Siete mil familias vallenatas desplazadas que de manera ilegal habitan los predios donde están ubicadas las invasiones de Altos de Pimienta, Los Guasimales, Bello Horizonte y Brisas de la Popa siguen con la incertidumbre de un nuevo desalojo dentro de tres meses.

Pero, ¿qué se les puede decir a más de 7.000 familias ante la sentencia de la Corte Constitucional y la resolución emitida por el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, el pasado 27 de diciembre de 2019 para el desalojo que se haría de manera violenta por parte de la Policía en cumplimiento de una orden judicial, de sus sencillas casas o viviendas construidas con indecibles sacrificios en terrenos invadidos al mayor Pimienta y luego comprados de buena fe a deshonestos “urbanizadores” piratas. Afortunadamente el señor alcalde Mello Castro amplió la fecha de desalojo.

No quiero pensar de las imágenes desgarradoras que hubiera ocasionado el desalojo: gentes humildes, muchas desplazadas, viendo impotentes cómo se derrumbaban sus ilusiones de tener casa propia; madres y niños llorando ante la negra perspectiva a no saber dónde ir, obligados a pasar la noche en la calle entre el frío, el hambre y el desamparo.

Qué sentimientos irían a abrigar hacia esta sociedad indolente y cruel, cuando sean adultos, esos niños que llorarían ante la violenta destrucción de sus hogares, pobres pero dignos. Tan triste episodio de llegar a pasar retrataría, con rasgos que alarmarían al mismísimo Víctor Hugo, la injusticia social y el desgreño administrativo que envuelve a nuestro sistema político social.

Encarece también, cómo estas invasiones piratas han crecido a ciencia y paciencia de las autoridades a veces más preocupadas por la farándula que por los problemas de la comunidad.

Su modus operandi es bien conocido: son avivatos que estafan a personas necesitadas vendiéndoles terrenos de propiedad privada; valiéndose de palancas políticas logran la conexión de precarios servicios públicos donde las gentes timadas construyen, como pueden, sus modestas viviendas, algunas de tablas, esperanzados con tener vivienda propia.

Tiempo después aparece el dueño que puede ser el propietario; pide y obtiene, entonces sí, la protección estatal para lograr que la Policía que no se vio antes, para impedir el delito, expulse a las víctimas de semejante infamia, dejándolos en la calle. Si bien es cierto que el derecho de propiedad está garantizado en la Constitución, en este caso era preciso no ignorar el drama social.

Me pregunto: ¿dónde está el urbanizador pirata? ¿Tiene orden de arresto? ¿Lo capturó la Policía? ¿Qué funcionarios autorizaron la construcción de las viviendas? ¿Les cobraban servicios públicos?

Hay que reconocerle al Mello Castro que procuró una salida humanitaria antes de cumplir la orden de desalojo ¿Se buscó o se ha buscado una solución para estas familias, se ha hablado con el Ministerio de Vivienda? Ante semejante hecho, es hora de poner en cintura a los invasores y es urgente que el Municipio y demás entidades que tienen que ver con estos casos, y el mismo Mayor Pimienta afronten seriamente el problema.

Postdata: de nada sirve colocar las vallas en el centro para que no transiten las motos si no hay presencia de la Policía. Por el centro siguen circulando las motos y nadie dice nada. ¡Nojoda! Estoy aburrido de tanto quejarme y a las autoridades les entra por un oído y les sale por el otro como si nada.

Voy a denunciar con nombre propio para ver si así entienden. Felicitar al Colegio Bilingüe de Valledupar en sus 40 años de fundada, a su fundador el primo Julio Villazón Baquero y a María Doris Villazón. Hay invasión púbica en muchos lavaderos de carros y talleres. Estos negocios se han popularizado dentro de los barrios y ocupan andenes.