Anoche durmieron en la Cárcel Judicial de Valledupar 998 reclusos, 86 mujeres incluidas. Es el reflejo del hacinamiento que ya hace parte del paisaje. Este tema sale por temporadas y se oculta, como están ocultos los problemas estructurales y humanitarios por los que pasan las cárceles del país.

Este y otros temas queremos que lea en nuestras páginas el brigadier general Norberto Mojica, director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a su paso por Valledupar. Sabemos que estará por estas tierras visitando la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa. Si tenemos oportunidad, queremos construir un diálogo directo con el general Mojica para que los vallenatos se sientan representados y atendidos por el Inpec.
Reconocemos en ese instituto grandes esfuerzos y dificultades para atender a una población creciente de detenidos, sindicados, procesados, condenados por los delitos que se cometen en Colombia. Muchísimos.

Queremos saber en qué van los resultados de capacidad de resocialización de los internos, que debe ser la punta de lanza del programa carcelario. Valledupar puede dar fe de que la resocialización es poca o nula, pues muchos de los asesinos del Cesar son expresidiarios que, en muchos casos, fueron condenados por hurto y salen a la calle a cometer delitos nuevamente hasta que matan a sus víctimas y regresan al penal.

Nos gustaría conocer los avances tecnológicos con los que cuenta el Inpec, o con los que pretende contar, para prevenir la extorsión carcelaria que agobia a ciudadanos y a comerciantes aún más. Los celulares en las cárceles son una realidad y es más real aún el uso que se les da: intimidar, amenazar y extorsionar al pequeño y mediano comerciante, a las amas de casa, etc.

Para nosotros es importante comprender en qué va la posibilidad de trasladar la Cárcel Judicial de Valledupar hacia otro lugar que no sea en medio del desarrollo urbano de la capital del Cesar. Barrios llenos de comunidades, escuelas, tiendas, iglesias, entre otras, viven en zozobra desde abril de 1997 cuando hubo un motín de 12 días con lamentables resultados. En 2017, los alcaldes del Cesar y su gobernador le solicitaron al entonces ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la reubicación del penal pero no hubo respuesta, por lo menos no favorable para los cesárenses.

Esta es una notable oportunidad para volver a hablar del tema. Nuestros lectores quieren conocer los planes del Gobierno a través de su Ministerio de Justicia y del Derecho con respecto al sistema carcelario, así como las acciones que desarrolla e Inpec para los mismos efectos.

No olvidamos que durante años ha habido la queja de los pocos guardianes del Inpec disponibles para cuidar a miles de presos domiciliarios. No hay control.