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General - 7 abril, 2018

La Victoria de San Isidro: un pacto de confianza para garantías de vida y progreso

Víctimas de masacres, desplazamiento y abandono del Estado han logrado, a través de organizaciones campesinas, que entidades públicas y privadas se comprometan con su desarrollo.

El gobernador Francisco Ovalle, la alcaldesa de La Jagua de Ibirico, Yarcelys Rangel, el Grupo Prodeco y los representantes de los campesinos firmaron el Pacto de Confianza para, entre otras cosas, garantizar la vida y desarrollo de sus habitantes
El gobernador Francisco Ovalle, la alcaldesa de La Jagua de Ibirico, Yarcelys Rangel, el Grupo Prodeco y los representantes de los campesinos firmaron el Pacto de Confianza para, entre otras cosas, garantizar la vida y desarrollo de sus habitantes
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Los campesinos del corregimiento de La Victoria de San Isidro están dando de qué hablar a nivel nacional: después de las masacres, el desplazamiento, el hostigamiento y la persecución de las AUC y guerrillas que azotaron a ese pueblo del Cesar, que es ahora ejemplo de organización y trabajo mancomunado, pues no solo han sentado al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, y al Grupo Prodeco a firmar un pacto de confianza por sus derechos y progreso, también tienen uno de los pocos planes de desarrollo local que se haya establecido en las poblaciones rurales de Colombia.

El pasado miércoles, en la plaza principal de este corregimiento de La Jagua de Ibirico, dos organizaciones campesinas denominadas, Renacer de La Victoria y La Unión del Campo, socializaron el Pacto de Confianza por el Desarrollo, La Convivencia y la Paz de La Victoria, ante centenares de personas, entre pobladores, agricultores, políticos, Organizaciones No Gubernamentales, gobierno y empresa privada.
Los campesinos de La Victoria, asesorados desde hace aproximadamente un año por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, PDP, conocieron las pautas sobre cómo y porqué organizarse en capacitaciones llamadas Laboratorio experimental de organización social, que hoy ven sus frutos.

“A raíz de distintas confrontaciones que ha habido entre comunidad y empresas privadas, la desconfianza que históricamente ha existido de las comunidades con muchos mandatarios públicos y sobretodo esa queja permanente que muchas veces, con toda la razón, tienen las comunidades, porque tienen estas empresas al lado pero los beneficios no se logran”, afirmó Amaury Padilla, director del PDP Cesar.

Así lo ratificó Jesús Amado Giraldo vicepresidente de La Unión del Campo, quien es además presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Argentina Norte. “Fuimos una comunidad bastante abandonada y por esto no había confianza con ningún ente, tanto de las minas, del Estado. Y luego que llegó el PDP con la metodología de crear confianza inicialmente entre nosotros mismos, nos dimos cuenta que podíamos invitar a estos actores, para trabajar en conjunto para poder desarrollarnos como comunidad”.

Y no es una organización menor lo que experimentan en La Victoria; La Unión del Campo está integrada por 36 miembros que representan a más de 280 familias, habitantes de 9 veredas del corregimiento. Algunos de ellos son sobrevivientes de la violencia paramilitar, retornados a sus tierras luego de años de temor y lo más relevante, cultivadores de productos como el café, pancoger, frutas y artesanías.
La misma situación demuestra el Renacer de La Victoria, una organización de productores campesinos integrada por 36 miembros de la comunidad dedicados a oficios y artes diversas, como la panadería, costura, compra y venta, entre otros.

“Queremos apoyar a La Victoria en su camino para convertirse en una comunidad resiliente en el marco del posconflicto”, dijo Marck McManus, presidente del Grupo Prodeco.

“El laboratorio nos hizo despertar fue el no pensar en beneficios personales sino beneficios comunales”, puntualizó Rebeca Durán, tesorera de La Unión, quien agrega que gracias a los conocimientos aprendidos durante la conformación gremial, hoy pueden “priorizar las cosas y evitar que les pavimenten una vía sin antes resolver la red de acueducto y alcantarillado”.

Un plan estratégico que debe ser emulado

“Este es uno de los primeros, no me atrevería a decir que el único, pero sí creo que es un ejercicio que vale la pena conocer, porque está bien hecho, está hecho con mucho rigor metodológico y creo que puede ser emulado en otras partes, primero del Departamento y en otras zonas del país”, dijo Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, quien hizo presencia en la firma del pacto de La Victoria de San Isidro.

Son aproximadamente 15 mil víctimas de la violencia en La Jagua de Ibirico. La afectación al tejido social es de gran nivel y las huellas de la violencia se perciben al escuchar la narrativa de los campesinos. De allí que, funcionarios del Gobierno Nacional como Paula Gaviria le hayan puesto la lupa a los procesos organizativos de La Victoria. “La Jagua ha sido uno de los municipios más golpeados del Cesar, particularmente en La Victoria hubo dos masacres importantes, muchísima desconfianza de la comunidad en las autoridades, desconfianza entre ellos mismos y por esto tan importante este ejercicio participativo”, concluyó Gaviria.

La organización, sustentada, asesorada y permanente de los campesinos de La Victoria de San Isidro, podría dar resultados a mediano plazo. Esto puede evidenciarse con las inversiones anunciadas por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, quien ante los habitantes del corregimiento, aseguró que dentro de poco empezarán a construirse 188 viviendas con la modalidad de Mi Casa Ya, que disminuye sustancialmente el valor de estas casas con cuotas mensuales bajas. “Es histórico que con este plan estratégico con una visión a 15 años, 2017 – 2032, para poder garantizar todo un enfoque de desarrollo local, regional, que le va a garantizar a muchas personas que fueron víctimas del conflicto armado retornar a estas tierras tan productivas”, finalizó el gobernador del Cesar.

Andrés Llamas Nova / EL PILÓN

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7 abril, 2018

La Victoria de San Isidro: un pacto de confianza para garantías de vida y progreso

Víctimas de masacres, desplazamiento y abandono del Estado han logrado, a través de organizaciones campesinas, que entidades públicas y privadas se comprometan con su desarrollo.


El gobernador Francisco Ovalle, la alcaldesa de La Jagua de Ibirico, Yarcelys Rangel, el Grupo Prodeco y los representantes de los campesinos firmaron el Pacto de Confianza para, entre otras cosas, garantizar la vida y desarrollo de sus habitantes
El gobernador Francisco Ovalle, la alcaldesa de La Jagua de Ibirico, Yarcelys Rangel, el Grupo Prodeco y los representantes de los campesinos firmaron el Pacto de Confianza para, entre otras cosas, garantizar la vida y desarrollo de sus habitantes
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Los campesinos del corregimiento de La Victoria de San Isidro están dando de qué hablar a nivel nacional: después de las masacres, el desplazamiento, el hostigamiento y la persecución de las AUC y guerrillas que azotaron a ese pueblo del Cesar, que es ahora ejemplo de organización y trabajo mancomunado, pues no solo han sentado al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, y al Grupo Prodeco a firmar un pacto de confianza por sus derechos y progreso, también tienen uno de los pocos planes de desarrollo local que se haya establecido en las poblaciones rurales de Colombia.

El pasado miércoles, en la plaza principal de este corregimiento de La Jagua de Ibirico, dos organizaciones campesinas denominadas, Renacer de La Victoria y La Unión del Campo, socializaron el Pacto de Confianza por el Desarrollo, La Convivencia y la Paz de La Victoria, ante centenares de personas, entre pobladores, agricultores, políticos, Organizaciones No Gubernamentales, gobierno y empresa privada.
Los campesinos de La Victoria, asesorados desde hace aproximadamente un año por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, PDP, conocieron las pautas sobre cómo y porqué organizarse en capacitaciones llamadas Laboratorio experimental de organización social, que hoy ven sus frutos.

“A raíz de distintas confrontaciones que ha habido entre comunidad y empresas privadas, la desconfianza que históricamente ha existido de las comunidades con muchos mandatarios públicos y sobretodo esa queja permanente que muchas veces, con toda la razón, tienen las comunidades, porque tienen estas empresas al lado pero los beneficios no se logran”, afirmó Amaury Padilla, director del PDP Cesar.

Así lo ratificó Jesús Amado Giraldo vicepresidente de La Unión del Campo, quien es además presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Argentina Norte. “Fuimos una comunidad bastante abandonada y por esto no había confianza con ningún ente, tanto de las minas, del Estado. Y luego que llegó el PDP con la metodología de crear confianza inicialmente entre nosotros mismos, nos dimos cuenta que podíamos invitar a estos actores, para trabajar en conjunto para poder desarrollarnos como comunidad”.

Y no es una organización menor lo que experimentan en La Victoria; La Unión del Campo está integrada por 36 miembros que representan a más de 280 familias, habitantes de 9 veredas del corregimiento. Algunos de ellos son sobrevivientes de la violencia paramilitar, retornados a sus tierras luego de años de temor y lo más relevante, cultivadores de productos como el café, pancoger, frutas y artesanías.
La misma situación demuestra el Renacer de La Victoria, una organización de productores campesinos integrada por 36 miembros de la comunidad dedicados a oficios y artes diversas, como la panadería, costura, compra y venta, entre otros.

“Queremos apoyar a La Victoria en su camino para convertirse en una comunidad resiliente en el marco del posconflicto”, dijo Marck McManus, presidente del Grupo Prodeco.

“El laboratorio nos hizo despertar fue el no pensar en beneficios personales sino beneficios comunales”, puntualizó Rebeca Durán, tesorera de La Unión, quien agrega que gracias a los conocimientos aprendidos durante la conformación gremial, hoy pueden “priorizar las cosas y evitar que les pavimenten una vía sin antes resolver la red de acueducto y alcantarillado”.

Un plan estratégico que debe ser emulado

“Este es uno de los primeros, no me atrevería a decir que el único, pero sí creo que es un ejercicio que vale la pena conocer, porque está bien hecho, está hecho con mucho rigor metodológico y creo que puede ser emulado en otras partes, primero del Departamento y en otras zonas del país”, dijo Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, quien hizo presencia en la firma del pacto de La Victoria de San Isidro.

Son aproximadamente 15 mil víctimas de la violencia en La Jagua de Ibirico. La afectación al tejido social es de gran nivel y las huellas de la violencia se perciben al escuchar la narrativa de los campesinos. De allí que, funcionarios del Gobierno Nacional como Paula Gaviria le hayan puesto la lupa a los procesos organizativos de La Victoria. “La Jagua ha sido uno de los municipios más golpeados del Cesar, particularmente en La Victoria hubo dos masacres importantes, muchísima desconfianza de la comunidad en las autoridades, desconfianza entre ellos mismos y por esto tan importante este ejercicio participativo”, concluyó Gaviria.

La organización, sustentada, asesorada y permanente de los campesinos de La Victoria de San Isidro, podría dar resultados a mediano plazo. Esto puede evidenciarse con las inversiones anunciadas por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, quien ante los habitantes del corregimiento, aseguró que dentro de poco empezarán a construirse 188 viviendas con la modalidad de Mi Casa Ya, que disminuye sustancialmente el valor de estas casas con cuotas mensuales bajas. “Es histórico que con este plan estratégico con una visión a 15 años, 2017 – 2032, para poder garantizar todo un enfoque de desarrollo local, regional, que le va a garantizar a muchas personas que fueron víctimas del conflicto armado retornar a estas tierras tan productivas”, finalizó el gobernador del Cesar.

Andrés Llamas Nova / EL PILÓN