Colombia es de los pocos países de América Latina, e inclusive del mundo, que tienen una democracia sólida, a pesar de padecer un conflicto interno en el que intervienen distintos actores violentos. Esa característica de nuestro país ha sido objeto de estudio de muchas universidades y expertos nacionales e internacionales.
Y siempre distintos grupos violentos han intentado influir en sus procesos electorales. Desde el desaparecido M-19, que surgió a raíz de un supuesto fraude electoral, pasando por el Ejército Nacional de Liberación (ELN), las mismas FARC, entre otros grupos armados de extrema izquierda, y distintos grupos delincuenciales, incluyendo los del narcotráfico, y los de extrema derecha, más conocidos como paramilitares y autodefensas, lo han hecho.
Ayer, durante su visita a Valledupar, para lanzar un plan de seguridad alimentaria, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, luego de explicar los detalles y alcances de esa política, al lado de su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, entre otras personalidades del sector público y privado, advirtió sobre la intención de las FARC de intervenir en los procesos electorales que se avecinan…
Tienen mucha validez y una gran oportunidad las advertencias del Presidente Santos, al pedir a la ciudadanía que denuncie ante las autoridades cualquier tipo de anomalías de este grupo sobre el proceso electoral.
No obstante, consideramos, con todo respeto,  que le faltó al Presidente mencionar también a los grupos de extrema derecha, a los narcos, y a las famosas bandas criminales que con su gran poder de balas y dineros, deben estar ansiosos de tener amigos en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.
El reto es inmenso, como lo habíamos advertido en estas mismas páginas hace varios días, tanto para el Estado en su conjunto, como para la ciudadanía. Es un deber de los ciudadanos denunciar cualquier tipo de anomalías de los violentos y también de los corruptos sobre el proceso electoral que se avecina.
Pero también es una obligación de las autoridades recibir las quejas y denuncias, con discreción y prudencia, y actuar con la debida diligencia y efectividad. Muchas veces los ciudadanos no denuncian por temor a que se conozca su nombre, pero otras veces es por la falta de confianza en la acción del Estado.
También fueron graves y delicadas las advertencias del primer mandatario sobre el tema de los grupos violentos en las universidades del país. En principio tiene mucha razón el primer mandatario en hacer un llamado a los estudiantes, principalmente, en el sentido que la protesta es bienvenida pero que esta debe ser pacífica.
Pero, debemos recordar que no es nueva la presencia de todos los actores de la violencia en el país en las instituciones de educación superior. Desde estas mismas páginas, recientemente hacíamos un llamado para blindar de la violencia a la Universidad Popular del Cesar (UPC), cuyo rector fue objeto de un serio atentado la semana pasada. Y claro, estas instituciones deben ser – por principio y esencia- territorios de paz, pero tampoco debemos caer en la ingenuidad de creer que un conflicto complejo y antiguo como el que sufre Colombia no penetre también a las aulas.
Se requiere de la colaboración de toda la comunidad académica: estudiantes, profesores y directivos, tratar que así sea. Empero, para lograrlo, también en este caso, es imperativa la colaboración sincera y prudente, entre la sociedad civil y el Estado. Ya que tanto en uno como en otro caso, estos grupos violentos no sólo buscan adeptos y militantes, sino también apropiarse de los recursos públicos.
Consideramos de la mayor trascendencia e importancia estas serias advertencias que ha hecho el Presidente Santos desde nuestra querida Valledupar.