El límite a los sueños es la realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y la corrupción, los Acuerdos de La Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un gran conejo a las Farc, o un montaje para su reinserción: impunes, con tierras, mal habidos […]
El límite a los sueños es la realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y la corrupción, los Acuerdos de La Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un gran conejo a las Farc, o un montaje para su reinserción: impunes, con tierras, mal habidos recursos y sus derechos civiles intactos; listas para hacer política.
La Comisión de Paz del Congreso estimó el costo del mal llamado posconflicto en 90 billones de pesos, sin contar, según el senador Barreras, “lo que vale el fin del conflicto, es decir, el desarme, la desmovilización y la reintegración de 18.000 excombatientes, que cuestan $630.000 millones”.
La mayoría de estos recursos se destinará al desarrollo rural, con énfasis en los primeros años.
Barreras estima que, para 2017 y 2018, se requerirán 16 billones ¡adicionales! en los respectivos presupuestos, y el subrayado es porque el Gobierno hace cuentas con la plata que ya se está gastando.
Dicen que “del cuero salen las correas”, pero no vemos el cuero. Cuando estas cifras se publicaron, a mediados de 2015, un optimista o desinformado Subdirector del DNP declaró que, a partir de 2013, el presupuesto para el sector agropecuario aumentó de 3 a 5 billones anuales, y estimó que se mantendría constante durante los próximos cuatro años.
La información del Ministerio de Agricultura dice otra cosa. La apropiación final fue de 1,4 billones en 2012 (la mitad de los 3 billones), y entre 2013 y 2015 apenas superaron los 2,7 billones anuales.
Ad portas del posconflicto, con las apretadas de cinturón de una economía en suspenso, la apropiación del Ministerio para 2016 va en 1,7 billones.
Aun así, el periodo 2013-2015 tuvo las mayores apropiaciones en los últimos años, siete veces mayores a la de 2005 –0,36 billones–. Lo que no se ha visto es el impacto. Para acallar el “tal paro agrario” de 2013, el Gobierno lanzó el Pacto Agrario, con la promesa de un billón para proyectos productivos. Según Finagro se presentaron más de 3.000. Las organizaciones ganaderas, con la asesoría del Fondo del Ganado, entonces administrado por Fedegán, presentaron más de 300 que fueron preseleccionados, pero del “tal billón” no se supo y nadie dio explicaciones sobre el Pacto ni los recursos.
Como no las ha dado el ministro Iragorri sobre los 2,4 billones para Inversión en 2015. ¿En qué se gastó? ¿Qué y con quién se contrató? Si hoy no se ven resultados, ¿qué esperar de los inciertos recursos del posconflicto?
No se ve cómo se financiará la Reforma Rural, con sus doce Planes Nacionales para transformar el campo. De dónde saldrán los 16 billones adicionales para 2017, si en el año de la firma solo hay una décima parte de esa cifra.
Me temo que el Gobierno y las Farc saben que los acuerdos son incumplibles y solo servirán de telón de fondo a su reincorporación.
El límite a los sueños es la realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y la corrupción, los Acuerdos de La Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un gran conejo a las Farc, o un montaje para su reinserción: impunes, con tierras, mal habidos […]
El límite a los sueños es la realidad del bolsillo. Por ello, frente a una economía en aprietos, la profusión de mermelada y la corrupción, los Acuerdos de La Habana y, en particular, la Reforma Rural, o serán un gran conejo a las Farc, o un montaje para su reinserción: impunes, con tierras, mal habidos recursos y sus derechos civiles intactos; listas para hacer política.
La Comisión de Paz del Congreso estimó el costo del mal llamado posconflicto en 90 billones de pesos, sin contar, según el senador Barreras, “lo que vale el fin del conflicto, es decir, el desarme, la desmovilización y la reintegración de 18.000 excombatientes, que cuestan $630.000 millones”.
La mayoría de estos recursos se destinará al desarrollo rural, con énfasis en los primeros años.
Barreras estima que, para 2017 y 2018, se requerirán 16 billones ¡adicionales! en los respectivos presupuestos, y el subrayado es porque el Gobierno hace cuentas con la plata que ya se está gastando.
Dicen que “del cuero salen las correas”, pero no vemos el cuero. Cuando estas cifras se publicaron, a mediados de 2015, un optimista o desinformado Subdirector del DNP declaró que, a partir de 2013, el presupuesto para el sector agropecuario aumentó de 3 a 5 billones anuales, y estimó que se mantendría constante durante los próximos cuatro años.
La información del Ministerio de Agricultura dice otra cosa. La apropiación final fue de 1,4 billones en 2012 (la mitad de los 3 billones), y entre 2013 y 2015 apenas superaron los 2,7 billones anuales.
Ad portas del posconflicto, con las apretadas de cinturón de una economía en suspenso, la apropiación del Ministerio para 2016 va en 1,7 billones.
Aun así, el periodo 2013-2015 tuvo las mayores apropiaciones en los últimos años, siete veces mayores a la de 2005 –0,36 billones–. Lo que no se ha visto es el impacto. Para acallar el “tal paro agrario” de 2013, el Gobierno lanzó el Pacto Agrario, con la promesa de un billón para proyectos productivos. Según Finagro se presentaron más de 3.000. Las organizaciones ganaderas, con la asesoría del Fondo del Ganado, entonces administrado por Fedegán, presentaron más de 300 que fueron preseleccionados, pero del “tal billón” no se supo y nadie dio explicaciones sobre el Pacto ni los recursos.
Como no las ha dado el ministro Iragorri sobre los 2,4 billones para Inversión en 2015. ¿En qué se gastó? ¿Qué y con quién se contrató? Si hoy no se ven resultados, ¿qué esperar de los inciertos recursos del posconflicto?
No se ve cómo se financiará la Reforma Rural, con sus doce Planes Nacionales para transformar el campo. De dónde saldrán los 16 billones adicionales para 2017, si en el año de la firma solo hay una décima parte de esa cifra.
Me temo que el Gobierno y las Farc saben que los acuerdos son incumplibles y solo servirán de telón de fondo a su reincorporación.