El asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, ocurrido en el municipio de Tarazá el pasado lunes, puso al descubierto la fragilidad y las debilidades de la Unidad Nacional de Protección –UNP- que debe ofrecer, mantener y atender las amenazas contra cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. Cervantes venía con amenazas desde el año 2010 y […]
El asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, ocurrido en el municipio de Tarazá el pasado lunes, puso al descubierto la fragilidad y las debilidades de la Unidad Nacional de Protección –UNP- que debe ofrecer, mantener y atender las amenazas contra cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. Cervantes venía con amenazas desde el año 2010 y su esquema de seguridad fue desmontado justo 15 días antes de su muerte.
Este tema abrió el debate a nivel nacional porque en Colombia muchas víctimas, campesinos, reclamantes de tierras, líderes y defensores de derechos humanos, y por supuesto los periodistas, son beneficiarios de los esquemas de seguridad y también víctimas del desmonte de los mismos cuando todavía existe riesgo. En el Cesar abogados y defensores de víctimas, así como periodistas, han visto cómo de un día para otro le quitan los vehículos y les disminuyen los escoltas asignados, quedando expuestos al peligro.
Es lamentable que sea la muerte de un periodista la que haya abierto la discusión sobre la manera cómo se protege a una persona amenazada en Colombia y los criterios que tienen en cuenta para que tenga o no seguridad especial. Y mucho más lamentable que desde el Gobierno Nacional, en este caso la UNP, se le eche el agua sucia a organizaciones defensoras de la libertad de prensa que no son las que deciden sí se continúa o no con un esquema de seguridad. En el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- su labor es defender la libre expresión y acompañar al periodista cuando ve obstruida o amenazada su labor periodística, y aunque esta organización tiene asiento en los comités donde evalúan los casos de periodistas amenazadas, no es de su resorte asignar o quitar la seguridad a ningún periodista.
EL PILÓN respalda el trabajo de la FLIP en todas las regiones de Colombia, y de manera especial toda la documentación que sobre el ejercicio en el Bajo Cauca hacen los periodistas, y a su vez se une al llamado que hizo la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a la UNP para que le de mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo y revise de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección. También al llamado a las autoridades departamentales y locales a asumir su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en ese sentido, a implementar acciones oportunas que tengan ese objetivo, y a “darle prioridad a la investigación y sanción por las amenazas, atentados y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que la impunidad es el principal motivo para que este tipo de ataques continúen”. Y así como la FLIP y la Oficina de la ONU espera que el asesinato del periodista Cervantes sea esclarecido y los responsables sancionados, también lo esperamos los medios regionales.
El asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, ocurrido en el municipio de Tarazá el pasado lunes, puso al descubierto la fragilidad y las debilidades de la Unidad Nacional de Protección –UNP- que debe ofrecer, mantener y atender las amenazas contra cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. Cervantes venía con amenazas desde el año 2010 y […]
El asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, ocurrido en el municipio de Tarazá el pasado lunes, puso al descubierto la fragilidad y las debilidades de la Unidad Nacional de Protección –UNP- que debe ofrecer, mantener y atender las amenazas contra cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. Cervantes venía con amenazas desde el año 2010 y su esquema de seguridad fue desmontado justo 15 días antes de su muerte.
Este tema abrió el debate a nivel nacional porque en Colombia muchas víctimas, campesinos, reclamantes de tierras, líderes y defensores de derechos humanos, y por supuesto los periodistas, son beneficiarios de los esquemas de seguridad y también víctimas del desmonte de los mismos cuando todavía existe riesgo. En el Cesar abogados y defensores de víctimas, así como periodistas, han visto cómo de un día para otro le quitan los vehículos y les disminuyen los escoltas asignados, quedando expuestos al peligro.
Es lamentable que sea la muerte de un periodista la que haya abierto la discusión sobre la manera cómo se protege a una persona amenazada en Colombia y los criterios que tienen en cuenta para que tenga o no seguridad especial. Y mucho más lamentable que desde el Gobierno Nacional, en este caso la UNP, se le eche el agua sucia a organizaciones defensoras de la libertad de prensa que no son las que deciden sí se continúa o no con un esquema de seguridad. En el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- su labor es defender la libre expresión y acompañar al periodista cuando ve obstruida o amenazada su labor periodística, y aunque esta organización tiene asiento en los comités donde evalúan los casos de periodistas amenazadas, no es de su resorte asignar o quitar la seguridad a ningún periodista.
EL PILÓN respalda el trabajo de la FLIP en todas las regiones de Colombia, y de manera especial toda la documentación que sobre el ejercicio en el Bajo Cauca hacen los periodistas, y a su vez se une al llamado que hizo la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a la UNP para que le de mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo y revise de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección. También al llamado a las autoridades departamentales y locales a asumir su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en ese sentido, a implementar acciones oportunas que tengan ese objetivo, y a “darle prioridad a la investigación y sanción por las amenazas, atentados y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que la impunidad es el principal motivo para que este tipo de ataques continúen”. Y así como la FLIP y la Oficina de la ONU espera que el asesinato del periodista Cervantes sea esclarecido y los responsables sancionados, también lo esperamos los medios regionales.