La pandemia del covid-19 ha dejado en total evidencia la desvalorización de la salud de la humanidad, al extremo de que poco o nada importa, por ende, la vida tampoco. En consecuencia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tan divulgada por la ONU también ha quedado desvirtuada y devaluada a minúsculo valor, tal cual como las constituciones políticas de los países miembros de la antedicha organización, cuyas cartas magnas son ignoradas sin ningún escrúpulo por quienes se enriquecen ilícitamente, especialmente por los conocidos como delincuentes de cuello blanco que, generalmente, fungen y se autocatalogan como gente de bien, obviamente, bajo la complicidad de gran parte de las autoridades y la indiferencia social. Es tanta la ausencia de censura social, que ya el mal comportamiento de las nuevas generaciones es considerado normal.

Mi vocación y formación médica a ultranza hipocrática me impide aceptar la depreciación de la vida, que es a nivel mundial como ya lo describí. Aunque no es exclusividad de Colombia, en nuestro país ha alcanzado proporciones abismales; por consiguiente, aparece ocupando puestos deshonrosos en los rankings mundiales, como de corrupción, narcotráfico, desigualdad, inseguridad, nivel educativo, falsificación de medicamentos, conflicto interno armado, entre otros igual de nefastos. Condiciones que nos mantienen estigmatizados en las demás latitudes del mundo. Desde hace varios años las autoridades de vigilancia y control de Colombia vienen informando que, anualmente, en nuestro país desfalcan 50 billones de pesos, la misma cantidad la ha ratificado el actual contralor general, esto es una monstruosidad teniendo en cuenta que este año 2021 el presupuesto nacional es de 314 billones de pesos; es decir, casi el 16 %.

De veras, da grima solo pensar el descomunal daño que producen los corruptos al país y a su gente vulnerable. Lo más injusto es que poquitas (por no decir ninguna) personas han sido castigadas como lo merecen.

Nuestras autoridades superiores reconocen que en Colombia hay más de 160.000 hectáreas sembradas de coca, cuántas toneladas de cocaína se producen cada año, cuya comercialización es la mayor fuente de financiación de los grupos armados ilegalmente, este es uno de los porqués por los cuales los colombianos hemos padecido más de 50 años de conflicto armado interno.

Cuando Rosso José Serrano Cadena era director de antinarcóticos del país, y fue catalogado como el mejor policía del mundo, entonces conocí a un oficial de la policía antinarcóticos que, secretamente, me comentó que a los cultivos de coca de los narcotraficantes poderosos los rociaban con agua en vez de fumigarlos con glifosato.

Colombia es el país top ten del mundo en la producción y comercialización de medicamentos falsos, clasificación fehaciente de la degradación social en nuestro querido país, donde la perversidad no tiene límites, porque producir y comercializar medicamentos falsificados es un atroz atentado contra la vida de quienes tienen la desgracia de consumirlos. Yo fui un feliz empresario de la atención de la salud, hasta que aparecieron las EPS creadas por la Ley 100 de 1993. Estas EPS siguen siendo un desastre a pesar de las múltiples reformas a dicha ley, incluida la Ley 1751 de 2015 o Estatutaria de la Salud.

Las EPS demoran en pagarles a las IPS la prestación de servicios, este consentimiento estatal obliga a comprar medicamentos en el mercado informal, para no decir, mercado negro. Esto en nuestro país es un acto criminal; desde entonces comencé a meditar mi retiro del ejercicio de la profesión médica, que antes de la Ley 100 de 1993 ejercí con sumo decoro. Por esto el título de esta columna, en razón a que la economía está por encima de la vida.