Según el Ministerio de Industria y Comercio, el sector de minas y canteras representa el 38,8% del Producto Interno Bruto, PIB, departamental. El segundo mayor aporte lo hace la administración pública (16 %).

En el Cesar es ‘vox populi’ la amplia participación del sector público en la economía departamental, con la contratación y la burocracia. Así lo confirma el último informe del Ministerio de Hacienda y la Contaduría General.

El informe señala que para el 2022, 12 de los 25 municipios destinaron más del 60% de sus ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, en gastos de funcionamiento. El caso más llamativo es La Jagua de Ibirico, el cual destinó el 85,6% de esos recursos a gastos de funcionamiento, superando lo permitido por la ley.

Por eso, desde el pasado primero de enero, La Jagua de Ibirico pasó de ser un municipio de tercera a sexta categoría, al igual que 24 de los 25 municipios del Cesar. La excepción es Valledupar.

La norma determina que los municipios de tercera categoría no pueden destinar más del 70% de sus ICLD a gastos de funcionamiento. La Jagua de Ibirico superó esa cifra en 15 puntos porcentuales.

¿MALAS ADMINISTRACIONES?

Aunque no parece ser un ‘mal’ exclusivo de los actuales mandatarios, en promedio, los municipios del Cesar recaudan poco y gastan mucho en ‘burocracia’.

Dentro de los gastos de funcionamiento se incluye la planta laboral de las administraciones, sectoriales y entidades, además de los contratos de prestación de servicios.

Al igual que La Jagua de Ibirico, otros municipios como Pailitas, Chiriguaná, Chimichagua, Pelaya, El Paso y Aguachica destinan más del 70% de sus ingresos corrientes en funcionamiento.

Pero, ¿qué son los ingresos corrientes de libre destinación? Según Planeación, los ICLD son los recursos que destinan las administraciones para gastar e invertir en necesidades o programas que consideren prioritarios. Por eso, recaudar poco y gastar mucho reduce el margen de inversión.

DIFERENCIAS

Aunque 24 municipios pertenecen a la sexta categoría, algunos territorios están en diferentes ‘dimensiones’. Por ejemplo, mientras La Jagua de Ibirico recaudó $12.999 millones en el 2022, Gamarra no superó los 2.949 millones.

El problema de los municipios del Cesar es que el gasto es proporcional a sus ingresos, en muchos casos superando la norma. Chiriguaná, por ejemplo, recibió durante el 2022 alrededor de $10.821 por ICLD, de los cuales gastó el 70% en funcionamiento ($7.632 millones).

Pailitas, con ingresos muy inferiores ($3.330 millones anuales por ICLD) gastó el 80% en funcionamiento. Es decir, excluyendo los dineros que llegan con destinación específica, los que aporta la Gobernación del Cesar o la Nación, Pailitas solo contó con $610 millones para libre destinación. Poco o nada.

BUENA ADMINISTRACIÓN

Del otro lado aparecen nueve municipios del Cesar que durante el 2022 destinaron menos del 50% de sus ingresos corrientes en gastos de funcionamiento. En este caso, Valledupar fue el municipio con el porcentaje de gastos más bajo (40%).

De los $111.800 millones que recaudó durante el 2022, el municipio tuvo $67.000 millones para inversiones y pago de la deuda. Cabe señalar que Valledupar está bajo la Ley 550 o de reestructuración de pasivos. La capital departamental es el único municipio del Cesar en primera categoría, en gran medida, por su población de más de medio millón de habitantes.

Como Valledupar, municipios como San Alberto, La Paz, Pueblo Bello, Río de Oro, Codazzi y San Martín destinan menos del 50% de los ingresos para gastos de funcionamiento, es decir, ‘burocracia’.

Por Redacción EL PILÓN