Por más que se presenten siniestros que pongan en riesgo la pérdida de vidas, el Gobierno Nacional siempre le apretará la cintura a los profesionales diseñadores y constructores, a través de más normas sismoresistentes, revisión de la revisión de cálculos estructurales, supervisiones técnicas con todo tipo de inhabilidades e incompatibilidades y a los curadores urbanos a quienes se les han imputado continuos actos de corrupción sin que estos se hayan podido comprobar en caso alguno, porque es política estatal no entrar en choque con la autonomía municipal, y bajo este pretexto se esconden a los verdaderos responsables de controlar el riesgo en defensa del derecho a la vida, que le corresponde a todo ser humano, pues si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales.

Si analizamos detenidamente la ley de Vivienda Segura, creada para generar medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones, el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos y el establecimiento de otras funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro, observamos que el Congreso no mencionó en ningún artículo medidas atinentes a la responsabilidad de los alcaldes en el cumplimiento de sus funciones de control de las edificaciones en el país, ya que por medio del nuevo Código de Policía le había trasladado la responsabilidad del control urbano a los inspectores de policías de los municipios, como si estos no dependieran de la Secretaría de Gobierno y esta asimismo del alcalde, quienes han compartido la omisión de la aplicación sistemática de la ley para castigar las conductas contrarias a la integridad urbanística.
La vivienda y todas las construcciones, siempre serán inseguras por la incapacidad del Estado de proteger los procesos constructivos con idoneidad y seriedad, a través de los alcaldes, puesto que para nadie es un secreto, que todos los desplomes de edificaciones han sido de responsabilidad compartida con las alcaldías, quienes han llevado esta función a punta de corrupción administrativa a la vista de todos y las personas afectadas, por más que hayan vinculado a los municipios en los procesos judiciales para reparación directa, los jueces siempre han subestimado tal pretensión, quedando claro, que contra este flagelo no hay quién pueda, porque el ejercicio de control urbano es el negocio más rentable que las alcaldías hayan tenido jamás.

De ahí que, con la creación de normas y más normas sismoresistentes, con acorralar a los curadores y con el nombramiento continuo de inspectores de policía, no se solucionará el problema de la edificación insegura, si no se descentralizan estas funciones, creando entidades autónomas en el ejercicio de control urbano, por medio de concursos y aunque estos también sean permeables, por lo menos se despolitizaría esa actividad y se producirían verdaderos controles en defensa de la seguridad de las construcciones en este país, así como se despolitizaron otros cargos por medio de la colaboración de particulares que hoy ejercen funciones públicas.