La relación entre los conceptos ‘verdad’ y ‘justicia’ es trascendental para la construcción de paz, de acuerdo al análisis de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

En su análisis sobre los avances y retrocesos de lo justo en Colombia en el marco del conflicto armado, este comité recuerda que la ley de Justicia y Paz trajo la posibilidad de disminuir algunas penas.

Pero siempre y cuando hubiera contribución completa a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad y compromiso en la reparación a las víctimas. 

RECONOCIMIENTO INCONCLUSO 

“Sin embargo, ese proceso está aún inconcluso para los responsables y las víctimas porque a pesar de la desmovilización de las AUC, se dio una reorganización de las estructuras paramilitares más ligadas al narcotráfico”, señala el Informe. 

De acuerdo con el investigador Lukas Rodríguez, en el Cesar operó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a través de cuatro frentes.

“Basó su accionar en contra la población civil como lo fueron masacres, que posteriormente generaban desplazamiento forzado y despojo de tierras…”, expresó Rodríguez.   

Por eso la Comisión afirma que “la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos ha limitado el derecho a la verdad de las víctimas y generado una situación de falta de claridad jurídica”. 

CASO JEP

Ahora bien, en el documento se expresa que las fórmulas de la relación entre verdad y justicia han avanzado en los casos puestos en marcha en la Justicia Especial de Paz, JEP, en el caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

“Esto ha permitido el reconocimiento de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra cometidos por las FARC-EP y violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por miembros del Ejército”, precisa. 

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Batallón La Popa, de Valledupar, este año la ciudad fue testigo de los relatos de 12 exmiembros de este cuerpo militar. 

También pidieron perdón a las víctimas, sobre todo al pueblo indígena que fue de los territorios más afectados. 

No obstante, fueron  15 a los que la JEP les imputó por 127 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Cesar y La Guajira. 

“Cuánta justicia y cuánta amnistía es posible es la medida que la sociedad necesita y quiere conocer para pasar la página de las atrocidades de la guerra”, subraya la Comisión. 

El órgano de paz manifiesta que ese fue el planteamiento de la JEP, ya que las medidas de justicia restaurativa suponen la contribución efectiva a la verdad y la reparación a las víctimas. 

DUDAS Y EXPECTATIVAS 

Entre las víctimas, organizaciones de derechos humanos y demás actores de la sociedad aún  hay dudas y expectativas sobre la verdad, los reconocimientos y la eficacia de la justicia. 

Existe convicción compartida que podría resumirse en que “sin justicia nunca llegará la paz verdadera”, dicen los relatos de ‘Hay futuro si hay verdad’.