Desde que sucedieron recientemente las muertes de dos bebés, en circunstancias aisladas en Valledupar y que están en investigación inicial, el foco de atención volvió a la vulnerabilidad que tienen los menores de edad en la sociedad. No obstante, el panorama a nivel departamental es más complejo a tenor del balance general preliminar que entregó el Instituto de Medicina Legal para el periodo 2022. 

La institución el año pasado atendió 72 niños, niñas y adolescentes del departamento del Cesar por violencia intrafamiliar. Es decir, 18 casos más que durante el 2021 cuando la entidad atendió a 54 menores de edad.  

Esta realidad, muchas veces silenciada o poco contada, se concentró en los municipios de Valledupar y Aguachica con 45 y 11 casos, respectivamente. Los demás municipios: Curumaní, Bosconia, Codazzi, El Copey, San Alberto, Pueblo Bello, El Copey, Chimichagua, Bosconia y Becerril no superaron los 5 casos presentados. 

La población vulnerada osciló entre las edades de 0 a 4 años, los 5 a 9 años, los 10 a 14 años y de los 15 a 17 años, los cuales marcan el periodo de primera infancia, infancia y adolescencia. 

Según la entidad forense, la mayoría de las víctimas habrían sufrido el maltrato por las madres, el papá, el padrastro o de un tío en el marco de algún conflicto familiar. 

Las agresiones comúnmente provinieron por intolerancia o machismo (en 54 casos), por el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas (en 10 casos), en el marco de situaciones de desconfianza o celos (5 casos), por abandono (1 caso), por enfermedad (1 caso) y por situaciones económicas (1 caso). 

Medicina Legal durante el análisis a las víctimas ha determinado que las agresiones muchas veces son ocasionadas con elementos contundentes o mecanismos múltiples que han generado politraumatismos, traumas craneanos, trauma de miembros, trauma facial o de tórax. 

Este tipo de violencia, que no es ajena a presentarse en las escuelas o algún otro contexto social, deja graves secuelas psicológicas en los menores de edad e inclusive en el peor de los casos puede ocasionar la muerte. 

Aunque las autoridades gubernamentales tienen programas dirigidos al núcleo familiar y social a veces parecen insuficientes para minimizar el impacto de la problemática en la actualidad. 

“El Estado colombiano, no solo el Cesar, ha sido muy laxo a la hora de exigir y castigar esta falta de compromiso por parte de los padres, uno ve cómo los padres se han desentendido de las labores escolares, del comportamiento de los hijos, pues ellos saben que nadie les exige las responsabilidades de ser padres, mientras a la escuela se le impone todo el peso de la crianza”, manifestó Carlos Rochel, psicólogo y neuropsicólogo clínico.

El profesional considera que las políticas públicas se pueden mejorar si las entidades trabajan juntas de manera coordinada. 

“Parece ser que las entidades que trabajan por los menores están cada uno por su lado, es triste ver la falta de presencia del ICBF, de la Policía de Infancia, en muchos municipios… Más que políticas, el Cesar debe tener a alguien que articule las políticas de estado que ya existen”, puntualizó Rochel. 

EL PILÓN contactó al director del ICBF en el departamento, Gabriel Castilla, y al asesor de despacho de la unidad social de la Gobernación, Juan Carlos Mindiola para conocer su trabajo frente a la problemática, pero hasta la edición de este artículo no respondieron al llamado.