La vulneración de los derechos humanos en los distintos aspectos de la vida cotidiana como la adquisición de un servicio básico, la seguridad ciudadana y la salud, entre otros, son unos de los motivos por los que muestra preocupación la sociedad cesarense. EL PILÓN en aras de conocer el trabajo realizado por una de las entidades encargadas de velar por los derechos de los colombianos dialogó con el defensor nacional del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, en una reciente visita que hizo a Valledupar.  

El servicio de energía es en el momento la mayor preocupación del departamento del Cesar. ¿Desde la Defensoría qué gestiones hacen para velar por los derechos de los ciudadanos?

Hemos tenido espacios autónomos con las instituciones independientes, con Afinia y Air-e, que son las empresas prestadoras del servicio, también tuvimos espacio con el Ministerio de Minas, con la Comisión Reguladora de Energía y Gas, con la Unidad de Planeación Minero Energética, las gobernaciones, las alcaldías a instancias de las distintas federaciones; también, ellos muy apersonados de la problemática. Nosotros como Defensoría e institución de derechos humanos estamos haciendo un seguimiento y acompañamiento permanente con ese contexto; una segunda acción que hemos emprendido es a partir del monitoreo y análisis de la situación en general y particular del Caribe colombiano, hemos construido y elaborado a partir de los insumos de nuestra misionalidad que es el acompañamiento en el contexto de derechos humanos y velar por los intereses, protección y goce efecto de los servicios. 

Pero este es un problema histórico que viene desde Electricaribe y requiere una solución de fondo, ¿cuál sería la recomendación?  

La accesibilidad (al servicio) la podemos encontrar en cuatro factores: a la física, a la información, a la no discriminación y el cuarto la accesibilidad económica; hablo de la económica porque hay que revisar el contexto y particularidades de cada región. En el Caribe colombiano encontramos unos estándares y unas cifras alarmantes en materia de pobreza multidimensional, superior al 26.8%, algo que es impresionante y que podemos observar, la brecha que existe entre la ruralidad y la urbana. También encontramos que estamos hablando de afectaciones de derechos asociados, entonces debe haber un enfoque diferencial; me refiero a que se debe atender el factor de pobreza, el factor de necesidades básicas insatisfechas y otro que es importante: la accesibilidad económica. 

¿Quién considera que tendría que regular ese incremento en la tarifa como se había anunciado?

Las instituciones vienen haciendo las tareas que corresponden. Lo que sí le pedimos a la Superintendencia es que aumente sus facultades, es decir, las de vigilancia y control, que exista mayor presencia en las facultades que tiene como órgano de inspección, vigilancia y control. La Comisión de Regulación viene haciendo lo propio, estableciendo los criterios y metodología. Necesitamos esfuerzos entre el Gobierno y los entes de control. 

Existe otro problema histórico en el Cesar y es el hacinamiento. ¿Cómo reivindicar los derechos de los internos?

Nos preocupan diferentes aspectos sobre cómo los derechos humanos son vulnerados sin ninguna clase de intervención por parte de los actores estatales; esto para decirles que es tarea primordial de la Defensoría la atención de los derechos individuales y colectivos de las personas privadas de la libertad en los distintos centros transitorios del país, entiéndase unidades de reacción inmediata, estaciones de Policía y también los centros penitenciarios del país.

Establecimos un plan de choque que ya lo activamos para buscar el deshacinamiento en esta estación de Policía (‘La 19’ de Riohacha) y que esa sirva de piloto para irradiarlos a los distintos centros de detención transitorio del país, por supuesto en esos La Permanente. Desde la Defensoría se dispuso de defensores públicos para que atiendan la situación jurídica de cada una de las (personas) privadas de la libertad, el personero dio una caracterización, cuánto tiempo llevan allí, los delitos que endilgan y si ya se han llevado a cabo audiencias. Hablé con el ministro de Justicia sobre ese plan piloto para que las personas que son condenadas o personas destinatarias de la protección, por parte del Inpec, se evalúen las condiciones y el número de personas para ser trasladadas. 

¿O sea que la disminución del hacinamiento es más factible por la justicia restaurativa nombrada por el Ministerio de Justicia?

Quien dirige la política pública es el Ministerio de Justicia, ellos han dicho que van a darle especial impulso a las medidas de justicia restaurativa, es decir, ellos van a conmutar trabajo, servicios sociales por pena; de manera que, eso es una línea que ha trazado el rector de esa política pública. Y claro, es una realidad en la cual en la Defensoría hemos hecho especial resonancia porque estamos convencidos de buscar la manera de que a través de la implementación de la justicia restaurativa o penas alternativas logremos avanzar en el propósito del deshacinamiento carcelario. Otra discusión es si se habilita o no más pabellones y se construyen espacios de centro de detención, eso es objeto de otra discusión. 

Pese al cambio de Gobierno, las amenazas contra los líderes del país continúan. ¿Cómo está el panorama actual y cómo afrontarlo?

Por supuesto, estamos muy preocupados y de manera permanente venimos haciéndole seguimiento a lo que tiene que ver con las garantías de seguridad a los excombatientes y personas en proceso de reincorporación, la semana anterior presentamos el informe anterior, pero esta vez lo hicimos para los primeros ocho meses del año donde desafortunadamente arrojó una cifra de homicidios de líderes sociales de 136. 

En la Defensoría del Pueblo estamos en el continuo análisis, pero monitoreo de cómo evoluciona para que las distintas instituciones del Estado colombiano como la Unidad Nacional de Protección actúen y a la que se le hace un llamado para fortalecer las medidas. 

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN 

[email protected]