Somos un país asediado por la corrupción, un mal que se ha incrustado en todas las esferas de la sociedad. Este ha afectado sensiblemente la salud, educación, justicia y finanzas del Estado. Además, nos ha coartado la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y brindar bienestar a los ciudadanos, generando desconfianza, desesperanza e inconformismo.

Es por ello que pedimos a gritos cambios sustanciales, fuera de acciones y políticas que nos conduzcan a erradicar y combatir este flagelo que nos carcome como sociedad, que nos somete a la pobreza, a las necesidades insatisfechas, a la violencia e inseguridad y que nos condena a la falta de oportunidades y desasosiego.

En esta lucha la sociedad civil ha despertado. Más de 11 millones de colombianos mediante una consulta pedimos combatir la corrupción. De hecho, el presidente y el Congreso se comprometieron a legislar para que ese anhelo y sueño de los colombianos se haga realidad. A pesar de sus promesas, somos testigos de cómo han incumplido y faltado a su compromiso con la historia y con el país, hemos evidenciado cómo a diario burlan las leyes para hacernos conejo y negarnos la posibilidad de construir un mejor país.

Así mismo, es preocupante cómo siguen interceptando ilegalmente a los ciudadanos desde las agencias de seguridad e investigación del Estado, donde se reveló otro escándalo de chuzadas en las entrañas de la Fiscalía, por las cuales, como es costumbre, se penalizará a los primeros eslabones de la cadena, pero sus cerebros gozarán de impunidad, toda vez que por miedo y falta de garantías los capturados se niegan a colaborar con la justicia para revelar y desentramar esta red criminal.

No obstante que el pueblo debate, reclama y exige que los salarios de los congresistas sean reducidos y congelados por considerarlos exorbitantes, el presidente firmó un decreto incrementándoles el salario, premiando a los honorables por sus reiteradas inasistencias y evasión de funciones, mientras la mayoría de colombianos debemos trabajar de sol a sol y subsistir con un salario paupérrimo.

Y ya sea por compromiso o populismo, en la instalación del Congreso, cuando el presidente Duque en un gesto repudió los asesinatos de los líderes sociales, uniéndose al clamor del pueblo que exige al unísono ni uno más y reconociendo la imposibilidad de protegerlos, ocurrió el asesinato de una abogada defensora del páramo de Santurbán.

Además, en pleno salón elíptico, recinto llamado a convertirse en la cuna de las leyes y la democracia colombiana, fuimos partícipes de un episodio bochornoso, ruin y perverso del partido de gobierno, donde el presidente del legislativo pretendía sabotear la réplica de la oposición: ignorar de forma descarada la intervención de su vocero y hacer que el presidente Duque abandonara el recinto sin escuchar sus argumentos, violando flagrantemente un derecho consagrado en nuestra legislación.

Los colombianos no podemos seguir siendo permisivos con la trampa, con el juego sucio y las decisiones que van en contravía de nuestra constitución y leyes. Debemos exigir a nuestros gobernantes y legisladores acciones y políticas que fortalezcan nuestro Estado social de derecho, allanen nuestro bienestar y garanticen el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, porque de lo contrario siempre nos saldrán cuentico de que esa es su “última jugadita” para perjudicar al pueblo que los eligió.