En departamentos mineros como el Cesar, las regalías representan los principales ingresos públicos. Los planes de desarrollo municipales y el departamental, a la par del presupuesto, se basan y sostienen en esos ingresos. Por eso, cada norma o reforma sobre esta reglamentación incide directamente en la política pública.

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 El tema de las regalías regresó a la agenda nacional y regional con la aprobación de la última reforma. El Gobierno nacional  llevó al Congreso  de la República un proyecto para aumentar la participación de los departamentos  y municipios productores y portuarios, sin disminuir los recursos destinados a las regiones no productoras. La fórmula fue hacer uso de los ahorros.

En el foro organizado por el diario EL PILÓN este martes, denominado ‘El Cesar y la nueva ley de regalías’, el senador Didier Lobo reconoció que el trámite por el Congreso no fue sencillo. “¿A quién que le hayan dado algo que no le pertenece, no se va a molestar si se lo quieren quitar? Sentido común”, señaló Lobo durante su ponencia.

Para que la reforma al sistema de regalías no fuera de perdedores y ganadores, el exministro de Minas y Energías, Amylkar Acosta, explicó que el Gobierno nacional usó los recursos guardados durante las vacas gordas.

 “¿La gran pregunta era cómo se mejoraba la participación de los departamentos y municipios productores sin detrimento de los ingresos que venían recibiendo por concepto de regalías las regiones que no son productoras? La exministra de Minas Maria Fernanda Suárez se las ingenió y lo logró echando manos de los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización y en el Fondo de Pensión Territorial“, señaló el exministro.  

Es por eso, explicó, que para el presupuesto del bienio 2019-2020 el Fondo de Ahorro y Estabilización tuvo $2.9 billones. En cambio, para el presupuesto 2021-2022 tendrá solamente $340 millones. En el caso del Fondo de Pensión Territorial, Fonpet, que contaba con  $1.2 billones, en el nuevo presupuesto tendrá $347 millones.  

Dichos recursos sostienen el incremento de las asignaciones directas para las regiones productoras, que pasaron del 11,2 % al 25 %. Con eso, el Cesar pasará de recibir $230.000 millones en el bienio 2019-2020 a más de $475.000 millones de pesos en el 2021-2022.

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Pero sin duda, los departamentos productores de hidrocarburos, que aportan más de $12 billones a las asignaciones directas, serán los más beneficiados: Meta pasa de recibir más de $650.000 millones a más de $1 billón de pesos. Le sigue Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones de pesos a más de $670.000 millones.

ADIÓS OCAD

Otro de los cambios que instala la reforma es la supresión de 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD,  disminuyendo la cifra a solo 8. Con esto se reduce ese centralismo crónico que obligaba a las regiones a pedir permiso a Bogotá “hasta para mover un papel a la hora de organizar un proyecto de inversión”, explicaba durante su participación en el foro el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.

“Para cargar un papel  en el sistema, no estoy hablando de la aprobación, había que esperar la aprobación desde Bogotá. Un exabrupto. Era un sistema absolutamente centralizado. Eliminamos 1.152 OCAD,   algunos con sentido, pero otros tenían $10 millones de pesos en un bienio”, indicó Luis Alberto Rodríguez.

Lo anterior significa que los recursos de asignación para la inversión local y la asignación para la inversión regional correspondientes a los departamentos no deberán ir a los OCAD, sino que la  priorización y aprobación estarán a cargo de cada entidad territorial beneficiaria, esto es, alcaldías o gobernaciones.

Sin embargo, esto también representa un desafío y es evitar la construcción de los famosos elefantes blancos u obras faraónicas, como la piscina sin agua. En ese sentido, el exministro Acosta señaló que la Contraloría deberá jugar un papel fundamental con el principio de prevención.  

“En el sistema anterior solamente en la medida que los ministerios y departamentos administrativos le daban viabilidad a los proyectos estos podían ser aprobados por los OCAD. Ahora estará en cabeza de las entidades territoriales. Esto beneficia la autonomía territorial, pero entraña una mayor responsabilidad para los gobernadores y alcaldes. Por fortuna, la Contraloría tiene un instrumento mediante el cual se estableció el control preventivo con la finalidad que se pueda llegar a tiempo y evitar la comisión de ilícitos”, señaló Acosta.

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LA FÓRMULA

Durante el foro organizado por EL PILÓN, el presidente de Drummond Ltd., José Miguel Linares, representó al sector privado. El funcionario señaló que la minería, en este caso el carbón, ha sido clave para el cierre de brechas sociales en departamentos como el Cesar.

“Podemos mirar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El Dane tiene una medición del 93′, otra en el 2011 y otra en 2018. Si comparamos la del 93′ con 2018, más o menos el mismo tiempo desde que Drummond inició la explotación, encontramos en los cinco municipios mineros del Cesar los siguientes resultados: en El Paso pasó de un 75,7 % (en 1993) a un 22,6 % (2018); en La Jagua de Ibirico del 71,8 % al 21,1 %; en Chiriguaná del 68,4 % al 25,4 %; en Agustín Codazzi del 56,5 % al 28,4 %, y en Becerril del 71,2 % al 35,5 %“, señaló José Miguel Linares, presidente de Drummond.

La empresa que desde 1995 hasta el 2020 ha exportado más de 500 millones de toneladas de carbón, es la única que sigue en operaciones en el Cesar. Tanto el Grupo Prodeco como Colombian Natural Resources suspendieron sus actividades ante la crisis global del combustible.

En ese sentido, el presidente de la multinacional señaló que se debe revisar la fórmula establecida para el pago de las regalías ante las nuevas condiciones. “En el contrato de La Loma (mina de carbón) se paga un porcentaje superior al porcentaje de regalías que establece la ley. El máximo porcentaje que se paga en regalías por el carbón es del 10 %, Drummond paga el 15 %. Y cuando se firmó la prórroga de La Loma se acordó mantener ese 15 %”, indicó Linares.

“Venimos reclamando en Drummond, desde hace años, que es necesario cambiar la fórmula de los precios bases para calcular las regalías. Seguimos trabajando con un índice que refleja el mercado de Europa, cuando ahora solo representa el 4 % de nuestras exportaciones. Hay que modernizarnos. Es necesario que en Colombia encontremos los índices que reflejen el nuevo destino del carbón colombiano, porque es lo que refleja el precio, y la calidad de ese carbón”.

OTRA OPORTUNIDAD

Varios de los ponentes estuvieron de acuerdo en que debió ser mayor la participación de las asignaciones directas para las regiones productoras. Sin embargo, como señaló el senador Didier Lobo, en el Congreso no se hubiera alcanzado el consenso si se favorecía exclusivamente las zonas productoras.

Por eso, como una oportunidad para alcanzar más recursos en los municipios, el exministro Amylkar Acosta señaló que no solo se permitieran las obras por impuestos en los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), sino que en todos los municipios productores.  

Por Deivis Caro/EL PILÓN