En el Programa de gobierno del Presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista“. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba. 

Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el Departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo. En efecto, el 4 de febrero de 2021 Prodeco le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM). Esta decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos. 

Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la pérdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas, las que el resto del mundo no está dejando de consumir, cuya demanda alcanzó un nuevo récord de 8.500 millones de toneladas en 2023, pues lo suministran otros. Nos estamos quedando, entonces, con el pecado y sin la gracia, porque con tal decisión no estamos contribuyendo a la descarbonización. 

El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado Piloto Distrito minero especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor. 

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático más con el rimbombante nombre de Ecominerales, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar. No es un secreto para nadie que esta es una mala hora para la minería.

La hostilidad hacia la actividad extractiva, se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente, el 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al Departamento de Antioquia, que se revirtió. Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aun tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector. 

Por: Amylkar D. Acosta M.