En las marchas que comenzaron a finales de abril, extendidas por dos meses, surgió el concepto de “primera línea”, una expresión inédita en las luchas sociales de Colombia. En lo físico es el primer lugar de sacrificio frente a la respuesta represiva del Gobierno, donde están las cámaras de la judicialización y/o del exterminio; muchos de esta línea han desaparecido o son muertos, o han sido mutilados; por eso, han tenido que cubrir sus rostros, un elemental derecho a la conservación de la vida, que no requiere ningún tipo de legislación. 

Así procedió el Estado con los llamados jueces sin rostro para protegerlos de la mafia. El camuflaje con máscaras no es nuevo, tenemos un país de encapuchados que muestra dos caras, una en épocas electorales y otra dentro del gobierno y otros órganos de poder. Si esto no es un disfraz, entonces, ¿qué es?

 Filosóficamente, la primera línea es la punta de lanza de una reivindicación socioeconómica incumplida durante 200 años de aparente vida republicana, punto de inflexión entre un sistema autárquico, corrupto y amoral que languidece, y una alternativa nueva de recomposición moral y social sin que eso implique una ideologización. Allí se atrincheran hombres y mujeres, todos jóvenes, pidiendo pistas para transformar al país; no son vándalos, como peyorativamente los llama el gobierno para estigmatizarlos; son ambientalistas, ninis, académicos y artistas sin que haya integración vertical en su organización. Ignoramos quiénes son pero sabemos lo que piden, que es tangible y alcanzable. Sabemos que es una nueva generación de valientes y cualificados muchachos preocupados por tener una democracia auténtica y asqueados por las prácticas corruptas de quienes han manejado a Colombia desde la independencia.

 Ellos lo que piden es audiencia para que los escuchen pero no quieren conversar con Caballero y Góngora, como les ofreció Claudia López. No, ellos no quieren ir al cadalso, solo desean ocupar el lugar que les corresponde. Ellos pueden dar el estárter que necesita la nación para vencer la inercia; más, se imponen el “principio de autoridad”, la torpeza del gobierno, las mayorías parlamentarias y algunos columnistas corifeos que creen que dialogar es perder. ¡Qué inseguridad dialéctica! 

Esta categoría de lucha no obedece a una jerarquía partidista, gremial o de organización alguna preelectoral; no la dirigen partidos ni sindicatos, es autónoma y plantea sus problemas específicos con sus propios métodos. 

Su origen podría estar en las luchas de Hong Kong y Chile. De una cohorte como esta nació la CPC 1991, ya mutilada. Sin embargo, este gobierno, de catadura fascista, no conforme con el Código Penal vigente, prepara un proyecto de ley para extirpar los reclamos y marchas, y lo quiere tan profundo que no lo estudia el equipo de la oficina jurídica de la presidencia, como se estila, sino el Ministerio de la Defensa.

 ¿Otro Estatuto de Seguridad? Así, nuestra juventud desaparecerá, morirá, estará presa o mutilada; habrá mucho dolor y lágrimas. Cuando un régimen utiliza la fuerza para sostenerse es una dictadura. ¡Qué horror!