Alrededor de 250 indígenas Wayuu fueron asesinados por los paramilitares que delinquieron en el departamento de La Guajira durante una década de conflicto que generó un desequilibrio en la cosmogonía de este etnia, aunque hoy está un poco más alejada de la violencia sigue padeciendo por armas igual o más devastadoras, la hambruna y la falta de agua.
Los Wayuu representan cerca del ocho por ciento de la población del estado de Zulia en Venezuela y cerca del 45 por ciento de La Guajira en Colombia. Los 20 resguardos indígenas del pueblo Wayuu se encuentran traslapados parcial y totalmente a la jurisdicción de ocho municipios de La Guajira, departamento que por su posición estratégica en el mapa se convirtió en un fortín para la ilegalidad donde se asentaron grupos armados que llegaron como una maldición para los nativos.
A partir del año 2002 doce clanes de esta etnia pusieron el mayor número de víctimas fatales en la embestida del frente ‘Contrainsurgencia Wayuu’ del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, creado con 450 paramilitares para contrarrestar a la guerrilla “supuestamente apoyada por los wayuu”.
Cada uno de estos clanes se encuentra representado por un grupo de tíos maternos, los cuales de acuerdo con los procesos de interrelación, prestigio y reconocimientos basados en alianzas, dan forma a la figura del palabrero o putchiipu / putchejana, que promueve la solución de los conflictos entre clanes.

Pero ni las palabras de los sabios lograron frenar a los Uchii (pájaros de mal agüero, o pájaros del mal) como llamaban a los paramilitares, cuyo objetivo era quedarse con el control de los puertos naturales sobre el mar Caribe y de la frontera con Venezuela en los corredores para el transporte de cocaína, tropas, armas, dinero, gasolina y sicarios a su servicio.
La incursión paramilitar generó tensiones que intentaron frenar algunos clanes que defendieron con armas sus rancherías y territorios ancestrales, en una guerra desigual en la que el frente ‘Contrainsurgencia Wayuu’ se repartió en cinco grupos sobre el territorio indígena: Los Escorpiones, Los Buitres, Los Centauros, Los Halcones y Las Águilas, verdaderos escuadrones de la muerte. Como si fuera poco en el otro bando estaban las guerrillas de las Farc y Eln que acusaban a los indígenas de ser paramilitares.
Desde mucho tiempo atrás en La Guajira han existido los ejércitos privados -ejércitos de mercenarios contratados por grandes contrabandistas de la zona y grupos de indígenas armados que buscaban proteger sus propias mercancías, los que fueron por mucho tiempo, actores generadores de violencia en la península-. Es así como se luego llegaron los grupos armados ilegales como “guerrillas y paramilitares”, que adquirieron relevancia nacional desde la década de los ochenta hasta principios de 2006.
Sin embargo, la llegada de los paramilitares marcó el inicio de masacres como la del municipio de Villanueva, perpetrada el 8 de diciembre de 1998 por hombres de ‘Jorge 40’ que asesinaron a 12 personas en los barrios El Cafetal y San Luis. Otra de las agrupaciones de autodefensas que hizo presencia en la zona es la organización de Chema Balas, quien se disputó con el bloque Norte el control de los sitios estratégico para el envío de cargamentos de cocaína al exterior y una de las consecuencias de esta disputa fue la masacre de Bahía Portete, ocurrida en abril de 2004.

De acuerdo con versiones de organizaciones de derechos humanos y comunidades Wayuu, después de la desmovilización paramilitar propiciada por la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), siguieron los asesinatos de miembros de estas comunidades; unos por denunciar, otros por pedir a los ‘paras’ el favor de retirarse de los cementerios ancestrales o pedir permiso para hacer sus prácticas de velorio y en los casos más insólitos por el solo hecho de generar sospechas al hablar la lengua nativa, el wayuunaiki.
Como rasgo relevante de esta comunidad, la división sexual del trabajo en tiempos de guerra de los Wayuu instituye que las mujeres son intocables, no pueden ser víctima de agresiones y son las encargadas de recoger a los heridos y comunicarse con el exterior.
“Los paramilitares entendieron el rol central de la mujer wayuu dentro de su comunidad y a través de dotes más altos y del mestizaje, lograron colonizar algunos territorios. Utilizando valores, preceptos y prácticas propias de la etnia, el paramilitarismo logró en varias oportunidades aprovecharse de la cultura Wayuu para promover sus propios intereses de expansión y control”, dice uno de los apartes de la sentencia emitida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, contra el exparamilitar Ferney Alberto Argumedo Torres, alias ‘Mata Tigre’ que fue uno de los mercenarios que delinquió en la Alta Guajira.

Almas en pena
El wayuu tras la muerte cree que el alma del ser va a Jepirá –Cabo De la Vela-, lugar de felicidad donde se descansa hasta que le celebren el segundo velorio -los restos son exhumados para llevarlos un sitio definitivo, y según ellos en este momento es cuando el espíritu del muerto toma el camino hacia la eternidad-. Los wayuu no permiten dentro de sus costumbres que se les practique necropsia a los cuerpos de sus familiares muertos, las mujeres son quienes toman la vocería y autoridad para buscar el cadáver y en los velorios hacen un ritual donde ellas se tapan el rostro con un pañuelo, mientras lloran entonando con su llanto unos clamores o cantos, y se turnan con los hombres quienes se acercan al cuerpo del muerto y tapan su rostro con un pañuelo más pequeño que el de la mujer o con un sombrero. Durante el velorio sacrifican animales, preparan gran cantidad de alimentos que le brindan a los asistentes en este evento, ingieren licor, y mientras unos conversan, otros juegan dominó.
En la sentencia de alias ‘Mata Tigre’ que recibirá la pena alternativa de ocho años de prisión que estipula la justicia transicional a los desmovilizados de las Auc, hay un documento producido y autorizado a instancias de los jefes de clanes wayuu Ipuana de Irruwalu, Epinayú de Campamento, Uriana de Kochoterramana; Jusayú de Maashou, Gouriyu de Tuctu; y Pushaina de Riohacha, afectados por las acciones criminales de este exparamilitar y en el que exponen las consideraciones culturales colectivas encaminadas a la propuesta de reparación integral.
“Cuando se tiene un pariente muerto, todos los miembros del clan asumen el conjunto de responsabilidades físicas y espirituales para acompañar el desarrollo del primer y segundo entierro de ese pariente y ayudar –entre todos- a que su espíritu se traslade hacia Jepirá (lugar donde descansan cierto tiempo las almas wayuu), y luego – a través del segundo entierro-a que su espíritu se traslade por el Jupuna Wayuu Ouktusu (camino de los wayuu muertos), hacia el cielo, para poder regresar al territorio en forma de lluvia”, dice el documento.
Los líderes indígenas explican que cuando no se hace segundo entierro de un pariente materno (que consiste en exhumar al difunto entre seis y siete años después del primer entierro para trasladarlo a un osario principal donde se encuentran los huesos de sus parientes de clan), la comunidad se debilita, pierde importancia, pierde fuerza y comienza a decaer; y a la vez, los espíritus Wayuu errantes Yoruja o Wanuluu (almas de Wayuu que quedaron esperando el segundo entierro de sus huesos), comenzarán a traer enfermedades, desgracias, pérdida de animales y cantidad de tragedias para los clanes: deja de llover, hay hambruna, y ocurren los conflictos con vecinos y aliados de una manera ilógica.
Los jefes Wayuu aseguran que cuando llegaron los paramilitares muchos clanes y sus redes de parientes perdieron bienestar integral y se afectaron practicas integrales de vida clanil: los Jayeechis (cantores), las Out´s (médicos tradicionales) y los Araurayu (tíos maternos) dejaron de circular por el territorio; la distribución de la carne de animales entre vecinos se suspendió; las visitas de viejo a viejo wayuu para ahondar en los sueños y en las historias claniles se perdieron; y lo más fatal: tuvieron que dejarse de hacer los segundos entierros de los parientes, posponiendo un deber espiritual y dejando en albedrío numerosos espíritus de los Wayuu muertos o condenándolos a la vida errante y al consecuente ambiente de malestar para el territorio.
Isabel Pushaina, del clan de los Ipuana de Irruwalu tuvo que esperar dos días para que un paramilitar accediera a permitirle a esta mujer recoger a su hijo muerto, de Lorenzo Antonio Pushaina Ipuana, asesinado por las balas del frente ‘Contrainsurgencia Wayuu de las AUC’. Con la dignidad y el deber espiritual que le acompañan desde siempre, Isabel esperó paciente para poder acceder al territorio, convencer al paramilitar y cargar su muerto (cuya carne se deshacía entre sus manos) y rodeada de gallinazos que revoloteaban y peleaban por quitarle partes del cuerpo de su hijo, su heredero de carne y de sangre de acuerdo con la espiritualidad wayuu.
A Francisco Javier Ávila Boscán, miembro del clan de los Epinayú de Campamento, lo secuestraron y desaparecieron en el año 2003 miembros del frente Contrainsurgencia Wayuu. Las mujeres y tíos maternos de su clan siguen a la espera de alguna señal, alguna versión, algún mensaje, que les permita llegar a encontrar sus restos óseos para reintegrarlo a su Amaka.

Por casos como estos los jefes de los clanes afectados indicaron al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que por la violencia paramilitar fueron muchas las almas que hoy siguen clamando a través de los sueños a sus parientes, la urgencia de ser sacados de los cementerios temporales que fueron abandonados debido a la presencia de grupos armados y entrar al Amaka (cementerio principal) para poder regresar al territorio en forma de lluvia y brindar bienestar a sus redes de parientes que no murieron por las balas pero que hoy padecen por la falta de agua.

Disculpas públicas 

En la condena que los magistrados de Justicia y Paz impusieron a Ferney Alberto Argumedo Torres, alias ‘Mata Tigre’, como uno de los más sanguinarios hombre del frente ‘Contraninsurgencia Wayuu’, se establece que en los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia debe hacer disculpas públicas en Riohacha, capital de La Guajira, y como  medida de satisfacción para la comunidad indígena Wayuu el fallo debe ser traducido y leído  en su lengua nativa, el wayuunaiki.
Por Martín Elías Mendoza / EL PILÓN