De manera muy discreta se cumplieron los primeros 30 años de la Constitución de 1991, el pasado 4 de julio. Por distintos motivos, me atrevo a afirmar, entre ellos, la pandemia del covid-19, la misma polarización extrema del país, entre otros, la conmemoración del texto constitucional pasó más con pena que gloria. Un hecho significativo […]
De manera muy discreta se cumplieron los primeros 30 años de la Constitución de 1991, el pasado 4 de julio. Por distintos motivos, me atrevo a afirmar, entre ellos, la pandemia del covid-19, la misma polarización extrema del país, entre otros, la conmemoración del texto constitucional pasó más con pena que gloria. Un hecho significativo y que deja mucho que pensar…
Las constituciones políticas son mucho más que un texto jurídico allí. Ellas dicen mucho de una nación, son un contrato social o un tratado político que la sociedad respeta, como un conjunto de reglas básicas del ordenamiento político y económico. En el caso de Colombia, por ejemplo, siempre hemos tenido un régimen presidencialista, un Congreso bicameral y una administración central del Estado.
La Constitución de 1991 fue producto de una manifestación estudiantil a principios de la década de los noventa, luego de un año difícil para nuestra nación como fue 1989, cuando el narcoterrorismo tenía al país al borde de su desintegración. El gobierno de Virgilio Barco había logrado un acuerdo de paz con el M-19, el Quintín Lame, el PRT, el EPL y otras organizaciones pequeñas. Este proceso fue continuado por Cesar Gaviria, quien apoyó el proceso constituyente, luego de un fracaso de una reforma constitucional al final de la administración Barco por la extradición.
Pues bien, con menos de seis millones de votos, el país eligió una Asamblea Constituyente, de 70 miembros, donde el M-19 logró 19 escaños, el Partido Liberal una votación similar, y las otras fuerzas políticas: Partido Conservador, Movimiento de Salvación Nacional, los cristianos, los indígenas, entre otros, una representación minoritaria.
Como reportero de una agencia de noticias y de una revista de la época cubrí los debates de la Constituyente, que sesionó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Ese grupo de colombianos, hay que reconocerlo, logró la proeza de ponerse de acuerdo para llegar a un texto constitucional que se gestó a la colombiana, de afán y con improvisación. En cinco meses se tenía una nueva Constitución, la cual, a la luz de hoy, con aciertos y errores…
En efecto, al hacer la comparación con la calumniada Constitución de 1886, la de Núñez y Caro, ¿qué salió de allí? Siguió el presidencialismo, ahora con la figura del vicepresidente y no la del designado; siguió el Congreso Bicameral, la misma Procuraduría, la misma Contraloría General, el mismo Ejército Nacional, la misma Policía, etc. Siguió la figura de los departamentos, ahora con la elección popular de gobernadores, y los municipios, desde 1986, con elección de alcaldes. Tanto debate para seguir con lo mismo, podrían decir los enemigos de la nueva carta política. Que todo cambie, para que nada cambie, como en el Gatopardo, quizás…
Pero, ¿qué fue lo nuevo? Una carta de derechos económicos y sociales, a medio cumplir, por supuesto; la incorporación de los derechos humanos que venían de la ONU, la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Junta Directiva del Banco de la República, como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria del país. Esta es quizás la institución de mostrar de ese ordenamiento jurídico.
En un próximo artículo me referiré a las contradicciones, errores de redacción y gazapos que surgieron en el nuevo texto constitucional, aún con aspectos sin reglamentar. Bien distinta a la de 1886, dirán otros, aquella bien redactada y coherente en su conservatismo y autoritarismo. De una u otra forma, la Constitución de 1991, y su proceso de gestación nos reflejan como país. Así somos, ¿qué le vamos a hacer?