Por: Luis Rafael Nieto Pardo
Defensor público

[email protected]

En la década de los noventa, con la complacencia del poder central tendiente a acabar con el apogeo que adquirió la guerrilla, de permitir el resurgimiento y fortalecimiento de las fuerzas de extrema derecha, las cuales dieron al traste con la seguridad del país; que han sido de tal incidencia que han sido incapaces de controlar su accionar delictivo.
Es así, como se ha dictado un glosario de normas con vigencia efímera, con medidas drásticas que no tienen un respaldo serio en la realidad del país, de tal suerte que hacen presagiar de inmediato su pronta revocatoria; y todo por no existir una verdadera política carcelaria de resocialización; y en conclusión, terminaremos de nuevo incrementando los beneficios de excarcelaciones, dispositivos electrónicos (que nada controlan) y etc, etc…

Y si no, para la muestra un botón: apenas en enero de 2008, con bombos y platillos fue promulgada la nueva ley 1153 de 2007 (ley de pequeñas causas), anunciada como la panacea o el remedio del siglo para acabar con la delincuencia de poca monta y meter en cintura a todos los “rateritos” de celulares, de computadores portátiles, de areticos, jíbaros de pequeñas cantidades, etc.  Pero pasada la eufórica inauguración y apenas ocho meses después, el 11 de septiembre de 2008, la Corte Constitucional resolvió que la ley 1153 era inexequible, porque con ella se había regulado un tratamiento especifico de conductas que consideró como contravenciones, pero sin desligarlas de su naturaleza penal.
Para tomar tan importante y contundente determinación, la Corte Constitucional revisó y analizó los cargos contenidos en muchas demandas de inexequibilidad,  que acusaban a la temible Ley de vulnerar el principio de juez natural (después hablaremos de eso), y de los derechos a la igualdad y al debido proceso; y fue entonces, cuando los magistrados constitucionalistas decidieron retirarla del ordenamiento jurídico. En concreto, las conductas que la Ley 1153 de 2007 denominó “pequeñas causas”, seguían y continúan siendo conductas delictuales, así de sencillo.

Por lo tanto, la competencia para adelantar su investigación no se le podía asignar a la policía, sino que, por el contrario, su investigación debía conservarla la Fiscalía General de la Nación, encargada por mandato constitucional de la investigación de los delitos.

Y es que desde sus primeros pasos, esta Ley soportó severas críticas, y para su ejército de contradictores se resaltó que se hicieron importantes concesiones en materia de garantías fundamentales de las personas juzgadas mediante el sistema de pequeñas causas, con la excusa de descongestionar la justicia ordinaria.

Lo que más nos llama la atención, y de allí que hablemos de improvisación, es que en aquella oportunidad, y una vez implementada la Ley, fue el mismo Consejo Superior de la Judicatura, la entidad que alertó sobre la desinformación que existía en cuanto a los nuevos procedimientos adoptados, y -sobre todo-, alertó sobre la falta de presupuesto para financiar los cambios requeridos para poner en marcha el nuevo sistema.

Pero ahora, en una nueva muestra de desespero, improvisación y de patadas de ahogado, y ante la cada vez más creciente ola de inseguridad y de impotencia ante el accionar delictivo, producto de la corrupta herencia dejada por el insaciable antecesor del santo, vuelve el mono a la vara, parece que con buenos propósitos, pero con la misma falta de recursos, de nuevo, con más bombos que “platilla”, se anuncia, se crea y se promulga la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que ya entró en operación desde el pasado 24 de junio.  Nos atrevemos a decir que más del 80% de los colombianos desconoce su existencia.  Todo como en el cuento del gallo capón.

Muchas felicidades en su cumpleaños a mi querida esposa y compañera Betty.