Por: Amylkar D. Acosta El gobierno entrante tendrá muy poco márgen de maniobra; basta con señalar que sólo el giro de tres cheques por concepto del Sistema General de Participación, las mesadas pensionales y los intereses de la deuda le significarán para el 2010 el 13.1% del PIB mientras que los impuestos que se esperan […]
Por: Amylkar D. Acosta
El gobierno entrante tendrá muy poco márgen de maniobra; basta con señalar que sólo el giro de tres cheques por concepto del Sistema General de Participación, las mesadas pensionales y los intereses de la deuda le significarán para el 2010 el 13.1% del PIB mientras que los impuestos que se esperan recaudar apenas sí llegarán al 13.4% del PIB. El desfase entre los ingresos corrientes y el gasto público es creciente, superando los 6 puntos del PIB y no es para menos dado que mientras los ingresos crecieron a un ritmo del 2.8%, los gastos en cambio lo hicieron al ritmo del 13.6%. Y los enormes compromisos adquiridos por la actual administración a través del desmesurado comprometimiento de las vigencias futuras, las cuales superan los $26 billones, terminan de maniatar al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Consciente de ello, el Presidente Uribe se puso la benda antes de la herida advirtiéndole a su sucesor que le va “a dejar deudas que son compromiso del alma con mis compatriotas”
Como lo afirma el ex director del DNP Armando Montenegro, “una vez un proyecto es bautizado como “estratégico”, por arte de magia, el gobierno puede a través de vigencias futuras gastarse a chorros la plata de sus sucesores”. De este modo, “el próximo gobierno quedará en el peor de los mundos: se quedará sin plata, no podrá inaugurar obras y lo peor, tendrá que renegociar y reestructurar esos proyectos aprobados por el CONPES… sin ningún filtro técnico independiente de la voluntad alegre” del ministro de turno. De hecho, entre 2008 y 2009, al abrigo de la nueva Ley 1150 de contratación administrativa, el CONPES ha aprobado renegociaciones para un total de 34 contratos. La razón no ha sido otra distinta que, como lo afirma Francisco Azuero, “los documentos CONPES correspondientes no presentan de manera suficiente la justificación y condiciones de dichas negociaciones”. Esta es una fuente permanente de gastos contingentes del gobierno y constituye un monumentos a la incuria, la improvidencia la improvisación oficial. Esto es una barbaridad!
Así las cosas, se impone la necesidad de un pronto ajuste fiscal y sobre ello hay un relativo consenso; en lo que hay enormes diferencias es cómo abordarlo. Y a este propósito no hay si no tres caminos: recorte del gasto, mayor endeudamiento público, mayor recaudo de impuestos o una combinación de los tres. Ahora bien, el recorte del gasto está limitado por las inflexibilidades del mismo ahora más acentuadas merced a las vigencias futuras, amén del freno al crecimiento del PIB como efecto colateral. En cuanto a la deuda pública, cabe resaltar que está se incrementó en más de $40 billones (8 puntos porcentuales del PIB!) entre 2007 y 2009. Por ello nos atrevemos a decir que el mayor endeudamiento tiene el inconveniente de que, como ya lo advertimos, con un coeficiente del 38.1% del PIB de endeudamiento público, la nación está en límite de su capacidad de endeudamiento, umbral este (del 40% del PIB) que de traspasarse pondría en grave riesgo la sostenibilidad de su deuda pública y la estabilidad económica. A ello se añade la circunstancia de que a pesar de sus denonados esfuerzos para lograrlo, una de las grandes frustaciones de este gobierno fue el no haber obtenido la calificación inversionista de su deuda, como si lo lograron Chile, Perú, Brasil y hasta Panamá, lo cual encarece su deuda y de paso constituye una pésima señal para los inversionistas externos.
Pero, si aceptáramos en gracia de discusión que el próximo gobierno recurra a un mayor endeudamiento, este, si es externo, contribuiría a una mayor apreciación del peso frente al dólar con todas sus consecuencias indeseables por la presión adicional que se ejercería sobre el tipo de cambio y si apela al endeudamiento interno la presión sería sobre las tasas de interés en grave detrimento de la inversión y el consumo privados. Ambos, tanta la revaluación como las alzas en las tasas de interés son nocivas. Por descarte, la única opción que va quedando, no por ser la mejor sino la menos mala, es la de aumentar el recaudo de impuestos; en ello hay consenso, la diferencia entre unos y otros estriba en cuál es la fórmula para lograrlo
Por: Amylkar D. Acosta El gobierno entrante tendrá muy poco márgen de maniobra; basta con señalar que sólo el giro de tres cheques por concepto del Sistema General de Participación, las mesadas pensionales y los intereses de la deuda le significarán para el 2010 el 13.1% del PIB mientras que los impuestos que se esperan […]
Por: Amylkar D. Acosta
El gobierno entrante tendrá muy poco márgen de maniobra; basta con señalar que sólo el giro de tres cheques por concepto del Sistema General de Participación, las mesadas pensionales y los intereses de la deuda le significarán para el 2010 el 13.1% del PIB mientras que los impuestos que se esperan recaudar apenas sí llegarán al 13.4% del PIB. El desfase entre los ingresos corrientes y el gasto público es creciente, superando los 6 puntos del PIB y no es para menos dado que mientras los ingresos crecieron a un ritmo del 2.8%, los gastos en cambio lo hicieron al ritmo del 13.6%. Y los enormes compromisos adquiridos por la actual administración a través del desmesurado comprometimiento de las vigencias futuras, las cuales superan los $26 billones, terminan de maniatar al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Consciente de ello, el Presidente Uribe se puso la benda antes de la herida advirtiéndole a su sucesor que le va “a dejar deudas que son compromiso del alma con mis compatriotas”
Como lo afirma el ex director del DNP Armando Montenegro, “una vez un proyecto es bautizado como “estratégico”, por arte de magia, el gobierno puede a través de vigencias futuras gastarse a chorros la plata de sus sucesores”. De este modo, “el próximo gobierno quedará en el peor de los mundos: se quedará sin plata, no podrá inaugurar obras y lo peor, tendrá que renegociar y reestructurar esos proyectos aprobados por el CONPES… sin ningún filtro técnico independiente de la voluntad alegre” del ministro de turno. De hecho, entre 2008 y 2009, al abrigo de la nueva Ley 1150 de contratación administrativa, el CONPES ha aprobado renegociaciones para un total de 34 contratos. La razón no ha sido otra distinta que, como lo afirma Francisco Azuero, “los documentos CONPES correspondientes no presentan de manera suficiente la justificación y condiciones de dichas negociaciones”. Esta es una fuente permanente de gastos contingentes del gobierno y constituye un monumentos a la incuria, la improvidencia la improvisación oficial. Esto es una barbaridad!
Así las cosas, se impone la necesidad de un pronto ajuste fiscal y sobre ello hay un relativo consenso; en lo que hay enormes diferencias es cómo abordarlo. Y a este propósito no hay si no tres caminos: recorte del gasto, mayor endeudamiento público, mayor recaudo de impuestos o una combinación de los tres. Ahora bien, el recorte del gasto está limitado por las inflexibilidades del mismo ahora más acentuadas merced a las vigencias futuras, amén del freno al crecimiento del PIB como efecto colateral. En cuanto a la deuda pública, cabe resaltar que está se incrementó en más de $40 billones (8 puntos porcentuales del PIB!) entre 2007 y 2009. Por ello nos atrevemos a decir que el mayor endeudamiento tiene el inconveniente de que, como ya lo advertimos, con un coeficiente del 38.1% del PIB de endeudamiento público, la nación está en límite de su capacidad de endeudamiento, umbral este (del 40% del PIB) que de traspasarse pondría en grave riesgo la sostenibilidad de su deuda pública y la estabilidad económica. A ello se añade la circunstancia de que a pesar de sus denonados esfuerzos para lograrlo, una de las grandes frustaciones de este gobierno fue el no haber obtenido la calificación inversionista de su deuda, como si lo lograron Chile, Perú, Brasil y hasta Panamá, lo cual encarece su deuda y de paso constituye una pésima señal para los inversionistas externos.
Pero, si aceptáramos en gracia de discusión que el próximo gobierno recurra a un mayor endeudamiento, este, si es externo, contribuiría a una mayor apreciación del peso frente al dólar con todas sus consecuencias indeseables por la presión adicional que se ejercería sobre el tipo de cambio y si apela al endeudamiento interno la presión sería sobre las tasas de interés en grave detrimento de la inversión y el consumo privados. Ambos, tanta la revaluación como las alzas en las tasas de interés son nocivas. Por descarte, la única opción que va quedando, no por ser la mejor sino la menos mala, es la de aumentar el recaudo de impuestos; en ello hay consenso, la diferencia entre unos y otros estriba en cuál es la fórmula para lograrlo