Bastante duro ha golpeado al país la masacre en la que pereció una candidata a la Alcaldía de Suarez, Cauca, y otro candidato de esa población del país. El asunto ha hecho eco a nivel internacional pues para todos es sabido que aquellos que aspiran a elegirse democráticamente representan a mayorías así como los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La tarde de este miércoles nos llegó el comunicado de la ONU en el que condena, rechaza los atentados y amenazas en contra de candidatos y líderes de Colombia, e insta a que se “investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos hechos violentos”.

Esto fue de buen recibo por parte de los candidatos de Valledupar quienes dialogaron al respecto, en una mesa común en la parroquia La Natividad de María, al norte de Valledupar, y además firmaron el pacto ético y de no agresión que ayer anunciamos en nuestras páginas.

Al mismo tiempo conocimos un informe de la Defensoría del Pueblo en el que a través de su Sistema de Alertas Tempranas se indica el número de casos de amenazas y ataques contra candidatos en el país.

Lo mínimo que debe ocurrir es que se encuentre a los responsables de los hechos de violencia en contra de líderes políticos, y se le garantice la seguridad y el normal desarrollo de su actividad proselitista a 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 12.063 concejales, 32 asambleas, departamentales, 418 diputados y 1.040 juntas administradoras locales, 6.814 ediles.

Vale la pena resaltar que la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo emite un análisis con dos enfoques: escenarios de riesgo derivados del orden público y las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y capacidad emanadas de las expresiones de la confrontación armada en el territorio y una observación del derecho a la participación política y los factores de amenaza y vulnerabilidad que este manifieste en el territorio. Sobre el primer enfoque queremos hacer una reflexión.

Los candidatos del Cesar, principalmente del sur, y aquellos que viajan a esa zona a hacer campaña, podrían necesitar un apoyo extra, sin decir que los que lo hacen en el centro y norte del departamento no requieran de especial atención. Pero es en la zona cercana al sector del Catatumbo, fronteras del Cesar en donde está probada la vigente presencia del Eln y otros grupos delincuenciales en donde hacemos hincapié.

Finalmente, el tema de panfletos en los territorios, que tanto se nos dice no debemos amplificar pues le damos publicidad a quienes quieren infundir terror, es necesario que las autoridades militares y policiales agilicen el estudio de veracidad de estos documentos pues de esta celeridad depende descartar la amenaza o tomar medidas urgentes. A nuestra sala de redacción ha llegado un grupo de líderes políticos del centro del Cesar buscando apoyo para visibilizar su temor y esperamos que las autoridades les dé respuesta a los afectados.

Cerramos con este capítulo de ese informe de la Defensoría: ‘Otro grupo que hace presencia es el Ejército Popular de Liberación (EPL)/”Los Pelusos” con su Frente Elisenio Torres Villalba en Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Pelaya en las partes medias y altas de la Serranía del Perijá, especialmente en los límites con la región del Catatumbo, Norte de Santander; su interés es el mantenimiento de las pretensiones de copamiento de los espacios dejados en la Serranía del Perijá por las extintas FARC-EP’.