Esta esquina

Por: Hernán Araujo Ariza

Sólo dos semanas han pasado desde que sobre la ‘mesa’ se puso el tema de la Ley 550. Acto seguido, se involucró todo el mundo en una espiral de discusiones a favor y en contra de la aplicación de esta ley. Tanto se ha hablado, que es común encontrar personas en la calle indagando sobre el tema y manifestando sus posiciones, que las hay diversas. Por todo esto, aprovecho este espacio para exponer lo que hay detrás de esta iniciativa.

“Ley 550” a secas, no nos dice nada. Por eso acudimos al objetivo de la ley, que es claro y preciso, y es la reestructuración de los diferentes pasivos que tenga una empresa, alcaldía, gobernación, y hasta una persona natural.

Pero, ¿qué tantos pasivos tiene Valledupar para ameritar entrar en Ley 550? Hay más de $8.300 millones en sentencias ejecutoriadas, pendientes de pago. El déficit que dejó la anterior administración es de aproximadamente $27.000 millones, que se contrataron en 2011, porque al finalizar 2010 no hubo déficit. Tenemos fijado en el presupuesto unos $21.000 millones para contingencias, que son demandas con alto riesgo de perder el municipio; sin embargo se puede hacer una buena defensa y dudo que contemos con tan mala suerte que perdamos todos los procesos y que todos sean fallados en este cuatrienio.
Adicionalmente, la ciudad tiene unas deudas que representan unos $71.000 millones, pero que se han venido amortizando de manera normal, pues en el presupuesto se incluye un rubro de “Servicio a la deuda” con el que no ha habido contratiempos.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda tenemos: $145.000 millones de cartera en Predial e Industria y Comercio; y que si empezamos un proceso de cobro coactivo masivo, pudiéramos tal vez superar parte de la crisis con sólo el 25% de dicha cartera. No obstante, la razón de peso es que las fallas cometidas por administraciones anteriores (despidos no justificados, procesos contractuales llevados irresponsablemente, y otras perlas más) han desatado una ola de embargos a las cuentas del municipio, que han terminado por atrasar el proceso de ejecución de la transformación que el alcalde Socarrás se ha propuesto. Por eso, la mejor manera de evitar esos embargos, es contemplando el escenario que la ley 550 ofrece.
Del caso de Barranquilla se ha hablado mucho. Lo que no se ha dicho es que el alcalde Char recibió un déficit de $150.000 millones, luego de 6 años de estar inmersos en el marco de la ley 550. Por eso, no es la ley la solución; es una simple herramienta para salir a flote, siempre que haya voluntad de hacerlo. Tampoco se ha querido decir, que mientras el recaudo de predial en Valledupar alcanza solo el 30%, en Barranquilla pasa del 80%. Entonces surge el dilema del huevo y la gallina: ¿necesitamos que la gente pague los impuestos para hacer las obras? ¿O vicerversa?
Ahora, la preocupación del alcalde por hacer uso de la ley 550 es sana, pues lo que se quiere es poder hacer las obras que necesita la ciudad y que demanda el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo. Entonces, ¿Quiénes se perjudican? Los acreedores, que tendrán que esperar hasta 12 años para recibir sus pagos completamente.
Mientras tanto, en manos del alcalde está la opción de llamar a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que defina la suerte de esta iniciativa, o esperar hasta las ordinarias de octubre para que con más calma se discutan las ventajas y desventajas de este camino. Porque, a propósito, el Concejo de Barranquilla tardó 4 meses en aprobar esas facultades al Alcalde.

MI ÚLTIMA PALABRA: La medalla de bronce del vallenato Oscar Muñoz en los Olímpicos de Londres, nos exige reflexionar sobre la importancia que le damos a estas disciplinas deportivas ‘alternativas’; no todo puede ser futbol!
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