La historia es la misma, resuelven hacer una inversión pública en instalaciones que si fuesen un buen negocio las haría la empresa privada. Está bien apoyar los proyectos productivos de las comunidades pero si no corresponden a una necesidad clara, y no se diseñan y hacen adecuadamente, quedan en el olvido. Unos elefantes blancos más . 

“Cuando se puso la primera piedra en la obra de la despulpadora de frutas y verduras ubicada en el corregimiento de La Mina, sur de Valledupar,  todo pintaba color de rosa entendiendo que sería un proyecto que generaría más de 1.000 empleos  y sería un gran apoyo en la economía de la comunidad kankuama.  El tiempo pasó y lo que parecía una obra productiva se ha convertido en un elefante blanco por cuenta del abandono”. 

El municipio dice que esa procesadora ha completado su infraestructura y batería de baños pero que su puesta en funcionamiento  depende de esa etnia de la Sierra. Efectivamente, en una respuesta a un derecho de petición ante la entidad se manifiesta que no se ha dado continuidad al proyecto ya que “el compromiso que tuvo la administración con el pueblo kankuamo consistía solamente en la construcción de la infraestructura física de la Planta de procesamiento de frutas y verduras, y una vez ejecutado se le hizo acta de entrega al cabildo kankuamo de dicha planta de procesamiento”.

Hemos conocido que las gestiones de la comunidad se han adelantado ante la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y no ha habido soluciones. No se cuenta, en el corregimiento de La Mina,  con el cuarto de refrigeración y almacenamiento, y otra maquinaria y equipos conducentes. Pero si es una región de emprendedores agrícolas y hay una clara necesidad, nos preguntamos: ¿por qué no ha entrado en servicio? ¿Era necesaria la inversión de los recursos del municipio? 

“Todo se remonta al año 2005, en la administración (departamental) de José Luis González Crespo, cuando se firma el convenio interadministrativo No. 128, entre la Federación de Municipios y la Gobernación de La Guajira, por valor estimado de 400 millones de pesos para la construcción y puesta en funcionamiento de una planta despulpadora de frutas en Villanueva, donde la Federación colocaba el lote que adquirió al señor Peregrino Angarita y el costo del convenio era para la compra de los equipos e instalaciones de cuartos fríos para poner en funcionamiento dicha planta”, escribió Hernán Baquero Bracho en el Diario del Norte hace 4 días, en su columna ‘¿Quién responde por la despulpadora de frutas de Villanueva?’.

“El exsecretario de Desarrollo Económico del Departamento, Rodrigo Elías Daza Vega, quiso ponerla en funcionamiento en el año 2012 y rescatarla de la inactividad y con el operador Asufrucol, quien era el encargado de desarrollar el proyecto de hortifruticultura, evaluaron las instalaciones y equipos de la despulpadora de frutas en mención, encontrando que era viable para ponerla en funcionamiento y repotenciarla para lograr el fin comedido. Pero todo quedó en buenas intenciones (…) al vigilante se le adeudaban para la época cinco años de salarios más prestaciones sociales”.