Aunque resulte un tanto paradójico y contradictorio, debemos dar gracias a la presencia del covid-19 en nuestro país, que le permitió al alto Gobierno, a los congresistas y a la prensa nacional e internacional conocer de cerca lo frágil que hemos sido en materia de salud, y mostró aquella cruel realidad que afrontan nuestros hospitales sumergidos en una crónica crisis financiera y operativa que tiene al borde del colapso a la red pública hospitalaria, en detrimento de una buena y oportuna atención a los pacientes, o “clientes”.

Son más de tres décadas las que llevan los profesionales de la salud exigiendo reformas de fondo y de manera estructural e integral, que genere sostenibilidad en el tiempo, pero desafortunadamente sus plegarias han sido extraviadas en una selva llena de micos e indiferencia. Y aunque hoy se tramita en el congreso una nueva reforma a la salud, no tenemos claridad sobre sus alcances o lo que quedará de la misma.

Mucho se ha cuestionado y criticado la Ley 100 de 1993, a la cual se le han atribuido injustamente todos los males de la salud, pero siendo consecuentes con la realidad de las cosas: no todo es culpa de ella. Antes de su puesta en funcionamiento en 1993, solamente el 23,7 % de los colombianos estaba afiliado al sistema y el 76,3 % tenían que pagar por sus servicios en forma particular o buscar la caridad médica y hospitalaria. A partir de ella y de todas las reformas que se le han venido implementando (véase Ley 1122/07, Ley 1438/11, y la más reciente denominada Ley estatutaria de salud o Ley 1751/15, más cualquier cantidad de decretos), han generado resultados destacables: hoy contamos con una cobertura por encima del 95 %, la disminución sostenida de la mortalidad perinatal, infantil y de la niñez, contar con uno de los planes de inmunización gratuito más completo de América, la ampliación y unificación del plan de beneficios, reducción de los índices de desnutrición en niños, disminución de embarazos en adolescentes, mejoras en la seguridad del paciente y el control de precios sobre algunos medicamentos.

No obstante estos ostensibles avances, aún subsisten múltiples falencias que merecen la más fina y cuidadosa atención. Entre otros aspectos, el de las especialidades médico-quirúrgicas. Pues, resulta inadmisible que un país por encima de los 50 millones de habitantes, disponga de un poco más de 100 mil médicos generales, remitiendo pacientes a un número cercano a los 23 mil especialistas, la mayoría de ellos radicados en las ciudades capitales e intermedias, dejando al resto de la población con muy limitadas opciones de acceder a estos servicios.

Esta escases de especialistas es lo que produce el retardo en la oportunidad de la atención, pues los pacientes deben esperar más de 3 meses inclusive para conseguir una cita y en muchas ocasiones cuando le llegó la hora, le dan la mala noticia de que al especialista se le terminó el contrato o se fue a un congreso o seminario. La génesis de esta carencia radica en los pocos cupos que ofertan las universidades, aunado a los elevadísimos precios que cobran a los que logran ingresar.

Muchos optan por irse a otros países y un alto porcentaje después de especializarse prefiere quedarse en el exterior en busca de mejores salarios y oportunidades. Por eso me llama la atención que en la actual reforma que cursa en el Congreso de la República solo se hayan limitado a tocar el tema de manera superflua y vaga mediante el cual proponen la construcción de un Sistema de Información de Disponibilidad de Talento Humano en Salud.

Y que se establecerá un Examen Único Nacional de Ingreso, el cual se hará anualmente. ¿Y del aumento de cupos para poder acceder a estas especialidades, qué? ¿Y de los subsidios para disminuir los costos o condonación de las matriculas como en otros países, qué? Aspectos a rescatar de la actual reforma: un régimen único de salud.

Los regímenes contributivo y subsidiado se integrarán en un único régimen con beneficios equivalentes para toda la población. Esto terminaría con la discriminación que experimentan algunos pacientes del régimen subsidiado. También contempla la Unificación del Plan de Beneficios de Salud. Todos los servicios quedarían integrados y contenidos en un Plan Único de Salud, PLUS. “Las ESE que no tengan sostenibilidad financiera deberán reestructurarse, fusionarse o adoptar otros mecanismos para alcanzar la viabilidad financiera y de servicios”. Y el punto por el que tanto han luchado los trabajadores de la salud: la “Prohibición de tercerización laboral para el Talento Humano en Salud”. Esperamos entonces que la Asociación Médica Sindical, Asmedas, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, el Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, entre otros, logren por lo menos salvar estos últimos articulados y ojalá puedan incluir el tema de las especializaciones que tanta necesidad y preocupación genera en los pacientes. Pueda ser, que a la hora de dar tijera, como sucede generalmente en este tipo de proyectos, los congresistas encargados de hacerlo, no les corten las alas a las ilusiones de estos abnegados trabajadores.