La Universidad Popular del Cesar, UPC, es una víctima en el marco del conflicto armado y social reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, en el marco de una política generalizada y sistemática contra las instituciones de educación superior conforme está documentado en la investigación ‘La tierra se quedó sin su canto’, tomo II, (CNMH, 2022), entre otras investigaciones. 

Al analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar se podría plantear la hipótesis de un crimen de lesa humanidad.

LA UPC: ¿CRIMEN DE LESA HUMANIDAD?

Para defender la hipótesis planteada acudimos a algunos conceptos del jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Reinaldo Villalba, donde ilustra las condiciones de generalidad y sistematicidad:

“Los requisitos que establece el derecho internacional se fundamentan en el Estatuto de Roma por el que se orienta la Corte Penal Internacional y habla de la sistematicidad, de la existencia de una política dirigida a cometer determinadas conductas […]”. (Fuentes, 2020, p. 101).

La generalidad se evidencia con la repetición de hechos que en su conjunto configuran una masividad del evento: los documentos ‘Semillas de la UPC’ y ‘Cápsula de memoria’ caracterizan 9 asesinatos de la comunidad universitaria a manos de mercenarios al servicio del Estado entre 1987 y 2004.

“La otra característica es que vaya dirigida contra un sector o una población particular de la sociedad […] con el conocimiento de las autoridades que no tomaron las medidas para prevenir la sistematicidad y los asesinatos a estos, además de no tomar medidas para identificar, investigar y sancionar a los responsables. La sistematicidad en términos jurídicos y penales hace referencia a que detrás de un hecho o de varios hechos ha existido una política que se evidencia al estudiar el contexto de lo ocurrido”. (Fuentes, 2020, p. 102).

Villalba enmarca la sistematicidad y generalidad en lo que denomina ‘Terrorismo de Estado’: “… y es esa alianza entre Estado y paramilitares para asesinar a quien consideraran un estorbo, para asesinar a los críticos, a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a los periodistas que no fueran de su agrado por el tipo de trabajo que realizaban”. en (Fuentes, 2020, p.102).

“El Mercenarismo es una expresión del Terrorismo de Estado, de acuerdo con Villalba. La generalidad es el Terrorismo y lo especifico el Mercenarismo […]”. 

Este sistema se impuso en las universidades públicas del Caribe colombiano donde la autonomía universitaria desapareció, los órganos de dirección pasaron a depender directamente de estructuras paramilitares que entonces elegían directa y arbitrariamente rectores y otros funcionarios de alto nivel. En consecuencia, implementando prácticas de señoríos y/o patronaje en la universidad y que se materializan en las relaciones y la interacción de sus actores políticos y sociales.

Además del control del poder, se cooptó la academia, los centros de pensamiento y la producción de conocimiento vulnerando la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. En suma, se configuró una estrategia de Mercenarismo de Estado que justificó el asesinato de sujetos desviados del orden social impuesto.

“Con el surgimiento, conformación e incursión del Bloque Norte se dan distintos ejercicios de control territorial. Los grupos paramilitares planteaban un discurso de carácter anti insurgente, con el objetivo de señalar a quien se considerara guerrillero, de izquierda, crítico o subversivo. En esa medida, los ejercicios de control sobre distintos territorios y territorialidades, pasaba por la persecución y exterminio de todo individuo o colectivo que se saliera del discurso subjetivo que imponía. Con el ingreso del Bloque Norte a Valledupar también comienzan las estrategias de persecución a organizaciones, como sindicatos, asociaciones de estudiantes, líderes y lideresas sociales, entre otros”. (CNMH 2022, pp. 194 – 195).

La captura institucional por parte del Mercenarismo de Estado posibilitó la connivencia con los administradores de la UPC y a partir de ahí estuvieron dadas las condiciones para arremeter contra estudiantes y profesores en un periodo que se puede estudiar en la larga duración. 

Hay suficiente evidencia de cinco periodos de violencia impuesta al Sujeto de Reparación Colectiva, UPC, a partir de la periodización propuesta por el Comité de Impulso de Reparación Colectiva de la Universidad Popular del Cesar (Hacemos Memoria, 2018) quienes reseñaron cuatro fases consecutivas de afectaciones que son complementadas y ajustadas en este estudio de caso: en un primer momento entre 1987 y 1993 fueron asesinados tres miembros de la comunidad universitaria, además de amenazas, desplazamientos y exilio. La segunda entre 1994 y 1998 con implicaciones en el movimiento estudiantil con el asesinato de tres de sus líderes. En un tercer momento, entre 1999 y 2001, los profesores con participación activa en las actividades sindicales se convirtieron en el objetivo. En un cuarto período, entre 2002 y 2006, se consolidó el Mercenarismo de Estado estableciendo un paragobierno. (Hacemos Memoria, 2018). Como consecuencia de los anteriores periodos, la UPC vive un quinto periodo entre 2007 y 2022 denominado por los medios de comunicación como ‘crisis institucional’. Se habla de un resurgir, pero será objeto de otros análisis. 

ESTIGMATIZACIÓN AL PENSAMIENTO DIVERGENTE (1987 – 1993)

El sábado 26 de junio de 1987 fue asesinato el abogado José Francisco Ramírez Torres. Ramírez Torres fungía como presidente de Asonal Judicial en el Cesar, era profesor de la UPC y había presidido las negociaciones del Paro del Nororiente, conforme está documentado, entre otros, en el artículo de prensa ‘Sus ideales políticos lo condujeron a la muerte’ publicado en El Diario Vallenato, (junio de 1987, p. 3).

“El Paro del Nororiente fue una movilización masiva originada en 1987 en Ocaña, Norte de Santander, que involucró a otros departamentos, como Santander y Cesar. En este último la movilización logró paralizar por varios días los sectores cercanos a la Plaza Alfonso López. A partir de organizaciones que se movilizaron desde el sur del departamento hasta Valledupar, el paro se convirtió en una oportunidad para articular distintas fuerzas inconformes por situaciones económicas, políticas y sociales que afectaban a diferentes grupos sociales en el departamento. La UPC hizo parte de dicha coyuntura, y un sector significativo de sus estudiantes y profesores participaron en la toma de la plaza Alfonso López, el centro político administrativo de la ciudad. Desde ese momento, la universidad se vio asociada a discursos y a grupos de izquierda, y se asoció a grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a que no se logró demostrar la participación de estos en la organización o desarrollo del paro”. (CNMH, 2022, p. 196).

El 13 de marzo de 1991 la víctima fue el médico José David López Terán, profesor de la UPC, miembro de la Alianza Democrática M-19, dos sicarios le dispararon cuando salía de su casa en Valledupar. En abril de 1993, en pleno Festival Vallenato, en el que solía participar como compositor, fue asesinado Julio Díaz Martínez, estudiante de la UPC, dirigente sindical de la salud y líder barrial. Estos asesinatos cierran un primer ciclo de violencia para dar paso a un segundo periodo.

LAS AUC EN LA UPC ENTRE 1994 – 1998

Las fuerzas ilegales en asocio con las legales van a cercenar las movilizaciones y reclamaciones sociales activas hasta el Paro Cívico del Nororiente. Los líderes sociales y voceros de movimientos políticos alternativos en adelante van a ser víctimas de prácticas del Mercenarismo de Estado: violencia, exterminio, persecución, asesinatos selectivos, desplazamientos, exilios y silenciamientos, entre otras. En 1997 irrumpen en el territorio las AUC. (Fuentes, 2020, pp. 71-72).

“Posterior al Paro del Nororiente, la UPC estableció la elección popular del rector como uno de sus ejes participativos. No obstante, estas circunstancias propiciaron una división interna en el claustro que implicó a los sectores políticos e ideológicos de los estudiantes y profesores, así como la influencia de externos para postular o imponer candidatos de su preferencia. Este fue uno de los puntos estratégicos de entrada del Bloque Norte a las dinámicas del interior de la UPC. Además de la posibilidad de financiación al grupo armado a partir de los dineros de la educación, la apuesta antisubversiva también motivó la infiltración, el control directo sobre el campus y el ejercicio de estrategias de terror, tales como el homicidio, las amenazas y el desplazamiento forzado, las cuales terminarían quebrando de manera permanente el tejido social previamente construido por la comunidad universitaria”. (CNMH, 2022, p. 198).

LA DEGRADACIÓN DE LA UPC ENTRE 1999 Y 2001

Este es un periodo degradante para la institucionalidad de la Universidad Popular del Cesar donde se rompe el Estado Social de Derecho y se quebrantan las normas democráticas a partir de la imposición del Necropoder y/o la decisión de quién vive y quién muere a manos de mercenarios al servicio del Estado.

“La muerte de José Alfredo Cuello, Elizabeth Córdoba Uliana y Rosilda Arias significó el inicio de la ola de violencia que el Bloque Norte ejerció sobre la UPC. Esto también derivó en amenazas y desplazamientos forzados de estudiantes y profesores. Además, es posible que desde ese momento el Bloque comenzó a incidir en la elección de nuevos rectores, así como en el manejo de las finanzas de la universidad por medio de sus candidatos. En estos cuatro años, aproximadamente, al interior de la universidad se fueron generando grandes inconformidades, en particular con la administración de Roberto Daza, y con el ingreso de los paramilitares al campus, profirieron amenazas contra estamentos críticos de la situación que atravesaba la universidad. El profesor Miguel Ángel Vargas Zapata, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) de la seccional Cesar, encabezó un proceso de denuncia contra Roberto Daza por presuntos hechos de corrupción y por permitir la presencia de grupos de choque al interior del campus, al parecer asociados con estructuras paramilitares. El 16 de mayo de 2001, a las entradas de la UPC, Vargas Zapata es asesinado, determinándose con posterioridad que los responsables fueron paramilitares”. (CNMH, 2022, p. 199).

“El homicidio del profesor Vargas daría paso a otros ocurridos en la comunidad universitaria de la UPC. Posterior a la muerte de Miguel Ángel Vargas, es asesinado el profesor Luis José Mendoza Manjarrez. El 22 de octubre de 2001, mientras el docente salía de dictar clase fue abordado por cuatro hombres armados en dos motos y fue asesinado. El caso de Mendoza es similar al del profesor Vargas, ya que se venían presentando amenazas por su labor al interior de ASPU, su lucha contra el control del Bloque Norte y por estar al tanto de las denuncias que se estaban haciendo en ese momento por la corrupción en la rectoría. El caso parece ser el mismo, en la medida en que todo comienza con amenazas. Incluso, el profesor Luis Mendoza alcanzó a salir varias veces de Valledupar para proteger su vida”. (CNMH, 2022, p. 203).

El artículo titulado ‘Las lápidas de la UPC’ del periodista Martín Elías Mendoza publicado en el periódico El Pilón (10 de abril de 2016) hace un recuento de los hechos.

LA MALDICIÓN DE LA UPC 

Se desprende de este estudio de caso un quinto periodo, poco estudiado, comprendido entre el año 2007 y 2022 en donde como consecuencia de la implementación de una política de Mercenarismo de Estado; la Universidad Popular del Cesar, UPC, logra los niveles más bajos de calidad educativa ubicándose entre las peores universidades del país con una crisis económica e institucional inmersa en disputas politiqueras por el presupuesto como lo fue el ‘botín de guerra’ para los grupos mercenarios que terminó rompiendo las relaciones con la clase dominante o sus financistas: La maldición de la UPC.

El periodo al que hacemos referencia está suficientemente documentado por el periódico EL PILÓN en diferentes trabajos que dan cuenta de una ‘crisis institucional’ en la ‘alma mater’. Un tema que trascendió a la esfera nacional al convertirse en parte de la agenda de EL ESPECTADOR y EL TIEMPO:

“Las tragedias educativas no pueden quedarse en escándalos sectorizados. Si bien la UPC, en sus sedes de Valledupar y Aguachica, tiene influencia sobre todo en el departamento del Cesar, sus estudiantes y docentes están pidiendo la intervención nacional y la solidaridad del resto del país. Sus peticiones merecen que el debate trascienda la politiquería que tiene a la institución en tantos problemas. […]siete rectores en los últimos cinco años, desorden administrativo, un déficit fiscal de miles de millones, salarios sin pagar a los docentes, contratos precarios e instalaciones insuficientes para garantizar la dignidad en la educación”. (EL ESPECTADOR, 23 de abril de 2022). 

“La crisis institucional por la que atraviesa este centro universitario viene desde años anteriores. Un panorama que ha ido adquiriendo diversos matices en el que han salido a relucir denuncias y controversias entre directivos, docentes y estudiantes”. (EL TIEMPO, 21 de abril de 2022). 

En general se evidencia una práctica sistemática y generalizada en contra del sujeto y/o colectivo político con pensamiento crítico a través de una política de Mercenarismo de Estado. Además de estas víctimas, falta documentación sobre docentes y estudiantes que optaron por el exilio, pero que nunca denunciaron ni dieron a conocer hechos victimizantes para evitar ser localizados debido a la desconfianza en la institucionalidad y la instrumentalización del Estado mediante lo que se conoció como PARA-ESTADO.

A partir de los documentos consultados se infiere que en los casos en su conjunto hay impunidad. Es pertinente realizar ejercicios que permitan la construcción de narrativas de otras verdades y memorias alejadas del carácter y la versión institucional sobre el conflicto armado y social en el departamento del Cesar.

Uno de los propósitos del Mercenarismo de Estado es infundir miedo para por esta vía silenciar a los sujetos y/o colectivos; hoy los familiares de las víctimas se resisten a contar su verdad y es pertinente la construcción de otras memorias que posibiliten otras verdades como manera de tramitar el dolor y construir nuevos repertorios llenos de verdades para, por esta vía, avanzar en verdades, justicias, reparaciones, perdones y compromisos de no repetición en el marco de los acuerdos de paz. (Apartes de un estudio de caso inédito).

POR HAMILTON FUENTES/ESPECIAL PARA EL PILÓN