Dios quiera que sirva de motivación a la ciudadanía la sanción de más de 700 millones que acaba de imponerle la Superintendencia de Industria y Comercio al tal Jorge Hané, por la estafa que hace años viene haciéndole a miles de colombianos induciéndolos a comprar y consumir un producto que para nada cumplen con las bondades y condiciones que él mismo actor anuncia en los comerciales de radio y televisión.

En nuestro país esa bendita publicidad engañosa pulula por todas partes, aquí muchísimos comerciantes ven a los clientes como potenciales “marranos”, de tal manera que por todos lados hay anuncios de venta de productos con descuentos del 40, del 50 y hasta del 70 por ciento y averigüe usted cuánto vale el producto realmente o cuanto costaba antes del tal descuento.

Lo más grave de todo esto es que los colombianos así como nos hemos acostumbrados a los altísimos niveles de corrupción por parte de las autoridades gubernamentales, también al parecer aprendimos a convivir con las estafas de muchos comerciantes, y las denuncias que se hacen son muy pocas en relación con este flagelo.

La Superintendencia colapsaría si denunciáramos los reales casos de publicidad engañosa con los que nos tropezamos a diario, la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, contiene normas que ponen en cintura a los comerciantes y que nos dan herramientas a los ciudadanos para no dejarnos estafar; el problema es que el tal principio de publicidad de la Ley, en la práctica es letra muerta, porque de una parte el Estado no cumple con su deber de hacer que los gobernados conozcan a plenitud las leyes, y de otra nosotros tampoco nos interesamos por conocer nuestros derechos constitucionales y legales.

Una pregunta que surge de la investigación y sanción que la Superintendencia le acaba de imponer al laboratorio de Jorge Hané es qué pasa con los perjuicios causados a tantas personas que este señor ha venido estafando durante años, el asunto no debería quedar en una simple e irrisoria multa, lo mínimo que debería es devolver los dineros de los que se ha apropiado sin causa e indemnizar a las víctimas.

También nos preguntamos y cuál es la sanción impuesta a aquellos medios de comunicación que han difundido el comercial por tantos años y que según la Ley mencionada son responsables solidariamente por culpa gravísima que se da por omisión y negligencia de exigir al anunciante las pruebas de las bondades, beneficios y condiciones objetivas del producto que se promocionaba.

Los invito a denunciar estos y tantos atropellos de que somos víctimas los consumidores, porque como dice el adagio popular “el que no llora no mama”.