Se vienen suscitando voces de descontento dentro de la comunidad universitaria ante la posible injerencia externa (especialmente política) en la Universidad Popular del Cesar, en momentos en que se creía vivir una tranquilidad en la principal alma mater del departamento.

Los temas en discusión son varios, entre ellos el señalamiento que hacen estudiantes y docentes sobre la presunta intervención del rector Robert Romero Ramírez en la campaña política que se despliega para elegir a los docentes a las diferentes corporaciones y al Consejo Superior Universitario. 

Acusan al rector de tener candidatos propios, impulsados también por políticos y dirigentes externos como congresistas, cuando la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos ejercer presión o tener candidatos. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública los empleados del Estado tienen prohibido: Perseguir, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

Un segundo descontento, de la comunidad universitaria tiene que ver con los nombramientos que –en su autonomía- ha hecho el rector, de funcionarios externos en la vicerrectoría Académica y la Decanatura de Ciencias Básicas de Educación, entre otros.

Se critica que el rector Robert Romero le dé preferencia a profesionales y docentes de otras universidades como la Andina y la UDES que a sus propios egresados. Además, la denuncia en ese sentido es que los nombramientos serían para cumplir compromisos con algún miembro del Consejo Superior y mencionan al rector de la seccional de la UDES, Carlos Morón, quien ejerce en la UPC la representación de los exrectores en el Consejo Superior. 

Contra esta situación que es legal, pero que para muchos no es ética, Morón administra (gerencia) una universidad privada y también es un importante directivo de la UPC que es una entidad pública. Se pensaría que los exrectores deberían elegir a uno de sus compañeros que no tuviera ninguna mediación con otras universidades que son competencia de la UPC.  Porque lo que puede estar pasando aquí es que “la UPC duerme en la cama con su enemigo”, afirman quienes critican el asunto.  

Es decir, que de los treinta o más rectores que ha tenido la UPC desde su fundación (año 1976) no puedan designar a alguien distinto en el Consejo Superior, que no esté tan comprometido con la competencia y la clase política. Reclaman que debería ser un exrector que no esté comprometido con la misma razón social a la que también representa. 

Otro de los sinsabores en la UPC es el atraso de los salarios mensuales a los docentes catedráticos y ocasionales, a quienes les deben los meses de septiembre y octubre. 

Cabe recordar que el rector al iniciar su gestión ofreció mesura y transparencia en el gasto, debido a la crisis presupuestal en que está abocada la UPC. Incluso, cancelaron las dos horas de reunión de área (espacio semanal de dos horas en donde los docentes deliberaban sobre las jornadas de trabajo).

Aquí lo que se requiere es no ahorrar en detrimento de las prioridades de la educación superior. Terminar con jornadas propias de reflexiones académicas es como terminar con los salones de clases y las bibliotecas. Estamos para construir no para desbaratar.  

Se requiere con prontitud que las clases política, gremial, profesoral y directivos de la Universidad Popular del Cesar   propongan una unión de salvación para esta alma mater, frente al gobierno nacional. Que se aparte de la dedocracia, el amiguismo y la politiquería. Porque al interior de la UPC hay gente proba, con mucho talento y que darían todo por su universidad, hay que darle la oportunidad a sus egresados y trabajadores y evitar la dedocracia (Hasta la próxima semana). [email protected]    @tiochiro.