Las balas silenciaron pensamientos, familias enteras fueron obligados a salir de sus territorios, y hasta la muerte llegó a distintas comunidades indígenas a manos de grupos ilegales. En el Cesar y La Guajira, los colectivos étnicos han ido recuperando ese espacio perdido, al ser reconocidos como víctimas del conflicto armado.
El proceso de recuperación consiste en la denuncia, investigación y documentación de pruebas por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, que luego pasan a los juzgados civiles del circuito en búsqueda de un reconocimiento jurídico.
A través de la Dirección de Asuntos Étnicos, ya son 12 casos de pueblos como yukpa, arhuaco, kankuamo, wiwa, kogui, chimila, entre otros reconocidos en la Sentencia T-025 de 2004 y su auto 004 de 2009, que ordenó al Gobierno Nacional formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y desplazamiento forzado, recepcionados en Valledupar.
