El asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, ocurrido en el municipio de Tarazá el pasado lunes, puso al descubierto la fragilidad y las debilidades de la Unidad Nacional de Protección –UNP- que debe ofrecer, mantener y atender las amenazas contra cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. Cervantes venía con amenazas desde el año 2010 y su esquema de seguridad fue desmontado justo 15 días antes de su muerte.

Este tema abrió el debate a nivel nacional porque en Colombia muchas víctimas, campesinos, reclamantes de tierras, líderes y defensores de derechos humanos, y por supuesto los periodistas, son beneficiarios de los esquemas de seguridad y también víctimas del desmonte de los mismos cuando todavía existe riesgo. En el Cesar abogados y defensores de víctimas, así como periodistas, han visto cómo de un día para otro le quitan los vehículos y les disminuyen los escoltas asignados, quedando expuestos al peligro.

Es lamentable que sea la muerte de un periodista la que haya abierto la discusión sobre la manera cómo se protege a una persona amenazada en Colombia y los criterios que tienen en cuenta para que tenga o no seguridad especial. Y mucho más lamentable que desde el Gobierno Nacional, en este caso la UNP, se le eche el agua sucia a organizaciones defensoras de la libertad de prensa que no son las que deciden sí se continúa o no con un esquema de seguridad. En el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- su labor es defender la libre expresión y acompañar al periodista cuando ve obstruida o amenazada su labor periodística, y aunque esta organización tiene asiento en los comités donde evalúan los casos de periodistas amenazadas, no es de su resorte asignar o quitar la seguridad a ningún periodista.

EL PILÓN respalda el trabajo de la FLIP en todas las regiones de Colombia, y de manera especial toda la documentación que sobre el ejercicio en el Bajo Cauca hacen los periodistas, y a su vez se une al llamado que hizo la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia a la UNP para que le de mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo y revise de forma rápida y eficiente las amenazas nuevas que reciben las personas protegidas antes de retirar los esquemas de protección. También al llamado a las autoridades departamentales y locales a asumir su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en ese sentido, a implementar acciones oportunas que tengan ese objetivo, y a “darle prioridad a la investigación y sanción por las amenazas, atentados y asesinatos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, ya que la impunidad es el principal motivo para que este tipo de ataques continúen”. Y así como la FLIP y la Oficina de la ONU espera que el asesinato del periodista Cervantes sea esclarecido y los responsables sancionados, también lo esperamos los medios regionales.