Por todos los medios de comunicación del país se están cuestionando las listas de candidatos inscritos al Congreso de la República para el periodo 2018/2022. Cada minoría electoral de cada Departamento carga con el peso de seguirle entregando al país a los mismos “barones” políticos del pasado o a sus hijos, nietos, cónyuges, hermanos o al candidato que más dinero tenga en su poder, como ocurre en el Cesar y en Colombia entera.

Inclusive, los políticos presos por corrupción, por crímenes, por haberse hurtado los dineros de los alimentos de los niños, por saquear hospitales, los implicados en Odebrecht, en el cartel de la Toga, Agro Ingreso Seguro, Transmilenio- Calle 26, Interbolsa, Saludcoop y Reficar, tienen familiares inscritos como candidatos.

Cobra -nuevamente- vigencia la célebre frase del escritor irlandés George Bernard Shaw (1856-1950), cuando manifestó que “la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente”.

Los casos de corrupción en todas las ramas del poder público en los municipios, en los departamentos y en la nación son aberrantes. Se estima que cada año el país pierde cerca de 50 billones de pesos por este delito. Hay sobrecostos en los programas de alimentación escolar, salud pública, vivienda y prevención, son tan descarados los funcionarios públicos que se asocian con la empresa privada para delinquir.

En cambio, a los congresistas, gobernadores, alcaldes y funcionarios que condenan, pagan solo uno o tres años de cárcel y luego salen campantes a seguir delinquiendo con sus hijos, sus esposas o esposos, sobrinos, tíos, hermanos o nietos. De estos ejemplos hay muchos en el país.

Inclusive hay muchos políticos presos y seriamente cuestionados e implicados en el tema de la corrupción que ya están listos para asistir al próximo debate electoral con sus familiares.

En Colombia, aunque se pregona democracia, lo que realmente vivimos como sistema de gobierno es muy parecido a una Monarquía; sencillamente, porque la forma de gobierno en la que se ejerce el poder reside en unas familias. Solo hay que mirar la historia y encontramos a los Santos, Vargas, López, Gaviria, Samper, Galán y en la región a los Araujo, Gnecco, Monsalvo, Quintero Romero, Ovalle, Cuello Dávila, Castro y los Muvdi.

Los “cambios generacionales” para estos políticos son hereditarios, hay muchos ejemplos, pero mis consejeros periodísticos Tío Chiro y Tío Nan recuerdan unos, que van de abuelos a hijos y nietos como Manuel Germán Cuello, Aníbal Martínez Zuleta, Lucas Gnecco Cerchar, Adalberto Ovalle Muñoz, Álvaro Araujo Noguera y Pedro Muvdi.

Incluso, solo seis familias han ejercido el poder en los últimos cuarenta años (aproximadamente) de manera directa e indirecta en el Cesar: los Castro, Cuello, Araujo, Gnecco, Muñoz, Ovalle y un conglomerado del sur y norte del Cesar conocido como el “Clan del Chance”.
Pero no solo en el Congreso de la República se aplica el adagio que son “los mismos con las mismas”, también en los cargos de designación por el Presidente de la República, el poder judicial y el poder público.

Muchos políticos que terminan sus mandatos por elección y otros en cargos temporales ascienden tan velozmente que uno ni se da cuenta, aunque contra ellos halla investigaciones por malversación de fondos y son acusados de delitos contra la administración pública. Hay casos como el exalcalde de Chiriguaná, Gustavo Enrique Aroca Dagil, quien terminó su mandato lleno de cuestionamientos y se acaba de posesionar como nuevo Superintendente Delegado de Notariado y Registro. Hasta la próxima semana.