El presidente Gustavo Petro expidió, mediante el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2025. Ello ante la negativa de las comisiones económicas del Congreso de la República a aprobar el monto del mismo propuesto por el Gobierno Nacional, por valor de $523.7 billones, dentro del plazo límite establecido por la Ley que se venció el 15 de septiembre. Al no aprobarse dicho monto, como era de esperarse, tampoco se avanzó en la aprobación del proyecto de presupuesto y en consecuencia quedó habilitado el presidente Gustavo Petro para expedirlo, como en efecto lo acaba de hacer mediante el  Decreto 1523 del 18 de diciembre. Este procedimiento es el que se conoce como la dictadura fiscal. 

La discrepancia mayor entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República ha girado en torno al desfinanciamiento por valor de $12 billones del Presupuesto para la vigencia de 2025, de modo que si el Congreso aprobaba el monto propuesto por el Gobierno se obligaba a aprobar también el proyecto de ley de financiamiento por dicho valor radicado por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. 

Como es bien sabido, las comisiones económicas hundieron dicho proyecto, pero como el ejecutivo estaba obligado a aforar el Presupuesto decretado por el mismo valor inicial, de ello se sigue que arrancando el año entrante tendrá que recortar o aplazar gastos por valor de $12 billones, para que las cuentas cuadren, por no tener respaldo en los ingresos. 

Tanto el Comité Independiente de la Regla Fiscal (CIRF) como Fedesarrollo coinciden en que el recorte presupuestal en 2024 y el que se prevé por parte del Gobierno para el año entrante son insuficientes para cumplir con la Regla fiscal. A su juicio “los ajustes para que los montos cuadren” deberán ser mayores, hasta alcanzar la cifra de $511 billones. En concepto del economista jefe de investigaciones de Corficolombiana, Julio Romero, “si no se hace el recorte de aproximadamente $35 billones, el déficit fiscal de 2025 sería de 6,5 % del PIB, superior al 4,9 % permitido por la regla fiscal. Porque los ingresos fiscales que estimamos para 2025 son menores”.

Romero sostiene que para Corficolombiana, “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, sino también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, que no son acordes a la realidad fiscal y económica”. 

El desencuentro del Congreso de la República con el presidente de la República a raíz de la no aprobación del proyecto de ley de financiamiento, llevó a este último a romper relaciones con las comisiones económicas del Congreso, en donde la derrota del Gobierno fue apabullante. La reacción del Presidente Petro fue desproporcionada, “no tienen nada más que hablar con nosotros y nosotros nada que esperar de ellos” espetó. Este divorcio entre el ejecutivo y el legislativo en nada contribuirá a hacer más llevadera la crisis fiscal que se avizora.

Amylkar D. Acosta M