Petro pretende la cobertura inmediata de todos los adultos mayores que no tienen pensión, cerca de tres millones. Eso exigiría unas cuantías gigantescas que van desde 18 billones anuales, medio millón de pesos a cada uno, hasta cerca de 20 billones, medio salario mínimo.

Petro propone que la cobertura de esos adultos mayores se haga con las cotizaciones de los trabajadores que devengan hasta cuatro salarios mínimos.

No es claro si los aportes que se quieren trasladar de los fondos privados al Estado irían al régimen de prima media de Colpensiones. En ese caso, los ahorros privados financiarían las pensiones ya existentes en el Estado y harían aún más regresivo el sistema. La alternativa sería que la cobertura no se haga por el camino pensional sino a través de subsidios directos, pero en ese caso la medida gubernamental se convertiría en un impuesto al trabajo y al ahorro. 

Por cualquiera de las dos vías la propuesta es insostenible. Los aportes de aquellos que quedarían obligados a entregar sus ahorros al Estado se calculan en cerca de 17,7 billones al año. Ese dinero renta en las AFP pero no en el régimen de prima media ni en el sistema de subsidios estatales. Como el sistema de prima media ya es insostenible, porque los aportes han sido y son mucho menores que las pensiones que se entregan, la propuesta de Petro agravaría exponencialmente el déficit actual. Si la pensional es la vía escogida, es muy probable que los apostantes no reciban la pensión que buscaban con su ahorro, por mucho que el Estado prometa lo contrario. Pero si el camino que se escoge es el del subsidio estatal, los aportantes simplemente perderán sus ahorros y su pensión futuro sería todavía más azarosa.  

Al final, no habrá alternativa distinta a subir aún más los impuestos o endeudarse todavía más, o una combinación. Los mercados verán con aún mayor preocupación la situación fiscal del país, se encarecerá más nuestra deuda y habrá una devaluación aún más acelerada.

Dos factores agudizan el problema. Por un lado, hay que resolver el desafío de la informalidad, que hoy es del 58,3%. Es decir, seis de cada diez trabajadores no aportan para su pensión. Por el otro, el acelerado envejecimiento de la población colombiana, más rápida aún que el promedio global. En diez años, apenas habrá una persona menor de 15 años por cada adulto mayor de 60. Hoy, 8 de cada 10 afiliados a las AFP es menor de 45 años. ¿De dónde saldrán los recursos para pagar sus pensiones?

La reforma pensional es indispensable. Pero la propuesta de Petro no solo vulnera los derechos y libertades de los aportantes, sino que es insostenible y solo asegura la quiebra definitiva del sistema y más hambre, mucha más hambre, en el futuro.