La famosa frase de Abraham Lincoln, que define la democracia: “como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, no pasa de ser una frase retórica porque los gobiernos democráticos se rigen en su inmensa mayoría por democracias representativas, también conocidas como democracias indirectas, es decir el poder se ejerce a través de los representantes del pueblo elegidos por voto popular, que, en teoría, toman decisiones a nombre de su electorado, pero que en la praxis deciden bajo su entera responsabilidad. 

Así sucede con el Presidente, al momento de expedir los decretos legislativos, y con los congresistas al momento de votar un proyecto de ley.  

En la antigua Grecia se dio un sistema democrático donde el pueblo era quien decidía directamente. No obstante, estos sistemas de gobierno por el crecimiento de la población, propiciaron la democracia representativa y Colombia por mandato de la Constitución Política es un Estado Social de Derecho, constituido como república unitaria, democrática y participativa, donde la soberanía reside directamente en el pueblo quien lo ejercerá por medio de sus representantes. Es más, ni siquiera las comunidades indígenas en estos momentos practican la democracia directa, pues ejercen el poder a través de sus autoridades tradicionales quienes deciden lo que consideran más acorde al interés general. 

Dicho esto, podríamos preguntarnos: ¿Las decisiones de nuestros representantes llámese Presidente, congresista, alcalde, diputado, concejal, responden siempre al interés general? La respuesta es: no siempre, pues en más de una ocasión se han presentado proyectos de ley que hacen más gravosos los impuestos para la población vulnerable, y que han generado incluso, alteraciones del orden público, Jefes de Estado que expiden directivas administrativas que sirven de patente de corso para que se cometan arbitrariedades contra la ciudadanía, por parte de los  organismos castrenses, proyectos de acuerdo que se aprueban por decreto, sin someterse a la consideración del Concejo, contrataciones públicas directas, que violan el principio de la transparencia, y un interminable etcétera. Todo ello con el propósito, no de propender   por el interés general, sino por el contrario, con el ánimo de favorecerse a sí mismos. 

El inmolado político conservador: Álvaro Gómez Hurtado, sostuvo que los partidos políticos no buscan adeptos a sus ideologías, sino cómplices para realizar sobornos a los congresistas, a los funcionarios de todo orden, y es cierto, la percepción de corrupción que hay en Colombia nos ha llevado a ocupar el vergonzoso primer lugar en el ranking mundial, según la revista norteamericana U.S. News.

El pueblo fungió como constituyente primario cuando votó por una Asamblea Nacional Constituyente, y luego por voto popular escogió a sus representantes y fue así como se expide la Constitución Política que hoy nos rige, y que se ha quedado corta en tratándose de la garantía de derechos fundamentales tales como la vida, la salud y la educación, porque ciertamente han primado otros   intereses.    

Nota de cierre: Damos la  bienvenida  al Presidente electo, y esperamos confiados que el cambio prometido, por fin se materialice en beneficio de nuestra sufrida Colombia. [email protected]