Las sociedades que han invertido con eficiencia y transparencia en la educación logran mejorar todos sus indicadores sociales y económicos. Empezando porque una sociedad educada inicia por cuidarse mejor, ser más saludable, más creativa y cultiva las artes y la lectura, es más constructiva,  más propositiva, es más productiva -en términos de más productos por horas de trabajo- y al superar más las riñas y conflictos es más  feliz  y pacífica.

No es que haya poca inversión en el departamento del Cesar. En el país los recursos educativos son del  5% anual, el sector más beneficiado del presupuesto nacional. Pero “continuamos con preocupante deterioro en calidad educativa pública, ahora agravada en pospandemia” (Sergio Clavijo, la Educación en Colombia, El Tiempo, 2 octubre 2022). Clavijo lo atribuye a que la educación “está capturada por intereses sindicales, tal como ocurre en el resto de América Latina”; pero olvida el impacto que sobre el sector han generado los políticos corruptos. Lo que se refleja en la baja o media calidad del profesorado, que poco se evalúa, y de los estudiantes, en los niveles superiores o del bachillerato. El 40% de los estudiantes de 15 años se rajan en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias. En el Cesar podría ser del 50%.

La UPC, ‘logró los niveles más bajos de calidad educativa ubicándose entre las peores universidades del país con una crisis económica e institucional inmersa en disputas politiqueras por el presupuesto’, conforme ha sido documentado en una investigación inédita y lo ha reseñado EL PILÓN.

Por ello, la UPC recibe una de las cifras más bajas por transferencias de la Nación por estudiante como lo señaló su rector Robert Romero en sesión en la Asamblea Departamental el viernes 23 de septiembre (ya lo había expresado en audiencia en el Congreso).

“Entre 2018 y 2022 la Nación le ha transferido cerca de 256.824 millones de pesos a la Universidad Popular del Cesar para el fortalecimiento de la educación superior; $202.650 millones corresponden a recursos estructurales para el funcionamiento e inversión y cerca de 54. 174 millones por recursos adicionales”.

La pregunta que surge es el porqué de la desfinanciación de la universidad con un universo de 18.654 estudiantes que se supone pagan en promedio un salario mínimo legal vigente semestral a cifras de 2022, además de otro porcentaje similar que recibe por giros de la nación y otras contribuciones e ingresos. No es por plata, es  mala planeación,  despilfarro,  y corrupción.

“La educación es el único camino para resolver nuestros problemas. Juntémonos para trabajar de manera articulada por nuestra tierra”, manifestó la senadora Imelda Daza en la citada sesión de la Asamblea, que fue un ejercicio interesante de discusión con la participación de congresistas sobre nuestra cruda realidad, que abordaremos en próximo editorial.