Desde la adopción del primer POT de Valledupar en diciembre de 1999, me he caracterizado por ser crítico ante las erróneas disposiciones normativas aprobadas, cuyos efectos nocivos para la comunidad no se han hecho esperar; dos modificaciones excepcionales y una revisión general no han podido determinar el modelo y la visión de ciudad que nuestras gentes quieren para el desarrollo económico y social de este municipio, pues los cambios de estos planes han dado al traste por el escaso conocimiento de sus alcaldes, sus asesores y de la mayoría de los concejales que participan en estos procesos de composición del ordenamiento por dejar siempre la potestad del cambio en los consultores elegidos sin que la comunidad tenga como objetar tales imposiciones.

Ha sido así; siempre se anteponen raros intereses que acaban golpeando la economía de la región y perjudicando enormemente a la comunidad; porque si yo supiera que estas medidas se iban a tomar dejaría que las cosas siguieran como estaban y nunca más propondría modificaciones a estos planes pero ante los resultados negativos ampliamente demostrados en la anterior revisión no me queda otra alternativa que seguir proponiendo los cambios que esta colectividad necesita.

Da grima que aprovechen estas instancias de ordenamiento para imponer más tributos de los 14 que la construcción de una vivienda soporta en la actualidad. No se discute la potestad del Concejo en crear impuestos o ampliar el hecho generador de los impuestos, pero eso de crear obligaciones tributarias bajo el mismo propósito de impuestos ya existente como el de delineación urbana que no es otra cosa que pagar por construir edificios o reformar los mismos o el de la plusvalía que cobra por mayor densidad edificatoria, es un hecho que merece ser investigado para que se determine su legalidad. El ejemplo lo tenemos en la actualidad con las obligaciones urbanísticas que se presentan en el sector del parque recreacional La Pedregosa, clasificado como tratamiento de regularización y que no obstante no tenga servicios públicos instalados para su acometida inmediata, fueron afectados con cuatro impuestos a cambio de la diligencia de sustracción de la reserva forestal que hizo el POT.

Ante estas medidas que atrasan el progreso de este municipio alguien tiene que reaccionar para que desaparezcan estas obligaciones o por lo menos se proporcionen de tal manera que los contribuyentes sientan que su esfuerzo está bien correspondido. Se necesita crear nuevas opciones para que los empresarios y el ciudadano formal y legal obtengan beneficios tributarios, acuerdos que faciliten el pago, compensaciones claras y posibles, derogación de normas que atentan contra la propiedad privada y contra el equilibrio económico de las empresas que invierten en la industria de construcciones de inmuebles. En Valledupar sucede exactamente lo contrario, aparecen nuevas obligaciones totalmente desproporcionadas con la economía del momento, el empresario formal y el ciudadano legal se sienten desestimulados ante tanta carga, y el infractor, el que viola las reglas sigue campante sin ningún temor a unas instituciones desgastadas, sin propósitos, que han perdido su razón de ser.