Por: Claudia Núñez Padilla *

Vuelve y juega, cada vez que se acerca una contienda electoral, salen a relucir como caballito de batalla, el tema de las Concesiones, y todos los candidatos, sin excepción, se rasgan las vestiduras y despotrican de las mismas y anuncian a voz en cuello con la mayor irresponsabilidad, que cuando sean alcaldes su primer acto de gobierno será desmontarlas porque son lesivas a los interes del Municipio. Sin embargo, ya una vez electos y posesionados el discurso es otro.
Tal apreciación vaga y superflúa es precísamente la que ha impedido que a las Concesiones se les haga el debate y el análisis de fondo, no es satanizarlas porque sí ó porque genera votos hacerlos, sino que hay que examinar – objetivamente- cuáles son los beneficios que le han aportado al desarrollo de la ciudad y si en caso de que no existieran, si tendríamos la capacidad operativa, administrativa y financiera para poder asumir el manejo del servicio concesionado.
Para una ilustracíón necesaria a nuestros lectores, debemos consignar que los Contratos de Concesión de acuerdo a lo contemplado en el númeral 4º del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993 ó Estatuto de la Contratación Estatal: “Son los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración”.
Es decir las concesiones, son un mecanismo por el cual el Estado cumple sus fines sociales, no obstante,  es más que notorio que se han desfigurado y se han convertido en un fortín para el enriquecimiento de unos pocos, en detrimento de los recursos públicos, lamentablemente en muchos casos, con la anuencia ó la omisión  por parte de la autoridad competente.
En la actualidad, en la ciudad, operan las Concesiones de Tránsito, Alumbrado Público y Amoblamiento Urbano, de las cuales los ciudadanos en un gran porcentaje tienen una pésima percepción, la cual no es gratuita, si tenemos en cuenta, que el transito en Valledupar es un caos, no hay quien lo regule, falta señalización, los semáforos permanecen dañados por espacio de meses,  avenidas importantes como el tramo entre la Glorieta La Ceiba y la de los Gallos en el barrio las Delicias,  y otros barrios, especialmente subnormales y parques, permanecen en penumbras, siendo aprovechadas por los delincuentes para hacer sus fechorías, y ni que decir del estado lamentable del equipamento urbano de Valledupar, la desprotección e irrespeto al Espacio Público, la falta de mantenimiento de los parques y las eternas ejecuciones de las obras, son sólo una muestra de cómo vienen funcionando, ante una aparente ineficacia en la interventoría y vigilancia por parte  de la administración municipal. Es por ello que el gran debate que hay que hacerles, desprovisto de todo tinte politiquero, es que,  de manera frontal le expliquen a la comunidad dónde y cómo es que se están invirtiendo nuestros recursos, cuáles son los beneficios tangibles que le están aportando a la ciudad, cuáles han sido los indicadores de su gestión y el impacto económico y social que le están generando a las finanzas del Municipio y en la calidad de vida de sus habitantes, cuáles han sido los controles que se le han realizado por sus actuaciones o peor aún, por sus omisiones.  En consecuencia, y sólo como resultado de este análisis ponderado y con fundamentos no electoreros ni oportunistas, sino jurídicos, técnicos y financieros, se debe tomar la decisión unilateral del desmonte de las concesiones ó en su defecto las decisiones atinentes a hacerlas más efectivas para que cumplan con su esencia y no sigan convirtiéndose en la panacea para llenar unos cuantos bolsillos.
CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA. Abogada – Especialista en Derecho Urbano
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