La violencia arreció por la confrontación de los paramilitares y grupos guerrilleros, la comunidad desesperada al ver que la fuerza pública era incapaz de evitar los secuestros, homicidios y desapariciones, optó por depositar su voto de confianza en Dios o por lo menos en alguien que proclamara las Sagradas Escrituras. Fue así como en las elecciones de 1997 el sacerdote Jorge Escorcia Angarita resultó elegido alcalde para el periodo 1998-2000.

Las plegarias del alcalde religioso no pudieron parar las balas. Uno de los días más violentos de su mandato fue el 25 de julio de 1999, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a siete personas, entre ellas a la personera Numis Esther Camacho.

Ese día los paramilitares montaron un retén en la vía que conduce a las veredas Dos de Mayo y Dos Brazos. Allí retuvieron varios vehículos, entre los que se encontraba el camión de Abel Quintero, que transportaba leche y a 12 pasajeros, todos fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos.

Con lista en mano, a sangre fría asesinaron a varios de los pasajeros identificados como Luis Humberto Gil Grajales, Zenén Alfonso Carrascal Durán, José Faner Gutiérrez Montejo, Gregorio Álvarez Bayona y Eduardo Madariaga Carballo.

“La orden dada por ‘Julio Palizada’ (Faver de Jesús Atehortua Gómez) era dar muerte a las personas que aparecieran en la lista que teníamos”, explicó el desmovilizado de las AUC Esneider Santiago González, alias ‘Medio Kilo’.

En una versión libre de Justicia y Paz en Valledupar, ‘Medio Kilo’ aseguró que el principal objetivo de la operación ordenada por su comandante era la personera de Curumaní.

Los hombres de ‘Julio Palizada’ interceptaron a José Alberto Ríos Manzano, director de Sanidad Municipal, los esposaron y obligaron a que los llevara a la casa de la personera.

El vehículo en el que se movilizaban los asesinos llegó frente a la vivienda, preguntaron por la funcionaria. Ella se asomó por la ventana y al ver que se trataba del director de sanidad salió a atender el llamado, pero cuando se disponía a abrir la reja del antejardín le dispararon.

“Yo metí la mano a la cintura, de donde saqué una pistola 45 Rúger, le propiné nueve disparos, luego ‘El Enano’ le disparó varios tiros con un revólver 38 largo”, confesó ‘Medio Kilo’.

La última víctima de esa incursión fue el director de sanidad, quien al día siguiente fue encontrado tiroteado en las afueras del municipio.

“Beto Ríos me dijo que si lo íbamos a dejar, yo le dije que sí, que se fuera hacia donde estaba la camioneta. Saqué la pistola 45 propinándole como tres impactos en la cabeza, desfigurándose el rostro completamente. De ahí le quité las esposas y lo dejé tirado”, así concluyó su relato el exparamilitar condenado a 28 años de prisión por esta masacre.

En sus confesiones aseguró que en estos crímenes hubo complicidad de la fuerza pública porque integrantes del Ejército y Policía sabían de la incursión que fue planeada en la finca ‘El Kiosco’, ubicada a un kilómetro y medio del corregimiento de San Bernardo, en Pelaya, Cesar.

La violencia siguió

El mandato del cura Escorcia terminó y las cosas no cambiaron, siguieron igual y para algunos peor en cuanto a seguridad. En las siguientes elecciones Efrén Moreno Cárcamo ganó la Alcaldía por 27 votos a Henry Chacón Amaya. Aunque Moreno ya se había posesionado, Chacón demandó la elección y el Consejo de Estado falló a su favor casi dos años después, anulando la mesa número 18, que le permitió ganar con 4.056 votos, uno más que su contendor.

Aunque las elecciones se definieron en altos tribunales de justicia, surgieron versiones de desmovilizados de las AUC como las de Wilson Poveda Carreño, alias ‘Rafa’, señalando a Henry Chacón de haber tenido apoyo de ese grupo armado que supuestamente puso a un paramilitar en cada mesa de votación para garantizar su triunfo.

Pero las acusaciones fueron más allá y el mandatario fue acusado de haber sido determinador junto con el exrepresentante a la Cámara Miguel Durán Gelvis del asesinato de la concejala de Curumaní, Cristina López de Moreno. Tanto el exalcalde como el excongresita fueron condenados por este crimen, pero ambos están prófugos de la justicia argumentado falta de garantías en el proceso.

El homicidio atribuido al frente ‘Resistencia Motilona’ de las AUC, ocurrió el 26 de noviembre de 2003, cuando la mujer que había dedicado 18 de sus 63 años a la política en el Concejo de Curumaní, se encontraba en la finca El Progreso, donde la abordaron hombres armados que luego de amordazar a sus trabajadores, al parecer con la intención de secuestrarla, le dispararon dejándola tendida en la puerta del predio.

El homicidio generó indignación y revuelo nacional. Según sus familiares y allegados, se trataba de una conservadora que prefirió entregar su vida antes que poner su credencial al servicio de los grupos armados.

Sus hijos Óscar Armando, Javier y Diva Yaneth, sufrieron un golpe emocional insuperable y solo equiparable al que les ocasionó la muerte de su progenitor, al año siguiente. Óscar Moreno Aparicio fue asesinado por querer descubrir quiénes habían matado a su esposa.

Moreno Aparicio era registrador de instrumentos públicos en Valledupar y a raíz de las amenazas que había recibido por estar averiguando sobre el crimen de su amada Cristina López se trasladó a Sincelejo, donde lo alcanzaron las balas el 21 de octubre de 2004.

“Mi mamá era opositora de la administración, siempre cuestionaba lo que estaba mal hecho, la veían como una piedra en el zapato”, recuerda su hijo Óscar, quien en las elecciones de octubre de este año aspiró a la Alcaldía de Curumaní, pero perdió ante Laura Herrera, esposa de quien según las investigaciones de la Fiscalía sería el determinador de la muerte de su mamá.

Él volvió a su tierra natal, donde las muertes de políticos son de vieja data, se arriesgó a hacer campaña porque las condiciones de seguridad han mejorado, pero lo hizo con miedo.

La casa de su madre en el barrio La Santísima Trinidad, al lado de la Casa de la Cultura, le trae recuerdos del pasado sangriento, puesto que en la misma calle el frente Camilo Torres del Eln mató al primer alcalde popular de ese pueblo, Cristián Moreno Pallares.

La guerrilla con crímenes como ese también trató de influenciar la política con armas, imprimiéndole más valor al plomo que a los votos y a la voluntad popular de los ciudadanos.

Moreno fue Secretario de Agricultura del Cesar, víctima de dos secuestros perpetrados por el mismo grupo armado que el 30 de julio de 1993 optó por matarlo a tiros en la puerta de su casa, cuando era candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento de Integración Regional, MIR.

“La justicia ha actuado contra algunos de los autores materiales del crimen, pero no hay nada en cuanto a los autores intelectuales del caso que evidentemente fue político”, indicó Cristián José Moreno Villamizar, que 20 años después logró hacer lo que las balas no dejaron hacer a su padre, llegar al Congreso de la República. Actualmente es representante a la Cámara por el Cesar.

Otro hijo de Moreno Pallares que siguió en la política pese a los riesgos que esto representaba fue Cristián Moreno Panezo, gobernador del Cesar en el periodo 2008-2011, victoria que logró luego de retirarse en las elecciones anteriores por amenazas de los paramilitares, pero con el respaldo del grupo político que antes apoyó a su padre pudo tomar las riendas del departamento durante cuatro años.

La muerte de Moreno Pallares estuvo precedida de otros crímenes políticos de la guerrilla que generaron desesperanza en los 36.000 curumanilenses. El 12 de enero de 1992 fue asesinado el exconcejal Alejandro Rincón; el 23 de marzo de 1993 cayó asesinado el dirigente Álvaro Chacón Mendoza y poco después su padre, Luis Carlos Chacón.

Zona especial

En Curumaní sigue el miedo, todavía hay grupos armados que disputan el territorio estratégico para el narcotráfico en la producción de alcaloides por su cercanía en el oriente con la Serranía del Perijá y la vecina República de Venezuela y el departamento de Norte de Santander, otro foco de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo.

El municipio está ubicado en la subregión central del departamento del Cesar, conformada con Chiriguaná, Chimichagua, La Jagua de Ibirico, Pailitas y Tamalameque, zona visitada recientemente por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), organización que volvió al Cesar después de casi ocho años de ausencia.

En reunión con los líderes de las veredas Tosnoban, El Desierto, Lamas verdes y Los Brazos de Curumaní, estos expresaron a la MAPP-OEA sus preocupaciones en temas de seguridad, desminado y en la necesidad de consolidar los mecanismos de reparación integral y restitución de tierras.

La misión pudo reunirse en la Serranía del Perijá con la Mesa Campesina del Perijá, que aprovechó la ocasión para exponer su Plan de Desarrollo Sostenible y los retos que tienen con la figura de la cuestionada Zona de Reserva Campesina.

Este recorrido también permitió el diálogo abierto con las comunidades de las diferentes veredas y corregimientos, donde se identificó la preocupación generalizada en relación con la falta de acceso a servicios de saneamiento básico y electricidad, la estigmatización y la necesidad de profundizar en los mecanismos de reparación colectiva.

Mientras la Organización de Estados Americanos continua con su labor humanitaria, la Fiscalía en su trabajo investigativo espera que con la reciente captura en Santa Marta de Gregorio Rafael Rivera Martínez, alias ‘Efraín’, uno de los exparamilitares implicados en el crimen del exconcejal de Curumaní, Edgar  Armesto Daza y su madre Lady Leonor Daza Cogollo, pueda conocerse la verdad de estos y otros crímenes de la ‘parapolítica’ en este municipio cesarense.

Uno de los días más violentos en Curumaní fue el 25 de julio de 1999, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a siete personas, entre ellas la personera Numis Esther Camacho.

“La justicia ha actuado contra algunos de los autores materiales del crimen, pero no hay nada en cuanto los autores intelectuales del caso que evidentemente fue político”: Cristián José Moreno.