La imperiosa necesidad de sostener el modelo económico dominante-expansionista que prevalece en el mundo y con ello la urgencia de proveerse de algunas materias primas, escasas en el mundo desarrollado, lanzó a muchos de estos países, con sus empresas transnacionales, a la búsqueda de recursos minero-energéticos y agrícolas. ¡Latinoamérica estaba a la vista! A pesar del saqueo de más de 5 siglos, la región sigue alojando enormes recursos de todo tipo y Colombia está entre los mejor dotados por la naturaleza.

¡Vaya maleficio! podríamos decir, porque lejos de aprovechar las ventajas naturales en beneficio de los habitantes, legítimos dueños de esa riqueza, lo que viene ocurriendo es una devastación ecológica y social con despojo y destrucción de la vida misma, todo en el marco de un modelo económico autocrático que ignora y desprecia la opinión ciudadana y considera la tierra y los recursos naturales como la clave de un desarrollo que solo beneficia a los inversionistas –en su mayoría extranjeros- y a unos cuantos contratistas y empleados en las actividades mineras. El extractivismo utiliza mano de obra barata, genera muy poco empleo calificado y transfiere muy poca tecnología. Somos socios de segunda categoría.

De las regalías, ni hablar, son la medida exacta del mal negocio que hace el país con las empresas mineras. Sorprenden los analistas que usan las cifras escuetas y las magnifican para mostrarlas como generosas; son ciertamente cifras altas frente a los magros presupuestos de muchos municipios pero insignificantes si se les compara con el enorme valor del recurso que extraen y por el cual nada pagan; las regalías equivalen al impuesto por el derecho a explotar el carbón.

Por el desastre ambiental no hay compensación, tampoco por los daños a la salud de los ciudadanos y menos por el terrible desplazamiento al que han forzado a muchas comunidades en La Guajira y en el Cesar.

Las cifras y los informes que corroboran estas fatalidades son difundidas con frecuencia, expuestas por reputados analistas y conocidas por las víctimas de esta estafa ambiental, económica y social.

No hace falta mostrarlas, pero sí conviene repetir que los pueblos ubicados sobre el corredor minero-carbonífero de la región Guajira-Cesar, son ahora más pobres, más enfermos, su hábitat está severamente lesionado y su tejido social afectado por los vicios propios de estas falsas bonanzas, prostitución infantil, drogadicción, alcoholismo y delincuencia. Un panorama doloroso y preocupante.

Ante la proximidad del fin del conflicto armado hay que pensar en que otro país tiene que ser posible con otro modelo de desarrollo y con otra mirada a la naturaleza. Se impone el bienestar colectivo en democracia. Ese es el desafío