Comparto en todo su alcance el concepto de uno de los principales asesores del proceso de paz en Colombia, el excanciller de Israel Shalon Ben Ami, cuando afirma que Colombia tiene que pagar un precio por la paz, lo cual puede tener dos interpretaciones: “Cuando un presidente conduce a la guerra, une al país. Cuando conduce a la paz, lo divide”. Es indiscutible que nuestro país quiere la paz, pero no existe consenso en cuanto al precio que hay que pagar. Cuando se trata de un país con una democracia abierta de ásperas verdades y oposición política activa, se presentan estas situaciones paradójicas y difíciles que por su tamaño y aspecto son amargas de tragar, especialmente en materia de justicia.

Si nuestro país intenta la aplicación de una justicia absoluta, no es posible un acuerdo de paz. Los insurgentes para llegar a un acuerdo de paz no van a pasar del uso de las armas a unas manos esposadas para ir a una cárcel. El precio que se tiene que pagar por la guerra es muy alto y el precio por la paz tiene una presentación diferente porque gran parte del imaginario de la gente cree que no es necesario porque se puede derrotar militarmente al enemigo en vez de darle concesiones. Es una postura que se puede mostrar lógica, pero que es inaceptable. ¿Cuántos muertos más se necesitan? Estar negociando la paz es ya una victoria del ejército y de la democracia colombiana, sin mayores exigencias revolucionarias.

El Gobierno Santos está en una especie de encrucijada porque encuentra a un país escéptico, incrédulo y resistente a concesiones por la vivencia de 50 años de fracasos y traiciones en las negociaciones pasadas. Es necesario darle un rostro amable y restaurador a la justicia con un marco político que esté de acuerdo con el momento donde no se hable solo de castigos sino de sanar heridas y de reconciliación nacional. Lo que está en juego es el futuro de Colombia. Hoy, esperamos confiados que estemos frente a un proceso de paz irreversible donde es totalmente inadmisible que las Farc no entreguen las armas y con una fuerza pública capacitada para darles seguridad personal, sin sombras de lo ocurrido con la Unión Patriótica.

La posibilidad de incorporar a las Farc a la política no es muy popular, pero es importante para la nación que tengan esa representación en vez de seguir como una organización clandestina, sin respeto por ninguna ley. En el pasado, experiencias como las de Irlanda del Norte, Mozambique, Nicaragua y Sudáfrica, acabaron con los insurgentes entrando en la política. A pesar que el narcotráfico de las Farc es un delito conexo con la rebelión, es muy difícil encontrar un grupo terrorista que no tenga una relación con economías ilícitas. Ahora, es necesaria la eliminación de los cultivos de coca con alternativas de subsistencias para la población afectada.

Debemos aceptar que perdón es una herramienta muy poderosa porque libera el alma y elimina el miedo, pero los colombianos tenemos que respetar el pluralismo y la forma de pensar diferente.