o políticos de las campañas electorales, perpetrar asesinatos selectivos, secuestros y masacres”, según la Comisión.
Otras acciones violentas “eran los desplazamientos para impedir votaciones, violaciones a la libertad de prensa y las afectaciones colaterales producidas por las confrontaciones armadas entre grupos ilegales o contra la fuerza pública”, se lee en la investigación.
En el caso de las extintas FARC, se desarrolló un patrón que tenía que ver con atacar a familias y líderes políticos.
Pero también hubo casos de constreñimiento a los electores para beneficiar a aspirantes a concejos, alcaldías e incluso a la presidencia, anota el órgano de paz.
“Las dinámicas de relación con el poder y las autoridades locales cambiaron por parte de las FARC-EP desde finales de los ochenta cuando pasaron de pretender proyectarse políticamente a través del Partido Comunista y la propuesta política de la Unión Patriótica, a ejercer control y vigilancia sobre las autoridades”, relata el Informe.
“Las FARC éramos una guerrilla muy institucionalista, donde llegábamos lo primero que hacíamos era constituir una junta de acción comunal, porque ¿cómo se hacía el camino?, ¿cómo se hacía la escuela?, ¿cómo se construía el centro de salud?, ¿cómo se construían después las carreteras?” le dijo uno de los farianos a la Comisión.
De hecho, en entrevista con EL PILÓN, Abelardo Caicedo, conocido en la guerra como ‘Solís Almeida’, aseguró que desde “la resistencia se abrieron caminos”.
Y agregó: “En el sur del país, donde más tuvimos incidencia, se abrieron más de 3.500 kilómetros de carreteras para comunicar unos municipios con otros”.
El órgano transicional de paz asegura que la pretensión del ELN “era mantener una posición abstencionista y antisistema de no participar de ninguna manera en las elecciones”.
La razón de esa posición habría sido la consideración de que el sistema político era “ilegítimo”. Sin embargo, entre 1978 y 1990 la Comisión recopiló otras tendencias.
“Los intentos de fiscalización de la vida política por parte del ELN, la extracción de recursos y su actuación armada llevaron a un quiebre de las relaciones entre las redes políticas locales y los comandantes guerrilleros”, afirma.
De acuerdo con los datos recopilados, esto sucedió en áreas del país como Sucre, Cauca y también en el departamento del Cesar, uno de los más afectados por la violencia.