Inicia el año y con él la habitual protesta de aquellos que no lograron beneficiarse con la financiación educativa para el ingreso y permanencia en estudios de pregrado en los niveles profesional, tecnológico y técnico de alumnos de los niveles del Sisben 1, 2 y 3 y/o población vulnerable víctimas del conflicto armado interno de escasos recursos económicos, como lo contempla la ordenanza 080 del 2013 expedida por la Asamblea Departamental del Cesar.

Generoso el espíritu de esta norma que no es otro que garantizarle a personas que no cuentan con recursos suficientes, el acceso a la educación superior, previo lleno de los requisitos que la norma exige para ser favorecidos con las bondades financieras de la ordenanza 080 del 2013. Sin duda alguna una clara muestra de lo que significa o debe significar el Estado Social de Derecho, la creación de condiciones que permitan que al hombre no sólo se le reconozcan los derechos sino que se le brinden todas las garantías necesarias para que pueda disfrutar de ellos.

Pero bueno, a simple vista la figura creada por Fedescesar y la ordenanza en mención tiene unos efectos sociales incuestionables en favor de la población universitaria más necesitada y ligeramente se puede decir que los estudiantes tienen toda la razón en protestar por no estar incluidos en la lista de beneficiarios; sin embargo, un vistazo más reposado a la situación puede indicar que es necesaria una reforma al estímulo inherente a la norma (acto administrativo) expedido por la Asamblea Departamental.

Uno de los grandes problemas que tiene la Ordenanza 080 del 2013 es el rango tan amplio que permite que alumnos con notas desde 3,7 puedan acceder a la financiación condenable, generando serios problemas, uno de ellos de tipo académico, el estudiante de 3.0 a 3.9 es aquel que se acomoda en el mínimo esfuerzo, que se limita a cumplir con lo básico o en el peor de los casos a que le regalen la nota, por eso muchos de ellos durante el semestre no cumplen con sus obligaciones y al culminar le ruegan al docente que los pase o de lo contrario perderán “la beca”.

El Estado promueve programas que permite que estudiantes que se destaquen en las pruebas del Estado, después de acreditar que pertenecen a los sectores más vulnerables de las sociedad, puedan acceder a instituciones de educación superior gracias al otorgamiento de unos beneficios, ese es el caso de “Ser pilo paga” que hace parte de una política pública con cualquier cantidad de críticas, pero no se puede desconocer que es un avance que premia a los mejores, en cambio con la financiación de Fedescesar se recompensa a cualquiera, es más, en el caso de estudiantes nuevos sólo se requiere superar las pruebas Saber o Icfes sin establecer un puntaje especifico.

Por otra parte, se espera que este año la Universidad Nacional sede La Paz vea la luz, lo que implicaría que a los estudiantes de esta institución también se le extienda la aplicación de la Ordenanza 080 del 2013, como lo indica en el numeral 2 del artículo sexto, ya que basta que una universidad pública tenga asiento en este departamento para que los estudiantes soliciten la financiación allí concebida, lo que constituiría un agravante más. Por lo tanto, es necesario establecer condiciones más rígidas para que los estudiantes apliquen a estos beneficios, pero también conectar las instituciones públicas de educación básica con los retos de las universidades para que formen mejores estudiantes conscientes de sus compromisos y dignos de todo tipo de incentivo.