Por Augusto Enrique Orozco Sánchez

Los alcaldes dentro de su jurisdicción no tienen disponibilidad inmediata de terrenos aptos para obras institucionales de interés social en suelo rural toda vez que quieran promover sus proyectos, si se considera que no pueden contar para su utilización con aquellas áreas que se encuentren afectadas por las reservas forestales, los resguardos indígenas y las franjas o suelos de protección ambiental, por no estar autorizados a ocuparlos sin mediar antes, en el caso de las reservas forestales, la sustracción de las respectivas áreas ante el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, el uso de suelo permitido para la actividad que se promueve y la licencia ambiental, de urbanismo o construcción según sea el caso. Correlativamente  sabemos que todas las alcaldías en su estructura funcional disponen con sus oficinas de planeación, las oficinas jurídicas y estas a su  vez con los consejos consultivos, para asesorarse sobre la viabilidad de sus proyectos,  por tanto, los burgomaestres tienen  todas las instancias de consultas y visados previos para poder proceder a la adquisición de tierras y proposición de proyectos al interior de las reservas forestales. 

Ante los anteriores limitantes, la ocurrencia del mandatario de comprar un cerro, contratar un proyecto de urbanismo, arquitectónico, cálculos estructurales sismos resistentes, e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, además de construirlo sin licitación alguna y lograr que las siguientes dos administraciones le continuaran su acometido sin que las autoridades se pronunciaran es una verdadera proeza! Más de 4.000 millones de pesos pagados con recursos públicos fueron invertidos en un proyecto cuya obligación oficial era construirlo para entregarlo a sus comunidades para gozo y disfrute de una actividad turística de connotación religiosa; que esperanza, nada más insólito. Da grima el solo pensar que un proyecto oficial de esta naturaleza, desde su creación, anunciado con bombos y platillos, a la vista de todos, bajo la premisa de una aventura, haya pasado por todos los filtros, todos, llámense planeación, consejo consultivo, oficina jurídica, presupuestos, etc; que  hayan sido ignorados y las autoridades burladas.

Hoy hasta el Obispo clama por la bendición de su magna obra  y las gentes a la expectativa de la tan anhelada sustracción que nunca llegó, preguntándose qué pasa, cuando se inaugura…. La verdad sea dicha; estamos ante un caso fuera del mercado inmobiliario, porque independientemente del estado en que se encuentre, no puede reconocerse ante las curadurías por ostentar  uso prohibido, inmueble que no se puede entregar, que no se puede recibir y por tales motivos no se puede legalizar, tampoco protocolizar su escritura y mucho menos registrar en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, como suelen hacerse con todos los bienes del fisco. Que dilema…Estoy seguro que de existir autoridad, que a mi juicio no existe, que de existir cultura ciudadana en el cumplimiento normativo, que menos existe, todos los ciudadanos, tendríamos el valor civil de denunciar estos hechos y reclamar justicia, partiendo del principio democrático según el cual los actos del Estado deben estar sujetos a un control previo y posterior para la prevalencia de su legalidad.