“Sin más recursos estamos condenados a ser una universidad pequeña”, dijo el rector de la institución a EL PILÓN.
La Universidad Popular del Cesar recibe del Gobierno nacional más de $2 millones 500 mil por estudiante, mientras que la Universidad Nacional de Colombia percibe más de $16 millones por educando.
Esa brecha, como la define el rector Rober Romero, obedece a criterios establecidos en el artículo 86 de Ley 30 de 1992 que dicta que los aportes de la nación “toman como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.
Pero para la fecha la UPC tenía recursos limitados y menos de mil aprendices, cuentan los upecistas consultados por EL PILÓN.
Romero también refiere que dichos aportes “han ido aumentado de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) sin tener en cuenta que hoy son más de 16 mil estudiantes, se mejoró la infraestructura y hay más doctores y magísteres”.
El abogado aseguró a EL PILÓN que no están pidiendo que disminuyan las transferencias a las demás universidades, sino que “las de la UPC se nivelen a la media nacional”.
El dinero de estas instituciones es distribuido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. El promedio per cápita del conjunto de universidades es de mayor a $6 millones.
“La Universidad Nacional es la que más recursos recibe, pero hay que ir cerrando las brechas de desigualdad sin que eso implique disminuir la financiación de la misma”, asegura Juan López.
López Nacimiento apoya la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30; este último establece que el Gobierno nacional debe incrementar sus aportes para las universidades oficiales “en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del producto interno bruto”.
El Ministerio de Educación, en cabeza de Alejandro Gaviria, anunció una reforma a dicha norma que tiene 30 años.
De hecho, en octubre, esta cartera instaló una comisión para modificar los dos apartados mencionados con el objetivo de “mejorar” el esquema de recursos en las universidades públicas.
“Es la primera fase de una eventual reforma integral”, afirmó la viceministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
López, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, CSU, plantea que estos centros educativos deberían recibir recursos “de acuerdo al IPC, pero también al índice de costos de la educación superior (ICES)”.
Esas mediciones las calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en diferentes periodos.
Hasta el primer semestre de este año, el ICES a nivel nacional era de 6,41%, el más alto desde el 2015, según la citada entidad.
Por Andrea Guerra / EL PILÓN
“Sin más recursos estamos condenados a ser una universidad pequeña”, dijo el rector de la institución a EL PILÓN.
La Universidad Popular del Cesar recibe del Gobierno nacional más de $2 millones 500 mil por estudiante, mientras que la Universidad Nacional de Colombia percibe más de $16 millones por educando.
Esa brecha, como la define el rector Rober Romero, obedece a criterios establecidos en el artículo 86 de Ley 30 de 1992 que dicta que los aportes de la nación “toman como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.
Pero para la fecha la UPC tenía recursos limitados y menos de mil aprendices, cuentan los upecistas consultados por EL PILÓN.
Romero también refiere que dichos aportes “han ido aumentado de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) sin tener en cuenta que hoy son más de 16 mil estudiantes, se mejoró la infraestructura y hay más doctores y magísteres”.
El abogado aseguró a EL PILÓN que no están pidiendo que disminuyan las transferencias a las demás universidades, sino que “las de la UPC se nivelen a la media nacional”.
El dinero de estas instituciones es distribuido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. El promedio per cápita del conjunto de universidades es de mayor a $6 millones.
“La Universidad Nacional es la que más recursos recibe, pero hay que ir cerrando las brechas de desigualdad sin que eso implique disminuir la financiación de la misma”, asegura Juan López.
López Nacimiento apoya la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30; este último establece que el Gobierno nacional debe incrementar sus aportes para las universidades oficiales “en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del producto interno bruto”.
El Ministerio de Educación, en cabeza de Alejandro Gaviria, anunció una reforma a dicha norma que tiene 30 años.
De hecho, en octubre, esta cartera instaló una comisión para modificar los dos apartados mencionados con el objetivo de “mejorar” el esquema de recursos en las universidades públicas.
“Es la primera fase de una eventual reforma integral”, afirmó la viceministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
López, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, CSU, plantea que estos centros educativos deberían recibir recursos “de acuerdo al IPC, pero también al índice de costos de la educación superior (ICES)”.
Esas mediciones las calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en diferentes periodos.
Hasta el primer semestre de este año, el ICES a nivel nacional era de 6,41%, el más alto desde el 2015, según la citada entidad.
Por Andrea Guerra / EL PILÓN