Ya en tiempo pascual, pero siguiendo el hilo conductor de una columna escrita -con igual título- por el líder político conservador (y copartidario) José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegan, en la que plasma su indignación hacia la justicia y los jueces, nosotros, los abogados, quienes tenemos la función social de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, igualmente estamos encrespados con las ramas ejecutiva y legislativa del poder público y sus hombres.

Pero ha de recordarse que Jesús advierte en pasajes de la Biblia, “(…) ustedes son la sal de la tierra y si ustedes se corrompen, ¿cómo evitar que se corrompa el pueblo cristiano? Y la sal, que da sabor agradable a los alimentos, es referente para los hijos de Dios, cuya vida y testimonio deben ser llenos de sabor y encanto”. 

Señalar en perspectiva absolutamente equivocada que por algunas situaciones particulares, la justicia en general es corrupta, no le hace bien a miles de jueces de Colombia que todos los días dispensan justicia humana, con pundonor, transparencia, abnegación y decoro.

Por algunos casos de resonancia nacional se generaliza hacia jueces honestos en San José Ocune, Cumaribo en Vichada o en Putumayo, Villagarzón, San Miguel de Mocoa o en Puerto Santander, Mariti-Paraná en Amazonas, o en Curumaní, Chimichagua en el Cesar, o en Aquitania, Monguá en Boyacá, o en Aranzazú, Chinchiná en Caldas, y, en fin, en los más profundos rincones de Colombia donde están ahí enhiestos y valerosos jueces, sorteando vicisitudes y penumbras.

En esa retrospectiva, olvidó adrede Pepe Félix recordar condenas ejemplares contra muchedumbre de políticos emblemáticos de Colombia. Asomarse ayer y hoy a la cárcel La Picota muestra la fauna política de la patria. ¿Por qué olvidarse de ese nauseabundo espectáculo que recibió repuesta severa de los jueces?

Ahora, siempre observamos que cuando se empezó a investigar y juzgar masivamente a los denominados parapolíticos en Colombia (senadores y representantes a la Cámara), a quienes por competencia foral le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, en su sala de Casación Penal, comenzó la desgracia pública de la justicia penal, porque evocando a Rousseau, el “hombre es bueno y la sociedad lo corrompe”. 

Se reclama que la rama judicial requiere de una reestructuración, pero también la rama legislativa y el sistema presidencial, mejor dicho, la sociedad requiere de reformularse. Pero ello no va a suceder. Nadie va a solucionar los problemas estructurales de la patria. 

Los legisladores reclamaban con alharaca que eran los únicos que no tenían doble instancia en sus juicios, y lo paradójico era que quienes podían legislar sobre la materia eran ellos mismos. Lo hicieron en el 2018 y en sede penal crearon las “criaturas” de la sala especial de instrucción y la de primera instancia al interior de la tradicional Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando se atrevan a posicionarse esos dos cuerpos colegiados empezarán a temblar senadores y representantes. Todos desfilarán por esas sedes judiciales y serán privados de la libertad. Aquellos están en calistenia judicial. Vendrán momentos cruciales.

Y bien, al asumirse posturas como la de convocar a imputación de cargos a un político como Sergio Fajardo, por la Fiscalía, enseguida se activa el deporte nacional de opinar sobre lo divino y humano, por neófitos del Derecho, principalmente ahora los graduados “periodistas juristas”.

Técnicamente, no es un problema de los jueces, porque el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se encuentra tipificado en el Código Penal. Si los opinadores señalan que ello no está bien, al abolir el delito, pues, como cuando para evitar futuros devaneos de las mujeres, vender el sofá de la casa -mise en scene- protagonista del acto infiel.