Lo que menos se esperaba es que gracias a unos mercados entregados en época de pandemia se desatara una pequeña tormenta en el departamento. Pero la política en el Cesar da para todo.

Cuando a mediados de marzo el Gobierno nacional decretó el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio por la propagación de la covid-19, se les facilitó la contratación pública a los gobernadores y alcaldes del país. La idea era (y es) que contrataran y entregaran ayudas humanitarias en los sectores más vulnerables del país.

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Pero sobre la marcha aparecieron las acusaciones de corrupción en esa contratación y uno de los protagonistas fue la Gobernación del Cesar. El diputado del departamento Ricardo Quintero  acusó ante entes de control y medios de comunicación que la entidad departamental estaba contratando mercado con presuntos sobrecostos de hasta el 50 %.

A los pocos días la denuncia tomó forma y la Procuraduría General de la Nación  anunció la apertura de una investigación preliminar contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández, para suscribir 37 contratos por más de $14.065 millones.

El procurador Fernando Carillo señaló que el caso del departamento del Cesar era “bastante complejo”, debido a que son más de 40 contratos donde intervienen alrededor de 40 fundaciones “con un objeto distinto del que les permitiría cumplir con el objeto de la ayuda que se está entregando”.

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LA RESPUESTA

Durante tres días la única respuesta del gobernador fue un trino donde defendía la contratación de los mercados. Hasta este lunes en la mañana cuando programó una entrevista virtual para responder preguntas de los periodistas. Lo primero que hizo el gobernador, por supuesto, fue defender la contratación hecha asegurando que fue transparente.

Pero también tuvo tiempo para calificar de corruptos a quienes acusaron los presuntos sobrecostos. “Son corruptos aquellos políticos que de forma mal intencionada quieren acabar mi buen nombre. ¡Qué lamentable que en esta situación tengamos que sufrir ataques políticos! Corruptos ellos que aprovechan el momento para atacarme de esta forma vil y burda. Son esos políticos los que no han dicho aquí estamos de la mano para trabajar con la gente”, señaló Monsalvo.

¿Para quién era el mensaje? Fue el diputado del Centro Democrático, Ricardo Quintero, quien inició las denuncias por presunto sobrecostos en la compra de los mercados. Con él, estuvieron la compañera de bancada, Claudia Margarita Zuleta; el representante a la Cámara por el Cesar, Cristian José Moreno y el senador Antonio Sanguino.

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Las acusaciones del gobernador encontraron pronta respuesta. “Hacer oposición nunca puede ser visto como corrupción, la crítica y la denuncia pública con argumentos, como se ha hecho y se hará, no solo ha despertado al Cesar y al país, sino que los órganos de control están actuando, corrupción es por lo que lo investigan y poco desvirtuó”, señaló en redes sociales el representante Cristián José Moreno. Por su lado, el diputado Ricardo Quintero fue más sarcástico. “¿Cuál buen nombre?”, escribió en Twitter.

INVESTIGACIONES

Cabe recordar que Radio Guatapurí, dirigida por Andrés Molina,  realizó una investigación periodística sobre cómo la Gobernación del Cesar habría invertido el dinero de la pandemia.

En dicha investigación,  replicada a nivel nacional y por el Washington Post, señalaron presuntos sobrecostos en los mercados, la posible fragmentación de la contratación y la aparente falta de idoneidad de varios contratistas.

En este caso el gobernador señaló directamente a Andrés Molina y a su familia, quienes administran la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata.

“Quisiera también aprovechar el momento para decirle a los amigos de Radio Guatapurí, que también han tenido un interés muy especial para esto, que tengan la tranquilidad que hemos actuado bien y yo sí quisiera preguntarte a ti, Andrés (Molina), que también publiques los recursos que en las últimas décadas ha manejado el Festival Vallenato, que han sido más de $50.000 millones, y no sabemos dónde están. Son cerca de $50.000 millones que no son propiedad de ustedes. El que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere”, cerró el gobernador.

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Con esta declaración, casi personal, queda claro que cada vez son mayores las diferencias entre la familia Molina Araujo y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo.

“El gobernador hizo su mayor esfuerzo por tratar de darle tranquilidad a los cesarenses reiterando en varias formas que tiene certeza de haber actuado con transparencia. Pero contrario a dar las razones que fundamenten tal afirmación, como por ejemplo: indicar los criterios de selección de los contratistas o defender la idoneidad de los mismos (…), el gobernador optó por atacar a quien  él considera lo ataca, fundamentado en que ‘quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere’. Que desafortunada expresión de retaliación de un gobernante que pareciera no comprender que ejerce sus funciones dentro de un Estado constitucional  que descansa sobre la idea del control y la limitación del poder en todos sus niveles”, señaló la diputada Claudia Zuleta.

 Por el lado  de las acusaciones de posibles sobrecostos, será la Procuraduría General  la que determine si son ciertas o no las acusaciones.

Por: Deivis Caro [email protected]